Foto por Brandon Cruz González | Centro de Periodismo Investigativo
Ahora, los electores que han sido inactivados o excluidos no encontrarán su información ni la razón por la que quedaron fuera de la plataforma digital Consulta del Elector. Sólo los electores activos podrán acceder a los datos de su registro.
Por Wilma Maldonado Arrigoitía y Omaya Sosa Pascual | Centro de Periodismo Investigativo
Esta semana, sin avisar al público ni a los Comisionados Electorales, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) cambió la herramienta Consulta del Elector, donde las personas buscan sus datos electorales, y eliminó de la plataforma a las personas excluidas e inactivas, confirmó en declaraciones escritas la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE) de la CEE.
Pero el Centro de Periodismo Investigativo cotejó y la agencia todavía no ha depurado el Registro para sacar a todos los fallecidos que permanecen como activos para estas elecciones.
También eliminó los datos de cuándo fue la última vez que el elector votó según su Registro General de Electores y el municipio de residencia, una información que antes estaba disponible.
El cambio ocurre luego de la investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que encontró que permanecían en el Registro General de Electores casi 900,000 personas fallecidas excluidas, activas e inactivas. En la lista de activos para votar en las elecciones del 5 de noviembre había, al menos, 5,872 personas que fallecieron entre 2015 y septiembre de 2020, entre otras fallas.
Además, el CPI observó y validó con múltiples casos de ciudadanos que al utilizar la página de Consulta del Elector la CEE registraba como votando a personas que para la fecha de esos eventos electorales estaban muertas o fuera del país. De igual forma, se halló electores que aparecían votando aunque, en realidad, no participaron del proceso electoral.
La transformación de la herramienta digital esta semana también coincide con la solicitud de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en inglés) para que la CEE certifique que los registros electorales fueron depurados para eliminar las personas fallecidas y las declaradas incapaces.
Liza Gallardo Martín, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Puerto Rico; la licenciada Annette M. Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico; y la licenciada Vivian Godineaux Villaronga, presidenta del Colegio de Abogados durante una conferencia de prensa en septiembre sobre violaciones de los derechos en los procesos electorales en Puerto Rico. Foto por Vanessa Serra | Centro de Periodismo Investigativo
La presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla, no concedió entrevista, ni contestó preguntas escritas del CPI sobre este tema y que buscaban indagar por qué se hicieron estos cambios. Delegó la respuesta en la OSIPE que indicó, sin atribuir a ninguno de sus funcionarios las declaraciones, que el cambio es temporal debido a la cercanía de las elecciones y que “transcurrida la elección se vuelve a desplegar el Sistema de Consulta al Elector ordinario”. Se mencionó que se hizo con el fin de “proveer los datos que orienten al elector sobre dónde y cuándo votar”.
Aunque en Consulta del Elector ya no aparecen los electores excluidos ni los inactivos, el CPI constató que todavía están activos algunos electores que fallecieron entre 2015 y septiembre de 2020. Al mirar tan solo las primeras 588 personas de una lista de 5,872 electores difuntos pero activos en el Registro General de Electores que el CPI encontró en septiembre dentro de un extracto del padrón al que tuvo acceso, se pudo corroborar que permanecen hábiles para votar el 5 de noviembre. Esto demuestra que la lista de electores activos en el Registro no ha sido depurada completamente a 18 días del evento electoral.
Estas capturas de pantalla muestran los cambios a la herramienta de Consulta del Elector.
Esos años, entre 2015 y 2020, son los únicos que el CPI pudo comparar porque no tenía datos de los fallecidos en otros años pese a que los datos fueron solicitados al Departamento de Salud hace más de una semana tras la decisión del Tribunal Supremo que reitera que estos datos son públicos. Los datos desde 2021 hasta los disponibles de 2024 fueron recibidos finalmente en estos días y están en proceso de análisis por parte del equipo del CPI.
El CPI se percató del cambio en la herramienta electrónica mientras la utilizaba como instrumento para dar seguimiento a la investigación sobre las irregularidades del Registro General de Electores. Los hallazgos sobre los electores se obtuvieron al hacer un cruce de datos que provienen de un extracto del Registro General de Electores y la información de defunciones del Registro Demográfico ocurridas entre 2015 y 2020. Luego, esos electores fallecidos se buscaron en la página de Consulta al Elector de la CEE para conocer su estatus electoral.
Al revisar esta semana los números electorales de personas que anteriormente aparecían como excluidas por muerte, ahora el sistema emite un aviso que dice: “Verifique el número electoral entrado y de coincidir con el de su tarjeta de identificación electoral significa que usted es un elector inactivo o excluido”.
La información que ahora proporciona la herramienta incluye, sin embargo, otros datos importantes para el elector, como el centro de votación que le corresponde, la dirección y el colegio en el que le tocará emitir el sufragio y la página y línea en donde debe aparecer su nombre en la lista del colegio asignado. También indica la fecha para ejercer el voto, que es el 5 de noviembre.
Con los datos que ahora ofrece la herramienta Consulta del Elector no es imposible saber cuándo fue la última vez que aparece el elector como votando de acuerdo a los registros de la CEE, pero no está dicho de una manera explícita. Ahora la información está codificada y no existe una leyenda que explique qué significan los números que aparecen bajo categoría.
Antes se expresaba con palabras si el elector votó por última vez en el 2020 o en el 2016. Ahora esto está expresado en números. Por ejemplo, según los datos obtenidos por el CPI, el número 1 al lado de la categoría indicará que el elector votó en el 2020 y el número 2 es el código para quienes votaron en 2016, pero no en el 2020. Con el número 3 se codifican las nuevas inscripciones; y con el 4, las reactivaciones.
La OSIPE dijo que la eliminación de esa información de manera expresa se hizo supuestamente para evitarles confusiones a los electores que votaron en 2016 pero no en el 2020 y pudieran creer que quedaron fuera del Registro Electoral cuando en realidad “tienen el pleno derecho de ejercer su voto”.
Como las declaraciones de la entidad fueron escritas, lo que impide darles seguimiento a las preguntas, no fue posible saber por qué entendía que eso era necesario si el estatus claramente indica que están activos en el Registro General de Elecciones aunque no hayan votado en 2020.
El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, dijo que no se le consultó ni se le informó que la herramienta Consulta del Elector fue modificada, aunque reconoció que varios comisionados electorales coincidían y habían pedido que se añadiera información en la plataforma.
Las comisionadas de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones, y del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró, señalaron por separado que la eliminación de campos y de los datos de los excluidos e inactivos no fue consultada con ellas. Sí conocían del agregado del campo del centro de votación. El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Aníbal Vega Borges, y el de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Suau, no respondieron ni a las llamadas ni a los mensajes enviados a su teléfono sobre este tema.
“Se ha solicitado constantemente que se actualice la información con datos al día, nunca se ha hablado de editar o modificar los campos previamente existentes”, aseguró Aponte Dones.
Dijo que su partido había presentado al pleno de la CEE una solicitud para que se modificara la herramienta, pero para permitir que los electores pudiesen buscar su número electoral con su nombre y apellidos para poderles facilitar todas las gestiones y averiguaciones ante la CEE.
La Comisionada del MVC señaló que era algo relativamente sencillo, que hubiese ayudado grandemente a los electores, que incluso había ofrecido a su personal técnico para hacerlo. La propuesta del MVC fue aprobada “unánimemente” por el pleno, pero OSIPE nunca la ejecutó.
Al presente el elector no puede hacer ninguna transacción electrónica, incluyendo la revisión de su estatus y centro de votación, si extravió su tarjeta y no recuerda su número electoral.
Para subsanar este problema, MVC creó su propia herramienta de consulta, que está disponible en línea para el uso de cualquier ciudadano que quiera buscar su número electoral.
La Comisionada Electoral del PPD indicó que pidió que se actualizara la base de datos y que se incluyera en la herramienta un renglón que desplegara la modalidad de voto solicitada por el elector o electora, si es adelantado o domicilio, por ejemplo. Esto último no se hizo como ella solicitó, dijo. Lo que se hizo fue incluir un renglón de fecha de voto.
“No fue lo que pedimos … el elector se puede confundir”, señaló.
Aponte Dones dijo que es “alarmante” que se hubiesen hecho cambios en esa plataforma sin consultarle a la Comisión [que está formada por todos los partidos políticos]. Dijo que esa herramienta era utilizada por los electores para saber si habían sido recusados, “pero ahora no se les proporciona la información completa y se les pide que llamen a una CEE que nunca contesta el teléfono”.
Esta semana, el fiscal federal del Distrito de Puerto Rico, Steven Muldrow, asignó al fiscal auxiliar Seth Erbe, quien es Jefe de la Sección de Fraude y Corrupción Financiera, para liderar los esfuerzos de supervisar el proceso de votación en Puerto Rico el próximo 5 de noviembre. Este tipo de designación de un Oficial Electoral de Distrito para Puerto Rico ya había ocurrido en la pasada elección de 2020. La congresista Nydia Velazquez dijo hoy que esta acción es una medida rutinaria positiva, pero que es insuficiente ante el reclamo que miembros del Congreso han hecho para que se monitoreen el funcionamiento de la CEE.
