Por Víctor Thompson*
Tratar de entender y hasta analizar las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico bajo nociones de doctrina es todo lo contrario a descubrir y describir como la Rama Judicial actúa como poder político y en el caso de Puerto Rico politiquero y partidista.
Las contradicciones del Tribunal son tantas y tantas y tan seguidas que ya parece una broma de mal gusto hablar sobre la independencia judicial.
La distinción en los resultados no depende de un análisis complejo. Jueces PPD votan a favor de decisiones PPD y en contra de decisiones PNP y los PNP hacen lo mismo. No hay nada más que analizar.
¿No ocurrió básicamente lo mismo con la “doctrina” “ambientalista” cuando los casos de la Ruta 66?
Lo mejor que tiene Puerto Rico es que el partidismo y sus efectos democráticos son evidentes.
Decir que doctrinas judiciales van por encima de las consecuencias naturales de las decisiones electorales es una ficción que se ha tratado de importar de otra(s) cultura(s) política(s)/jurídica(s) sin éxito.
La realidad es que incluso en aquella(s) cultura(s) donde esa ficción opera de manera más exitosa de todas maneras hay unas tendencias anti-democráticas incuestionables.
La separación efectiva de poderes depende del momento histórico, la cultura política tradicional y las circunstancias.
Una cultura liberal democrática bien arraigada sufrirá los desvíos electorales y judiciales durante algunos períodos pero se auto-corregirá por la presión tanto del pueblo como de las élites.
Los tribunales activistas pueden ser pro o anti-liberales pero cuando van en contra de la legislatura son siempre anti-democráticos. Ser anti-democrático no es una virtud sino se contribuye a garantizar libertades que fomenten la democracia.
Sacar las discusiones del ámbito de la democracia siempre es peligroso. Las libertades sostenidas por fiat jurídico en vez de por cultura política rara vez persisten.
Cuando las decisiones tratan de presupuestos el espacio para el control judicial es controvertible. Los empleados públicos no son meros trabajadores. Mucho menos en un país donde son una proporción tan grande de la fuerza laboral.
El control judicial por un lado, igual que los referendos-iniciativas por otro, pueden hacer la labor fiscal legislativa una disfuncional.
Lo mejor que podría hacer el Tribunal Supremo de Puerto Rico, antes de seguir su intromisión partidista en asuntos fiscales, es reconocer simplemente el carácter de cuestión política en estos asuntos. Al menos así serían por lo menos consecuentes e intelectualmente honestos.
* El autor es abogado y tiene 10 años de experiencia como ayudante legislativo.
