José Ortiz. (Foto: Gabriel López Albarrán | Centro de Periodismo Investigativo)
En los últimos seis años, más de $300 millones en fondos públicos han ido a consultores relacionados a la AEE que establecen la pauta en el manejo de la corporación pública.
Por Luis J. Valentín Ortiz | Centro de Periodismo Investigativo
Biff Whitten, un consultor externo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), viajó el pasado 29 de enero a Puerto Rico desde Los Ángeles, California. Se registró en el hotel Vanderbilt en Condado. Allí vivió por tres meses consecutivos, pagando con fondos públicos unos $300 por noche.
Whitten trabaja en Filsinger Energy Partners, una firma de consultoría con sede en Denver, Colorado. Esta empresa es la principal consultora financiera y operacional de la AEE desde diciembre del 2017, cuando el entonces primer mandatario Ricardo Rosselló Nevares nombró a su presidente, Todd Filsinger, principal asesor financiero de la corporación pública.
Pero las áreas de trabajo de Filsinger van más allá de las finanzas de la AEE. Incluyen asuntos de servicio al cliente, manejo de contratos, la compra de combustible y la operación del sistema energético de la isla. La cantidad de trabajo que realiza en la AEE ha llevado a parte del equipo de esta firma, todos extranjeros, a pasar más tiempo en la isla que en sus casas.
En los primeros cinco meses de este año, Filsinger facturó más de 740 noches de hotel en la isla para hospedar a 17 empleados. La gran mayoría fueron en el hotel La Concha, seguidas por el San Juan Marriott y el Vanderbilt. En total, la cuenta a pagar para la AEE por el hospedaje de estos consultores en cinco meses superó los $220,000. Un pedido de reacción a la firma Filsinger Energy Partners no fue atendida al cierre de esta edición.
Cientos de consultores y abogados provenientes de sobre 30 firmas privadas trabajan en asuntos relacionados a la operación, reestructuración y privatización de la AEE. Muchos casi a tiempo completo, con tarifas que superan los $500 por hora, más gastos reembolsables como hospedaje, comidas y transportación. Algunos de estos contratistas tienen acceso directo a la gerencia de la AEE, participan de reuniones de la Junta de Gobierno y dan instrucciones directas al personal de la corporación pública, encontró la investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
El director ejecutivo de la AEE, José Ortiz Vázquez, opinó en entrevista con el CPI que gastos como estadías de tres meses en hoteles de lujo son razonables.
“En consultoría tenemos $63 millones. Esto, dentro de un presupuesto de $3,200 millones, es un 2%. Eso no es gran cosa para una entidad en quiebra, cuando te exigen todo lo que es consultoría. Y ahí está todo: las noches esas que tú me dices y los gastos”, dijo el ingeniero.
A pesar de reconocer que “se está pagando altísimo por hora” a consultores externos como Filsinger, Ortiz Vázquez alega que son costos que se negociaron antes de él llegar a la AEE y “quizás son los adecuados”.
Para el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, el gasto en consultores externos muestra “el despilfarro que hay de dinero, cómo se han beneficiado los contratistas y utilizado la crisis para hacer ganancias a costa del pueblo de Puerto Rico”, en momentos que no hay dinero para costear el plan médico y el retiro de los empleados de la AEE.
“No tiene ninguna proporción a lo que está pasando en el país, no hay sensibilidad y se están enriqueciendo con la crisis que vive el país”, dijo el líder obrero.
Ortiz Vázquez, por su parte, argumentó: “¿Por qué la AEE ha gastado tantos millones en los últimos años? Empezando desde Lisa Donahue, principalmente porque al estar en la quiebra, irte a Título III, necesitas asesores especializados que el tribunal te dice, ‘los tienes que tener porque no puedes ser tú, tiene que ser alguien que haya hecho a, b, c…’”.
El tribunal federal, sin embargo, no requiere que la AEE contrate consultores externos como parte del proceso de quiebra que enfrenta la entidad desde el verano del 2017, según confirmó la Junta de Control Fiscal al CPI.
Mientras Ortiz Vázquez dice que hay $63 millones en consultoría durante este año, la cifra deja fuera el gasto en asesores que trabajan temas relacionados con la corporación pública aunque están bajo contrato con otras agencias o con la Junta de Control Fiscal. Además, el presupuesto de la corporación pública para este año fiscal en realidad destina más de $115 millones para consultoría relacionada a la reestructuración, quiebra y privatización de la AEE. La partida presupuestaria de consultoría supera el 25% del gasto total de nómina en la AEE.
“Cuando el Gobernador me pide que entre a la AEE yo dije, ‘aquí hay unas condiciones, la AEE no la está corriendo la AEE, la está corriendo un consultor’”, admitió Ortiz Vázquez, quien regresó a la AEE en julio del 2018 luego de haber presidido su Junta de Gobierno durante la administración de Luis Fortuño.
Sostuvo que Filsinger se reportaba directamente a la Junta de Gobierno y estaba “por encima del director ejecutivo”. Dijo que ahora todo el mundo se reporta a él y que ha disminuido el rol de contratistas y consultores privados, al igual que el gasto relacionado a estos servicios. “Mucha gente de mi propio staff me dice, ‘oye esto es otra cosa, del cielo a la tierra, porque ahora nosotros estamos decidiendo’”, manifestó.
Pero documentos y fuentes consultadas por el CPI apuntan a lo contrario: la AEE continúa en manos de contratistas privados.
“La AEE está siendo operada, administrada y dirigida por entes privados. La Junta de Gobierno casi completa viene del sector privado”, dijo Figueroa Jaramillo.
Figuras como Todd Filsinger, el principal asesor financiero de Filsinger Energy Partners, o José Pérez Canabal, un “asesor ejecutivo” que cobra $130,000 por seis meses de consultoría, han sido objeto de cuestionamientos por el poder que ostentan y la naturaleza de las tareas que realizan en la AEE.
Todd Filsinger. (Foto: Juan Costa | Centro de Periodismo Investigativo)
La factura más reciente de Filsinger dice que “utiliza personal de la AEE para muchas de [sus] labores y no factura por funciones administrativas”. El contrato de Pérez Canabal lo coloca como mano derecha de Ortiz Vázquez, con facultades de supervisión sobre grupos de trabajo dentro de la corporación pública, incluyendo la oficina que maneja los fondos federales de recuperación. Un artículo reciente de El Nuevo Día detalla las funciones que realiza Pérez Canabal como contratista, además del acceso y poder de los que goza dentro de las más altas esferas de la AEE.
Pérez Canabal fue vicepresidente de la Junta de Gobierno de la AEE hasta el 2012, cuando renunció en medio de señalamientos de corrupción. Fue acusado por el Departamento de Justicia local en el 2014, pero no se encontró causa para su arresto. Su contrato actual no pasó por el crisol de la Junta de Gobierno, según confirmó al CPI el representante del interés público ante el cuerpo, Tomás Torres Placa, ya que la cuantía estaba por debajo del límite que requiere el consentimiento del cuerpo rector.
Ortiz Vázquez defendió a su asesor y negó cualquier acción indebida de parte del contratista.
“Pérez Canabal también trabaja para mí. Es uno de los que traigo. Pérez Canabal se gana $150 por hora. La gente de Filsinger está como en $600 la hora. Pérez Canabal es un asesor, igual que Ankura, Filsinger…”, sostuvo. Ortiz Vázquez coincidió con Pérez Canabal en la Junta de Gobierno de la AEE bajo Fortuño y posteriormente en el sector privado cuando ambos trabajaron en CSA Group, una firma de ingeniería y desarrollo de proyectos.
“[Pérez Canabal] se asegura que lo que yo dictamino… Ser como un enlace con el área operacional. Él no decide sobre ningún aspecto de la AEE. Puede participar en una reunión y decir, ‘discutí esto con el director ejecutivo y dijo que esta es la línea’, pero todo lo que se decide aquí es responsabilidad mía”, sostuvo Ortiz Vázquez, quien asegura que “ningún consultor aquí decide nada”.
El pasado 14 de agosto, la Junta de Gobierno de la AEE cursó requerimientos de información a Ortiz Vázquez para que detalle algunas de las contrataciones que ha realizado en la corporación pública, incluyendo la de Pérez Canabal.
“Específicamente la Junta [de Gobierno] requirió detalles en relación con la necesidad de los servicios, las tareas y funciones asignadas, razonabilidad de las tarifas establecidas, cuantía de pagos, razones para extensiones de haber surgido alguna y cualquier información pertinente a esta evaluación”, lee el comunicado. La Junta de Gobierno de la AEE dijo que rendirá un informe con recomendaciones a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, pero al cierre de esta edición el representante del consumidor, Torres Placa, desconocía el estatus de este proceso.
A preguntas del CPI sobre su relación con CSA Group, Ortiz Vázquez dijo que trabajó en la compañía como vicepresidente de desarrollo de abril del 2017 al verano del 2018, cuando fue nombrado como director de la AEE por Rosselló Nevares. Pero el comunicado que publicó La Fortaleza con su nombramiento y un CV del director ejecutivo dejan fuera esta experiencia de trabajo en CSA. Ambos colocan a Ortiz Vázquez como empleado de la cadena de hoteles Wyndham Worldwide hasta el momento en que llega a la AEE. Meses después del huracán María, el Gobierno canceló un contrato con CSA para la inspección de escuelas en medio de señalamientos sobre su pobre ejecutoria y falta de capacidad para cumplir con las labores.
“Ellos [CSA] participaron en enero 2019 en un RFP público [de la AEE] y lo ganaron. Yo pedí que no se le adjudicara porque si algo tenemos que recuperar aquí es credibilidad. Y por más que te diga a ti que cumplí con los mecanismos de inhibición, si se ve mal, está mal en la vida pública”, arguyó Ortiz Vázquez, quien asegura que busca “evitar el qué dirán”.
Añadió: “CSA sí tiene alguna gente por ahí [en la AEE], pero son empleados del COR3 [la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia]. No son nuestros. Lo que pasa es que COR3, por mandato de ley, tiene [poder] sobre todas las agencias y CSA sí tiene [contratos] con ellos para varias agencias. Algunos vienen por ahí pero no es un contrato mío, es un contrato que estaba previo”.
El director negó al CPI mantener algún tipo de relación con su antiguo patrono.
Minutos antes de su respuesta, durante la entrevista, el CPI observó que Ortiz Vázquez recibió en su teléfono celular una llamada de un número identificado como “Fred Riefkohl”, quien es el actual presidente de CSA.
Días después de la entrevista, Ortiz Vázquez confirmó en conferencia de prensa que su hija labora en CSA. En la firma también trabaja desde el 2017 el exsecretario de la Vivienda y de Desarrollo Económico bajo la administración de Pedro Rosselló González, Carlos Vivoni.
En la entrevista con director ejecutivo de la AEE, el CPI también preguntó si el cabildero y amigo de Rosselló Nevares, Elías Sánchez, había intercedido en alguna capacidad a favor de sus clientes en asuntos relacionados a la corporación pública. Ortiz Vázquez dijo que no.
AEE aumenta pagos por consultoría a asesores vinculados al PNP
Uno de los contratistas de la AEE que asesoró en el proyecto de conversión en Palo Seco es el bufete King & Spalding, cuyo socio, Steve Kupka, es un cabildero que colaboró con la campaña de Rosselló Nevares. En el 2016, Kupka y su esposa, Susan Bishop Kupka, donaron $1,675.59 cada uno a la campaña de Rosselló Nevares. Kupka también aparece como donante de las campañas de Luis Fortuño y Miguel Romero del Partido Nuevo Progresista, y Eduardo Bhatia del Partido Popular Democrático. Los tres son defensores de la privatización de la AEE. Kupka ha sido donante del Partido Republicano, mientras que ha sido intermediario entre el presidente de la Junta Fiscal, José Carrión, y funcionarios del Gobierno federal, reveló el CPI en noviembre del 2018.
Posterior a estos donativos, Kupka llegó a King & Spalding en abril del 2017 para liderar la práctica de cabildeo en el Gobierno federal. Cuatro meses después, el bufete firmó su primer contrato con el Gobierno de Puerto Rico por $486,000, para representar a la AEE en una investigación de la Securities and Exchange Commission. En abril del 2018, Kupka se convirtió en el principal cabildero de la AEE en Washington, D.C., con un contrato de $1 millón.
Al día de hoy, el bufete King & Spalding ha obtenido más de $16 millones en contratos con la AEE.
Desde la firma Ankura Consulting Group, los puertorriqueños Jorge San Miguel y los hermanos Juan Carlos y Fernando Batlle asesoran en la reestructuración de la deuda y las operaciones de la AEE. La firma de consultoría de reestructuración se estableció en Puerto Rico en febrero de 2017 con Juan Carlos Batlle y San Miguel al mando. Ese mes, la firma obtuvo su primer contrato con el Gobierno por $1.4 millones.
Al día de hoy, Ankura ha logrado más de $70 millones en contratos, incluyendo $28 millones con la AEE.
Según la factura más reciente de la firma, Fernando Batlle es uno de los consultores más activos de Ankura en el caso de Puerto Rico. Facturó más de $600,000 entre octubre del 2018 y enero de este año. El ahora consultor fue vicepresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) durante la administración Fortuño, periodo en el cual se emitió parte de la deuda que la corporación pública ahora intenta reestructurar con su asesoría. Su hermano, Juan Carlos, fue presidente del BGF durante el mismo periodo de tiempo, mientras que San Miguel ayudó a negociar varios de los contratos de compra de energía renovable como uno de los principales asesores de Fortuño en este tema.
A partir del pasado 1 de julio, la tarifa por hora de trabajo de Fernando Batlle aumentó a $920, mientras que la de su hermano, Juan Carlos, y la de Jorge San Miguel ascienden a $685.
Se dispara la consultoría en todos los renglones
Filsinger no es el único grupo consultor que trabaja actualmente en la AEE. Ankura Consulting Group, Siemens, FTI Consulting, Rothschild, Concentric Energy Advisors, AON, V2A, Citi, Proskauer Rose, O’Melveny & Myers, King & Spalding, Sargent & Lundy, Cancio, Nadal, Rivera & Díaz, Greenberg Traurig y Cleary Gottlieb son algunas de las principales firmas de consultoría y bufetes que trabajan asuntos relacionados a la AEE.
“En cierta medida, se habla de la privatización de la AEE, pero en términos de la manera en que es controlada y cómo se toman decisiones por parte de algunos grupos de consultoría que no responden al pueblo de Puerto Rico, podría decir que la AEE ya se privatizó”, opinó Cathy Kunkel, experta en temas energéticos que trabaja para el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA en inglés).
La AEE inició la década del 2000 con dos compañías privadas generando y vendiéndole energía a la corporación pública: la planta de carbón AES en Guayama y la planta de gas natural EcoEléctrica en Peñuelas. Bajo la administración Fortuño, la AEE se lanzó de lleno en acuerdos de energía renovable con empresas cuyos términos eran insostenibles para la corporación pública.
Rosselló Nevares anunció en enero del 2018 la privatización de los sistemas de distribución y transmisión de la AEE. Estas son las partes que dejan dinero a la corporación pública, particularmente a través del cobro de la factura de luz. La AEE también puso en venta todas sus plantas generadoras.
A partir del 2014 los esfuerzos de privatización en la AEE tomaron un nuevo giro. En medio de una crisis financiera que lanzó a la corporación pública al impago de su deuda, llegó Lisa Donahue y su equipo de AlixPartners. Durante tres años, bajo la administración de Alejandro García Padilla, Donahue fungió como “principal oficial de reestructuración” de la AEE, y según dos fuentes, “corría la AEE”.
Aunque funciones como la negociación con los bonistas de la AEE son llevadas a cabo por otros consultores privados, incluyendo algunos contratados por la Junta Fiscal, las labores operacionales y de reestructuración que realiza Filsinger son similares a las que en su momento tuvo Donahue.
“A diferencia de Donahue, que sí habían directores [de la AEE] en ese momento que la confrontaban, en esta ocasión es todo lo contrario. El director desconoce lo que pasa en la AEE y estos consultores son los que realmente están tomando las decisiones operacionales”, dijo Figueroa Jaramillo.
“Todo apunta a que Filsinger está corriendo el show en la AEE”, opinó Kunkel de IEEFA.
Los días de Filsinger en la AEE
Tomemos, por ejemplo, un día de trabajo corriente de Todd Filsinger bajo la supervisión de Ortiz Vázquez. El pasado miércoles, 29 de mayo, interactuó por una hora con los directores de la AEE. Luego estuvo dos horas y media trabajando en una presentación para la Junta de Gobierno. Revisó por una hora una declaración escrita para el tribunal como parte del caso de quiebra. Filsinger terminó el día analizando por dos horas y media los índices de calor de las plantas generadoras de la AEE.
Este día de trabajo costó $5,725.60. A 18 meses de su contratación, la cuenta solamente por los servicios de Todd Filsinger, quien cobra $842 la hora, supera los $2 millones, ocho veces el salario anual de $250,000 que tiene Ortiz Vázquez, uno de los más altos en el Gobierno.
En total, el equipo de Filsinger ha facturado desde diciembre del 2017 más de $20.4 millones y casi $1.5 millones en gastos reembolsables como hospedaje, comidas y transportación. En la quiebra de Energy Future Holdings, una compañía de Texas con más clientes y deuda que la AEE, Filsinger facturó poco más de $28 millones en un periodo de casi cuatro años.
“La AEE es un caso extraño. No hay nada que se compare [en Estados Unidos]”, opinó Kunkel. “Hay demasiados consultores en la AEE”.
Las áreas de consultoría incluyen servicio al cliente, contabilidad, recursos humanos, contratos, compra de materiales, procesos internos, manejo de material vegetativo, proyectos de energía renovable, compra de combustible, la operación general del sistema energético, las negociaciones con bonistas para reestructurar la deuda de la AEE, la venta de plantas generadoras, la privatización de los sistemas de distribución y transmisión, cambios en las pensiones de los empleados y la revisión de tarifas.
La consultoría externa se suma a los contratos otorgados por la AEE a compañías privadas, por ejemplo, para la poda de árboles (Masterlink por $4 millones), el centro de llamadas (Insight Communications y Telecontacto por $2.9 millones cada uno), el manejo de nómina (ADP por $81,000) y la reparación del alumbrado público (Mastec por más de $11 millones y Lord Electric con unos $9 millones). Todos estos servicios han sido privatizados a pesar de que empleados de la AEE podían hacer el trabajo por la mitad o menos de lo que facturan las empresas, aseguró el presidente de la UTIER, Figueroa Jaramillo.
“Hay administraciones que tienen una visión de política pública de hacerlo in house. Hay otras que tienen una visión de outsourcing”, dijo el miembro de la Junta de Gobierno de la AEE, Torres Placa, quien dirige el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE), una organización sin fines de lucro que agrupa representantes del sector privado enfocado en asuntos de sostenibilidad energética y desarrollo económico.
El ingeniero advirtió que la AEE sufre un “éxodo de personal” y necesita personal experto que le asesore. Pero criticó la manera en que se realizan contrataciones en la corporación pública.
El uso de contratistas y consultores privados, añadió Torres Placa, “es la política pública vigente”, y si “cualquier contratista se atribuye roles que les corresponden al ejecutivo, lo hace equivocadamente”.
“Todo lo está corriendo la gerencia de la AEE”, dijo Fernando Padilla, administrador de asuntos fiscales y reestructuración en la corporación pública. Sobre el caso de Filsinger, en particular, Padilla sostuvo que su trabajo “es mínimo en comparación con lo que corre la gerencia”.
Pero, el monto total de los contratos de consultoría externa aumentó después de la llegada de Ortiz Vázquez. El presupuesto de la AEE este año para gastos de consultoría externa relacionada con reestructuración y el Título III aumentó de $60 millones a $74 millones en comparación con el 2018. De 21 “informes de progreso mensual” que el Gobierno entregó a la Junta de Control Fiscal en mayo, 16 de estos nombran a un consultor externo, en su mayoría del equipo de Filsinger, como la persona a cargo de implementar el proyecto, o “project manager”. Los informes detallan la implementación de medidas requeridas bajo el plan fiscal de la AEE.
La Junta decidió no responder una petición del CPI sobre si la AEE atendió las preocupaciones que el ente rector manifestó en el 2018 en torno al rol y poderes de Filsinger en la AEE.
Se paga doble por consultoría
La Junta de Control Fiscal, por su parte, no tiene problemas con el gasto de la AEE en consultores privados.
“Durante el proceso de revisión del presupuesto, la Junta buscó asegurarse que las partidas destinadas a servicios profesionales y de consultoría externa fueron solamente aquellas necesarias para que la AEE pueda proveer servicio eléctrico, implementar las reformas detalladas en su plan fiscal y terminar la transición hacia un operador privado para su red”, reaccionó por escrito el ente creado por la ley federal PROMESA.
Tampoco tiene problemas con su propio gasto en consultoría relacionada a la AEE. Para este año, el presupuesto de la AEE incluye más de $30 millones en su propio grupo de consultores que trabajan temas de la corporación pública. El trabajo cubre muchas de las mismas áreas que cubren los consultores del Gobierno, incluyendo los esfuerzos de privatización, reestructuración fiscal y el caso de quiebra. La doble consultoría ocurre en momentos que el Gobierno y la Junta manifiestan consenso sobre hacia dónde debe dirigirse la AEE: a manos de entidades privadas.
El principal bufete del ente rector, Proskauer Rose, ha facturado $10.5 millones en poco más de dos años por trabajo relacionado a la AEE, mayormente en el caso de quiebra en el tribunal federal. McKinsey, la principal firma de consultoría de la Junta, ha facturado más de $10 millones por su trabajo con los planes fiscales y presupuestos de la corporación pública y asuntos relacionados al proceso de quiebra. Citi, como los banqueros de inversión, asesora en la reestructuración de la deuda de la AEE y lleva más de $4 millones en año y medio.
Un acuerdo preliminar entre un grupo de bonistas y la corporación pública espera por la aprobación de la jueza Laura Taylor Swain, quien atenderá el asunto durante una vista en octubre. El arreglo cuenta con el apoyo del Gobierno, mientras que la UTIER y otras entidades no gubernamentales como IEEFA se oponen. La aprobación de este acuerdo tentativo significa más tiempo y horas trabajadas a tarifas astronómicas, advirtió recientemente el examinador de facturas a la jueza a cargo del proceso de quiebra bajo el Título III de la ley federal PROMESA.
