Por Luisa García Pelatti

Divulgar información sobre corrupción ayuda a reducirla en el corto plazo, pero no en el largo plazo. Conocer los casos de corrupción no tiene un efecto significativo en el resultado de las elecciones. Estas son las conclusiones a las que han llegado Gustavo Bobonis, profesor de economía de la Universidad de Toronto, y Luis Raúl Cámara, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Ambos han realizado un estudio: “Los efectos dinámicos de la corrupción política”, que presentaron ayer en una actividad del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Uno de los principales resultados del estudio es que en los municipios donde se hace una auditoria antes de las elecciones y se divulga la información, el número de hallazgos relacionados con corrupción se reduce en hasta 67%. “Los alcaldes y los empleados de los municipios tienden a reaccionar a la amenaza” y en el corto plazo se producen menos casos de corrupción. Pero después de un tiempo, la corrupción puede volver a aumentar.

Los resultados tienen implicaciones de política pública: si se quiere reducir la corrupción en los municipios se deben realizar auditorías con más frecuencia.

El estudio analizó los informes de la Oficina del Contralor y los resultados de las elecciones municipales. El objetivo era conocer el impacto de la diseminación de esos informes impulsa a los electores ha escoger alcaldes honestos.

La idea es que en una democracia que funcione bien se deben escoger políticos competentes. Los electores deben tener información sobre el comportamiento de los alcaldes y deben hacerlos responsables de sus acciones. Tener esa información debe tener efectos positivos. Los electores deberían votar en contra de los alcaldes acusados de corrupción.

Según explica Bobonis, la reputación del alcalde también es importante. Los electores prefieren a alguien “un poco corrupto” si consideran que es competente a elegir a alguien incompetente.

La Oficina del Contralor debería realizar auditorías de los municipios cada dos años, pero en la práctica, los municipios son auditados sólo cada tres o seis años.

Por su parte, Cámara analizó los resultados de las elecciones municipales de los años 1996, 2000 y 2004 y encontró que “no es necesariamente correcto que los electores echan a los corruptos”.

El estudio encontró que los informes de auditorías negativos afectan más a los alcaldes que llevan menos tiempo pero no tienen relación con la entrada de “retadores de calidad” o con la retira del “incumbente”. Los informes tampoco afectan a las primarias, pero sí a las elecciones generales. Mientras más informes de auditoria con casos de corrupción, mayor la probabilidad de que ese alcalde pierda.

Este trabajo es parte de una serie de trabajos sobre corrupción que ha estado haciendo el Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico. En el mes de abril, se presentaron los resultados de un estudio que analizó las diferentes modalidades de corrupción y mal uso de fondos públicos, cuantificó el costo y realizó encuestas para conocer el alcance de la corrupción en el Gobierno (“Nos arropa la corrupción”)

El estudio, realizado por un grupo de profesores de economía y política del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico para la Oficina del Contralor, encontró que entre la población existe tolerancia a cierto grado de corrupción.

Algunos de los hallazgos son: un 56% de los empleados públicos y 66% de los empresarios creen que la corrupción ha aumentado. Casi uno de cada cuatro piensa que hay que hacer “pagos por debajo de la mesa” con bastante o mucha frecuencia para garantizar la otorgación de contratos. Los empresarios están dispuestos a pagar hasta el 11% del valor de un contrato en un soborno para conseguir un contrato con el Gobierno.