Por redacción de Sin Comillas
Después de que personas encontraron en Ponce un almacén lleno de suministros de primera necesidad sin repartir desde tiempos del huracán María, Kilómetro Cero exigió que se detenga la criminalización de las acciones ciudadanas de supervivencia y reivindicación de justicia de personas vulnerables y con necesidades básicas a raíz de la emergencia por los sismos en el sur del País. La organización también anunció que publicó un cuestionario en su lugar web (www.kilometro0.org) para documentar casos de personas que hayan sido víctimas de exceso de uso de fuerza por agentes de ley y orden durante la emergencia decretada en enero 2020 debido a la actividad sísmica en el País.
“Lo que estamos viendo en los almacenes de suministros escondidos y que ahora son custodiados por agentes armados es un Gobierno (incluyendo el federal) que aborda las emergencias con pánico policiaco, como si fueran un momento de peligro social en lugar de vulnerabilidad y necesidad extrema”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero. “El País necesita vivienda, auxilio, protección, catres, alimentos AHORA y el Estado responde con represión, impidiendo que la gente obtenga lo que en justicia le corresponde e intentando provocar miedo y desincentivando la expresión y movilización de aquellos que levantan los reclamos de justicia, compasión y rendición de cuentas gubernamental de todo un País”.
La organización enfatizó que acusar a la ciudadanía de escalamiento, “saqueo” y negarle su derecho a sus suministros de emergencia es un acto oficial de represión y violación a la dignidad y a otros derechos humanos básicos como la alimentación, la salud y la vivienda.
“Lo que hicieron los residentes del sur en el día de ayer se llama acción ciudadana, se llama supervivencia, justicia y reivindicación del pueblo ante un gobierno criminal que deja a su gente morir y pasar necesidades básicas a semanas de una emergencia”, dijo Mari Narváez. “Por el contrario, fue impresionante la entereza de las personas que llegaron ayer a ese almacén. En cualquier parte del mundo, en una situación extrema como esta, la gente se hubiese llevado todo sin organización alguna. Allí la preocupación de todos era cómo hacerle llegar al pueblo lo que es suyo y el Estado, por vía de la Policía, lo que hizo fue volver a negarle a la gente un catre, un toldo, una caja de agua. Los testimonios de personas necesitadas salieron en vivo durante la transmisión cívica por redes sociales. ¿Quién acusará a los responsables del crimen y la negligencia crasa de esconder suministros bajo dos emergencias?”
Kilómetro Cero monitoreará acciones de agentes federales con poderes extraordinarios bajo la emergencia
La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, firmó hace días la Orden ejecutiva 2020-004 que le permite solicitar la activación de cualquier tipo de oficiales federales de ley y orden que ayuden a “responder” a la emergencia en Puerto Rico.
“Estos “Cuerpos de paz” compuestos por agentes armados, sin duda parten de una lógica que sugiere que las emergencias por desastres naturales implican un aumento en los peligros para la seguridad pública, noción que no está apoyada en el análisis de datos de experiencias pasadas, sobre todo en el caso de Puerto Rico. Esta idea también puede provocar dobles y triples victimizaciones para personas que ya atraviesan traumas debido a su vulnerabilidad ante desastres naturales”, dijo Mari.
Con esta activación, los funcionarios federales podrán actuar con poder legal extraordinario, más allá del ámbito federal en el que cada uno se destaque. Tendrán los mismos poderes de ley y orden que la Policía, incluyendo delitos estatales graves, menos graves, faltas administrativas, etc. Al momento se desconoce qué agencias federales exactamente se han solicitando activar, información que el Gobierno debe de proveer al País cuanto antes.
“La orden ejecutiva de Vázquez Garced es sumamente vaga y hay incluso serios cuestionamientos sobre su legalidad pues, según una opinión del Departamento de Justicia federal que incluimos en este envío, los llamados ‘Cuerpos de paz’ solo pueden activarse mediante legislación y ese no ha sido el caso. Por el momento, sin embargo, es importante que la ciudadanía sepa que estos oficiales federales que hayan sido activados solo tienen poder estatal para intervenir en asuntos estrictamente relacionados a la emergencia. Kilómetro Cero está colaborando en el monitoreo y documentación de estas intervenciones problemáticas o ilegales y aboga por el respeto de la integridad física, las libertades civiles, la dignidad y los derechos humanos de las personas vulnerables durante esta y cualquier otra emergencia”, explicó la Directora ejecutiva de la organización cívica.
Dentro del gobierno federal hay varias agencias con poder de arresto, como el FBI, los US Marshalls, la DEA, el Servicio Secreto, el Negociado de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), los investigadores postales, los oficiales de correcciones, la Guardia Costera, los US Park Rangers, la Patrulla Fronteriza (Border Patrol y ICE) y la Policía Militar (MP). Personal y recursos de estas agencias puede ser activado cuando un gobierno local decreta un estado de emergencia y solicita apoyo del gobierno federal porque sus recursos no sean suficientes. Las leyes Stafford y EFLEA permiten la activación de agentes de ley y orden federal durante emergencias.
Dotar agentes de ley y orden federal con autoridad legal para efectuar arrestos bajo delitos cobijados en leyes estatales no es un tema nuevo. Sin embargo, aún trae consigo grandes problemas de ejecución. Los integrantes del Cuerpo podrán ser agentes de cualquier agencia federal que faculte a sus funcionarios a portar armas y arrestar ciudadanos en el cumplimiento de sus funciones. Al “Cuerpo de Paz” se le concederá la capacidad de arrestar por delitos tipificados en leyes estatales y serán juramentados, nombrados y designados por el Secretario de Seguridad Pública. La creación de este cuerpo también se intentó legislar en ambas cámaras durante el 2017 pero los proyectos no prosperaron.
¿Qué posibles situaciones nos preocupan?
1. ¿Qué funcionarios federales ya han sido activados o van a activar para otorgar estos poderes tan amplios? ¿Qué adiestramiento tienen estos oficiales en asuntos vitales para intervenir con la ciudadanía como son el uso de fuerza, desalojos de personas en terrenos rescatados u otras propiedades privadas, protestas o ejercicios de expresión?
¿Qué adiestramiento han recibido estos funcionarios? ¿Qué adiestramiento tienen en manejo de emergencias, en intervenciones en crisis y trauma, en uso de fuerza? Oficiales que no tienen siquiera los adiestramientos mínimos que tiene la Policía pueden ser un peligro tremendo para la ciudadanía y en medio de una situación extremadamente volátil como la que estamos viviendo, fácilmente pueden provocar dobles y triples victimizaciones.
2. Aquí pudieran entrar funcionarios federales de Homeland Security (ICE). Regularmente, ICE no puede hacer la detención inicial de una persona por delitos estatales, lo que casi siempre ocurre es que la policía estatal hace la detención por delitos estatales (ej. tránsito), y luego de esa detención inicial, si identifican que la persona es indocumentada, la mantienen detenida y llaman al ICE. Con esta orden ejecutiva, los funcionarios de Homeland Security podrían realizar cualquier arresto por un delito estatal, e incluso asumir cualquier función como si fueran policías estatales. Esto es un peligro absoluto para los inmigrantes, peor aún si son inmigrantes refugiados.
3. También nos preocupa el énfasis en la Orden Ejecutiva sobre la seguridad de propiedades privadas. Esto se prestaría para intervenir en espacios privados que hayan sido rescatados por personas que buscan refugio fuera de sus hogares o que estén siendo ocupados por no-dueños. Esto puede amenazar no solo la supervivencia en un momento muy difícil, como ocurrió ayer en Ponce sino también el derecho a la vivienda post emergencias.
4. ¿Qué pasará durante las protestas que ya están surgiendo a raíz de todo lo ocurrido? ¿Podrán estos oficiales intervenir con manifestantes? Entendemos que no sería justificado pero es muy posible que el Ejecutivo pretenda utilizarlos para ello. Ya tenemos el precedente nefasto de haber activado a guardias de Corrección durante las protestas de Verano 2019 y los efectos fueron sumamente violentos y afectaron seriamente la integridad física de decenas de manifestantes, como pudimos documentar.
Kilómetro Cero es una organización sin fines de lucro que aspira a un Puerto Rico en que el Estado proteja la vida humana, la libertad y la dignidad, con el objetivo de lograr una sociedad más democrática y justa. La organización desarrolla proyectos que impulsan el poder ciudadano en las áreas de uso de fuerza del Estado, libertad de expresión y respuesta a la violencia de género.
