El fraude por el que el Municipio de San Juan cobró sobre $11 millones bajo el pretexto de conservar tierras permanece impune.

Por Eliván Martínez Mercado | Centro de Periodismo Investigativo @elivanmartinez

El Departamento de Justicia nunca investigó ni planifica investigar el impuesto secreto del exalcalde de San Juan, Jorge Santini, uno de los escándalos de cobros ilegales de dinero y de destrucción de tierras más importantes en la historia de la capital de Puerto Rico, que hasta ahora queda impune.

“Justicia le está tirando la toalla a los de ellos. Y el pueblo, que se fastidie”, opinó Rina Landrau, residente del sector Buena Vista-Santurce, cerca del Caño Martín Peña, un emblemático vecindario de escasos recursos y falta de justicia social, en San Juan. Landrau es una de las más de 1,000 personas, entidades públicas y privadas, con y sin fines de lucro que fueron obligadas a hacer pagos para un alegado Programa de Transferencia de Derechos de Desarrollo (TDD), cuando pidieron un permiso de construcción en el Municipio. Entre 2003 y 2012, la administración Santini recaudó así sobre $11 millones de dólares bajo la falsedad de que iba a conservar casi 700 propiedades privadas de valor ecológico. Pero todas esas tierras terminaron sin protección. Gran parte acabó albergando construcciones o segregada, y una hasta fue convertida en una cantera, como demostró una serie del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

El 28 de junio de 2018, el Departamento de Justicia (DJ) recibió un informe especial hecho por la contralora, Yesmín Valdivieso, sobre su investigación del Programa de TDD. Valdivieso indica que Santini implantó un impuesto contrario a la ley y que no se sabe en realidad a cuánto asciende el dinero cobrado. La Oficina del Contralor tardó cinco años en llegar prácticamente a la misma conclusión que ya estaba en la investigación del CPI, publicada en 2012.

Valdivieso recomendó a la actual administración de San Juan que, de implantar nuevamente el Programa de TDD, no repita errores del pasado. La contralora no hizo un referido a Justicia sobre la posibilidad de un acto criminal. Ni atribuyó la responsabilidad al exalcalde Santini o a alguno de sus funcionarios.

El programa de TDD, si se hubiera implantado como establece la Ley de Municipios Autónomos, debía propiciar el crecimiento urbano ordenado y a la vez recompensar a los dueños de terrenos de valor natural, agrícola, histórico, cultural o arqueológico. Se trata de un programa voluntario entre individuos que quieren construir y otros que quieren conservar. Esta herramienta de planificación permite a una persona hacer una construcción que sobrepase la altura de las edificaciones que se permiten en un área urbana. A cambio, quien construye tiene que pagarle a los dueños de tierras en otras áreas, que reciben este dinero como compensación a la vez que ellos se comprometen a no construir en estas. De ese modo se completa la llamada Transferencia de Derechos de Desarrollo (TDD).

Pero el Municipio de San Juan comenzó a cobrarle a todo el que pedía un permiso de construcción, sin implantar el programa de forma correcta y sin que hubiera una transferencia real entre ambos individuos, y así se constituyó el impuesto secreto de Santini.

La sucesión de hechos en la cadena de las agencias de gobierno responsables de fiscalizar que esto no quede impune habla por sí sola.

En 2013, tras la salida de la administración de Santini, el secretario de Justicia de entonces, Luis Sánchez Betances, confirmó que había recibido una solicitud de investigación de parte de la entrante Legislatura Municipal de San Juan. El exfiscal Alberto Valcárcel, director de la División de Integridad Pública del DJ, sostuvo ante este medio que su agencia esperaría a que la contralora, que también había recibido la solicitud de investigación, terminara su informe.

Sin haberlo recibido, el DJ cerró en 2016 el expediente sobre el programa del TDD, descubrió el CPI al indagar con la oficina de prensa de la agencia, que no quiso dar explicaciones al respecto. Finalmente, Valdivieso terminó el informe en junio de 2018 y lo refirió al DJ. “A la secretaria de Justicia le toca determinar si tiene que hacer algo adicional”, dijo Valdivieso al CPI.

El 10 de agosto de 2018, la Legislatura Municipal emitió una resolución para solicitar al DJ tomar acción sobre el informe de la contralora y fijar responsabilidades civiles y criminales, si algunas, de funcionarios que hayan estado relacionados al impuesto secreto de Santini. Justicia confirmó al CPI, el 11 de septiembre de 2018, que no va a investigarlo.

“Entendemos que no existe una causa de acción de naturaleza criminal que requiera la intervención del Ministerio Público”, sostuvo en declaraciones escritas la directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del DJ, Mibari Rivera Sanfiorenzo. La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, no accedió a una solicitud de entrevista con el CPI. Vázquez ha sido recientemente cuestionada por su negativa a investigar la desaparición de vagones con suministros de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), que nunca llegaron a los damnificados del huracán María.

Es decir, el DJ dependió únicamente de una auditoría tardía, limitada y sin garras de la contralora y nunca hizo una investigación propia, a pesar de haber recibido los referidos para hacerla, y demostró poca voluntad de rendición de cuentas al haber cerrado los expedientes sin que la contralora terminara su pesquisa.

¿Por qué no evaluaron la destrucción de tierras? “Porque, desde el punto vista de nosotros, el TDD no operó en el Municipio”, alegó Valdivieso. “Todo esto a lo que llamaban TDD en realidad fue una contribución adicional que puso el Municipio que nosotros cuestionamos si el Municipio tenía el poder o no de imponer. Le puedes decir TDD a lo que quieras. Pero allí no hubo TDD, excepto en papel. No pasó lo que tenía que pasar. Encontramos que, por el contrario, no sólo el TDD estaba solo en papel, sino que la querella hacia donde se dirigía era a determinar qué pasó con este dinero. Eso fue lo que fuimos a buscar y no lo pudimos identificar”.

El Plan de Ordenación Territorial de 2003 del Municipio de San Juan identificaba 2,821 cuerdas, con sus números catastrales, en los barrios de Quebrada Arenas, Caimito, Cupey y Tortugo, en áreas rurales al sur de la capital, para ser incluidos de forma voluntaria en el Programa de TDD, ante el desparramamiento urbano, la deforestación y el mal manejo de los recurso de agua. Tanto la contralora como Justicia ignoraron la importancia de rendir cuentas sobre el incumplimiento de la conservación ambiental, que era el objetivo principal del programa de TDD.

Cuando hablaban de este alegado programa, pocos entendían. Rina Landrau fue a solicitar un permiso de construcción para cambiar un techo de madera por uno de cemento, y le obligaron a pagar $2,050 por los alegados TDD. El certificado que le expidieron decía que el dinero se iba a depositar en la cuenta #030402719 del Banco Popular. Era falso. El CPI encontró en su investigación que esta cuenta no estaba activa.

“Aunque los empleados del Municipio no usaron esa cuenta, no necesariamente es un delito criminal. Como no puedo decir que es algo criminal, no puedo decir que esta gente es culpable”, insistió Valdivieso. La investigación que hizo su entidad sólo puede dar fe de que parte del dinero se depositó en el fondo general del Municipio y que no se puede determinar en qué se usó. “No es un desvío de fondos públicos”, alegó.

A falta de acción de la Oficina del Contralor y de Justicia, a las víctimas del impuesto secreto de Santini les queda ir al tribunal para que el Municipio de San Juan les devuelva el dinero. Esto hasta ahora no ocurrido.

Según un documento municipal que detalla pagos del TDD, obtenido por este medio, el cobro ilegal también lo tuvieron que pagar personas de la élite económica como el inversionista Cyril Meduña ($1,400 dólares), así como proyectos de construcción en el corazón de la capital, como los famosos edificios Ciudadela (más de medio millón de dólares en pagos a la capital).

Los residentes de zonas con necesidad económicas como Landrau son el símbolo de esta estafa, porque tuvieron que desembolsar el poco dinero que tenían para obtener el permiso para levantar un techo seguro.

“Todavía tengo los papeles del pago de TDD en mis manos. Estoy dispuesta a ir a donde sea si hay una demanda de clase”, dice Rina Landrau. “Suerte que cambié el techo de madera porque si no me lo hubiera llevado el huracán”.