Por Luisa García Pelatti
Tras la aprobación, por parte de la Legislatura, del proyecto para la Revitalización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el cual le brindaba un mecanismo a esta corporación pública para reestructurar su deuda, comienza para la AAA un largo proceso. El proyecto incluye un proceso de validación que puede durar 200 días, por lo que mientras tanto se solicitará un financiamiento interino. La agencia espera salir al mercado a mediados de agosto.
Alberto M. Lázaro Castro, presidente ejecutivo de la AAA, en declaraciones a los medios de comunicación, señala que confía en que no haya “ningún reparo” y el proyecto se convierta en ley lo antes posible. Explica que el proyecto que finalmente aprobó la Legislatura es “muy similar a lo que quería el representante Rafale “Tatito” Hernández. La medida contempla una emisión de $900 millones para el Plan de Mejoras Capitales y para pagar la deuda de $150 millones a los contratistas.
“Esto nos dará las herramientas y la oportunidad que queríamos para ir a los mercados”, dijo Lázaro, que insiste en que aunque “en estos momentos no hay que hablar de aumento tarifario, tampoco tenemos el financiamiento”.
“La cuesta de frente es muy empinada”, comentó en referencia al trabajo que queda pendiente antes de obtener el financiamiento necesario. El proceso de validación puede durar alrededor de 200 días, por lo que mientras tanto buscan obtener un financiamiento interino, que podría ser un préstamo puente o un crédito. “Hemos tenido discusiones (sobre el financiamiento interino) pero en este momento todavía está un poco prematuro”, explicó el presidente de la AAA.
“Hay mucha gente ansiosa por saber qué va a pasar con la Junta de Control Fiscal y Promesa y cómo eso va a afectar o ayudar a estos financiamientos, no solo el de la AAA. Así que obviamente yo esperaría que la Junta de Control Fiscal, en su momento, emita una opinión de que la AAA no tiene que ir a la Junta o emita una opinión de que tiene que venir. Eso va a ser positivo, en ambos casos, para que podamos recibir el dinero que solicitamos”, aclaró.
La deuda junior de la AAA está en manos de dos agencias federales: Rural Development del Departamento de Agricultura federal ($390 millones) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés, $550 millones).
Esta semana, la AAA llegó a acuerdos de indulgencia con esas agencias. El acuerdo permite postergar durante unos meses los pagos: tres meses (en el caso de Rural Development ) y seis meses (en el caso de la EPA).
Lázaro, cuyo nombramiento es hasta el 2019, espera que este proceso tenga continuidad más allá del resultado de las elecciones en el mes de noviembre. “Continúe frente a la AAA o no, hay continuidad. Hemos podido establecer planes de secesión que den continuidad a la gestión y eso da certeza a los inversionistas”.
En el mes de febrero, la AAA dejó de hacer los depósitos mensuales ($18 millones) para el pago de la deuda garantizada de la corporación pública que se vence el 1 de julio. La deuda senior asciende a $3,400 millones. Para esa fecha en la cuenta habían $6 millones. Se pagaron $1.4 millones a Rural Development y otros $1.4 millones a una deuda del 2004 (refinanciamiento de bonos). Esta última deuda está en manos de inversionistas individuales puertorriqueños.
La AAA lleva casi dos años tratando de sacar una emisión de bonos de $750 millones. En febrero, el Fondo de Estabilización Tarifaria, que tenía $90 millones, se utilizó para pagar las líneas de crédito con los bancos, que decidieron no renovar los créditos.
Desde abril de 2015, y por su incapacidad de emitir bonos en los mercados de capital, la AAA suspendió su Plan de Mejoras Capitales, lo que representó la paralización de 55 proyectos ya en construcción, que suponían una inversión de $352 millones. También paralizó 86 proyectos que se encontraban en su etapa de diseño y subasta que representaban una inversión de $247 millones. En octubre de 2015, la AAA dejó de cumplir con el pago por trabajos -ya realizados, aprobados y certificados-, acumulando así una deuda de $150 millones con contratistas y suplidores.
