Por redacción de Sin Comillas

En solo cuatro meses, si las ayudas federales y estatales no llegan a las familias que lo necesitan, la crisis del Covid-19 podría aumentar la tasa de pobreza infantil hasta 8 puntos porcentuales, de 58% a 65%, sumergiendo en la pobreza a 244,00 personas, incluyendo a 43,000 niños, según el estudio “Los efectos del COVID-19 en la seguridad económica de la niñez y familias en Puerto Rico: Vulnerabilidades, proyecciones y recomendaciones”, realizado por del Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ).

“La pandemia del COVID-19 llegó al país en un ambiente ya de por sí golpeado y vulnerable.  Además de las vulnerabilidades que enfrentaba el país, las familias con niños que viven bajo el nivel de pobreza tienen unas características que en general las ubican en desventaja al enfrentar una crisis. Estas características incluyen: bajos ingresos y niveles de empleo, participación alta en industrias cerradas, condiciones de salud, hogares monoparentales, y acceso limitado a la tecnología, entre otros factores”, destacó María Enchautegui, directora de investigación y política pública del IDJ.  Este estudio nos ofrece un escenario de las consecuencias que tendrá la pandemia en estas familias si no tienen acceso a recursos económicos de manera prioritaria, al igual que presenta recomendaciones para mitigar los efectos de la pandemia a corto y largo plazo”, añadió Amanda Rivera Flores, directora ejecutiva de la organización.

Las familias con niños que viven en la pobreza son las más afectadas por los desastres ocasionados por fenómenos naturales como mayor proporción con pérdidas materiales, inseguridad alimentaria e inestabilidad en múltiples dominios de desarrollo de los niños y jóvenes. Según se desprende del estudio, las ayudas estatales y federales, pueden ayudar a reducir la pobreza de forma temporera, si las mismas llegan a tiempo a las familias que las necesitan.

El estudio incluye simulaciones de los impactos del COVID-19 en la pobreza y cómo cambiaría con las ayudas esperadas, las cuales se estiman entre $5,400 millones a $5,900 millones.  “Los efectos inmediatos del COVID-19 en la pobreza son enormes, pero se pueden reducir si las ayudas llegan a tiempo y si los trabajadores se pueden reinsertar en la economía en un período de 4 a 6 meses.  De no ser así, los impactos en la pobreza serán mayores.  Además de las medidas de seguridad necesarias, la reinserción al mercado laboral requiere proveer unos apoyos a los trabajadores y PyMEs para que los empleados puedan balancear la salud y su seguridad económica”, indicó Enchautegui.

También se presentan las políticas públicas estatales y federales adoptadas para ayudar a estabilizar los ingresos de las familias y los aspectos que quedan sin atenderse aún con los millones de dólares asignados a combatir la crisis. Sin embargo, el estudio concluye que, si no se toman medidas a largo plazo para reducir la pobreza infantil, se regresaría a los mismos niveles “usuales” de pobreza infantil, o un 58% o tal vez mayores, tras concluir la pandemia.

Rivera Flores recalcó, que, aunque las ayudas federales puedan mejorar la condición socioeconómica de la niñez que vive en pobreza con estas ayudas, se hace imprescindible trabajar a largo plazo con la meta de erradicar la pobreza infantil y juvenil en Puerto Rico.  “Si enfocamos los esfuerzos en trabajar con este objetivo eficazmente, lograremos, no sólo fortalecer la economía, sino que las familias con menores estarían más preparadas para enfrentar desastres naturales, los que entendemos van a continuar ocurriendo ante los cambios climáticos”, añadió.

Antes del COVID-19 el IDJ había estimado que mantener la tasa de 58% de pobreza infantil le costaba a la economía de Puerto Rico $4,400 millones anuales, o lo que se traduce al 4.3% del producto nacional.

A corto plazo, las recomendaciones que hace el estudio se enfocan en:

  • Promover el empleo y fortalecer la seguridad económica de las familias con niños por medio de diversas alternativas, entre las cuales figuran: programas de Crédito por Trabajo Estatal, Crédito Contributivo por Hijos, Créditos para patronos, ayudas económicas para familias y universitarios, entre otras.  Así mismo, se hace indispensable facilitar centros de cuido para los niños de trabajadores que le permitan regresar a sus empleos.
  • Garantizar acceso a ayudas alimentarias por medio del Pandemic EBT, la agilización de desembolsos del Programa WIC y asegurar acceso a fondos del PAN para las familias que viven cerca o bajo los niveles de pobreza, según parámetros federales;
  • Reducir la brecha digital: Allegar recursos para viabilizar acceso a la internet que viabilice continuidad en la educación y capacitación, así como poder agilizar la compra de tabletas portátiles para facilitar la educación en línea a familias con mayor necesidad;
  • Agilizar las ayudas que precisan las familias más necesitadas resulta urgente.  El Estado debe mejorar la prestación de servicios y la protección de sus ciudadanos, respondiendo a las necesidades de familias con niños, y uniformando la educación a distancia en niveles K-12.

El estudio hace las siguientes recomendaciones a largo plazo:

  • El fortalecimiento de sistemas de cuido y niñez temprana;
  • Desarrollo de programas de adiestramiento laboral enfocado en sectores de la economía en crecimiento y que prioricen a jóvenes, así como a padres/madres de familia;
  • Implantar programas de créditos contributivos a negocios que ofrezcan primeras oportunidades laborales a jóvenes y/o a personas con dependientes menores de 18 años;
  • Robustecer el sistema de apoyo social y económico gubernamental.

“En enero del 2020 presentamos un estudio que demostraba que la pobreza infantil le cuesta a la economía de Puerto Rico $4,400 anuales.  Por lo tanto, la pobreza infantil es un reto económico el cual podría agravarse con el impacto del COVID-19. Las recomendaciones van dirigidas a mejorar el entorno y calidad de vida de más de 300,000 familias con niños atrapadas en la pobreza y con pocas opciones para progresar.  Exhortamos al Estado y a la empresa privada a colaborar en la creación de oportunidades que viabilicen crecimiento sostenido para este sector de nuestra población. Solamente así podremos construir un futuro más próspero, facilitándoles las herramientas necesarias para que nuestras generaciones jóvenes puedan aportar al futuro del país con dignidad y esperanza”, comentó Rivera Flores.

El Instituto de Desarrollo de la Juventud (IDJ) es una organización sin fines de lucro que trabaja para promover políticas públicas a nivel federal y local para mejorar las vidas de niños y jóvenes en Puerto Rico, y está enfocado en el 58% de los niños de Puerto Rico que viven en la pobreza.