Por redacción de Sin Comillas
Durante los días posteriores al huracán María, la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) despachó combustible a personas privadas y entidades no autorizadas por valor de $15,171, según una investigación de la Oficina del Contralor.
Estos hechos se refirieron al Departamento de Justicia Federal, al Inspector del Departamento de Transportación de los Estados Unidos, al secretario del Departamento de Justicia y al director de la Oficina de Ética Gubernamental para que tomen las medidas que estimen pertinentes.
Los despachos de gasolina se realizaron entre el 23 de septiembre al 25 de octubre de 2017 al contratista que administra el Tren Urbano, a personas privadas en vehículos privados y a empleados de la Autoridad de Carreteras, del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y de la Autoridad de Transporte Marítimo. Además, la AMA despachó gasolina a vehículos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y de la Policía, no autorizados por la Resolución de Emergencia 2017-30A que facultaba el despacho de combustible a los vehículos del DTOP y agencias adscritas.
El entonces presidente de la AMA y el director y los oficiales de la Oficina de Seguridad Interna, se aprovecharon de sus puestos para permitir a personas y entidades privadas obtener beneficios no permitidos por ley y la reglamentación aplicable.
El Informe especial señala también que la AMA emitió 19 facturas por $84,024 a las entidades cuyos vehículos se abastecieron de combustible y al 16 de abril de 2018, solo había recibido el pago de ocho facturas por $30,000.
El presidente y gerente general de la AMA certificó a los auditores de la Contraloría que no existen registros de entrada y salida de personas y vehículos de los puestos de despacho, aunque la compañía de seguridad privada y oficial de Seguridad Interna indicaron que siempre había que completar el Registro de Visitantes. Además, certificaciones del presidente de la AMA y del secretario del DTOP, indicaron que no autorizaron el abastecimiento de combustible para uso personal de sus empleados, a pesar de que los oficiales de Seguridad Interna declararon bajo juramento que verificaban la lista de personas y vehículos autorizados antes del despacho de combustible.
El informe devela múltiples irregularidades en el Registro de Despacho de Combustible como: el registro de un contratista del Tren Urbano como empleado, tres personas con números de licencia que no le pertenecían o despachos de combustibles a tanques externos para generadores eléctricos.
