Rafael Hernández, presidente de la Cámara de Representantes. (Foto suministrada)
Por redacción de Sin Comillas
El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, ha informado apelará la decisión de la jueza Laura Taylor Swain, que el viernes pasado anuló la Reforma Laboral aprobada en la Ley 41-2022, que derogaba ciertos elementos de la Reforma Laboral de 2017.
Además, la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) radicó el martes la Reforma Laboral bajo el Proyecto de la Cámara 1651.
Hernández Montañez desmintió las alegaciones de que la Cámara no había sometido el impacto fiscal que representaría la medida en el proceso de la objeción formal ante el tribunal federal. De acuerdo con el líder cameral, se presentó un informe el 13 de octubre de 2022 en la sala de la jueza Swain en el Tribunal Federal, preparado por Iyari Ríos González, catedrático de Economía en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras.
La ley, que había entrado en vigor el 20 de julio del 2022, disminuye el periodo probatorio y restablecen las protecciones contra el despido injustificado, aumenta la acumulación de licencia por vacaciones y le extiende dicho beneficio a empleados a tiempo parcial, entre otros asuntos.
“Nadie ha podido plantear un documento sustantivo, económico, que demuestre que la Ley 41 erosiona los recaudos del país; pone menos dinero en los bolsillos de los puertorriqueños; afecta el poder adquisitivo del consumidor. Nadie ha sometido un documento”, manifestó Hernández Montañez.
“Ya nos sentamos con la Junta de Control Fiscal para que los documentos que emita la OPAL (Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa) estén en cumplimiento con la ley. ¿Para qué? Para que sean admisibles en el tribunal. Esa es la segunda estrategia”, aseguró. El líder de la Cámara viajará en las próximas semanas a Washington D.C. para reclamar una enmienda en la Ley Promesa que permita que los informes de impacto fiscal presentados por la Asamblea Legislativa sean admisibles en el tribunal federal. La Ley Promesa dispone que el ente gubernamental obligado a emitir estos informes de impacto fiscal de la medida es únicamente la Rama Ejecutiva.
