Por redacción de Sin Comillas
La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI), respaldada por la ONU, emitió el viernes una orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en relación con presuntos crímenes de guerra relativos a la deportación y el “traslado ilegal” de niños de la Ucrania ocupada, informó el responsable de este tribunal.
“El contenido de la orden es secreto para proteger a las víctimas”, declaró el presidente de la Corte, Piotr Hofmański, que explicó que “no obstante, los jueces decidieron hacer pública la existencia de la orden, en interés de la justicia y para prevenir futuros crímenes”.
La Sala de Cuestiones Preliminares II de la Corte también emitió una orden de detención contra la comisaria rusa de Derechos del Niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova.
Las órdenes declaran que cada uno de ellos es “presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal” de niños de los territorios ocupados de Ucrania a Rusia, dijo el tribunal al anunciar la decisión.
“Los crímenes fueron presuntamente cometidos en territorio ocupado ucraniano al menos desde el 24 de febrero de 2022”, detalló la Corte Penal Internacional. “Hay motivos razonables para creer que el Putin y Lvova-Belova tienen responsabilidad penal individual”.
El tribunal encontró motivos razonables para considerar que Putin es responsable de haber cometido los actos directamente, juntamente con otros o a través de otros, así como “por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos, de conformidad con la responsabilidad superior”.
Todas las acusaciones se ajustan al Estatuto de Roma, por el que se creó el órgano judicial en 1998. Ni Rusia ni Ucrania son partes en el Estatuto.
El fiscal de la Corte, Karim A. A. Khan, afirmó que los responsables de los presuntos crímenes deben rendir cuentas y los niños deben ser devueltos a sus familias y comunidades. “No podemos permitir que se trate a los niños como si fueran botín de guerra”, afirmó. “Los incidentes identificados por mi Oficina incluyen la deportación de al menos cientos de niños sacados de orfanatos y hogares de acogida. Muchos de estos niños, según denunciamos, han sido dados luego en adopción en la Federación Rusa.”
Mediante decretos presidenciales emitidos por el presidente Putin, se modificó la ley en Rusia para agilizar la concesión de la ciudadanía rusa, lo que facilitó que fueran adoptados por familias rusas.
“Mi Oficina alega que estos actos, entre otros, demuestran la intención de expulsar permanentemente a estos niños de su propio país”, dijo. “En el momento de estas deportaciones, los niños ucranianos eran personas protegidas por la Cuarta Convención de Ginebra”.
La Sala había decidido inicialmente que las órdenes no debían publicarse para proteger a las víctimas y los testigos y también para salvaguardar la investigación, dijo Hofmański. Sin embargo, teniendo en cuenta que la conducta abordada en la presente situación está presuntamente en curso, y que el conocimiento público de las órdenes puede contribuir a la prevención de la comisión de nuevos delitos, la Sala consideró que es “en interés de la justicia autorizar a la Secretaría a revelar públicamente la existencia de las órdenes, el nombre de los sospechosos, los delitos por los que se emiten las órdenes, y los modos de responsabilidad establecidos por la Sala”, dijo el presidente de la Corte.
La Corte Penal Internacional es un órgano judicial independiente y permanente. Se creó de conformidad con el Estatuto de Roma, firmado el 17 de julio de 1998 en una conferencia celebrada en la capital de Italia. Su competencia se extiende a todos los crímenes internacionales más graves cometidos después del 1 de julio de 2002, fecha de entrada en vigor del Estatuto de Roma.
La competencia del tribunal se limita a los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, así como al crimen de agresión.
