David Skeel, presidente de la Junta de Control Fiscal. (Foto: Sin Comillas)
Por redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal radicó una demanda contra el Gobierno de Puerto Rico para prohibir que se ejecute y para que se anule la Ley 7-2021, conocida como Ley de “Retiro Digno”. El Gobierno aprobó la Ley 7 el 9 de junio de 2021.
Según la Junta, esta ley crearía miles de millones de dólares en nuevas obligaciones de pensión del gobierno; ataría las manos del actual y de futuros gobierno; prohibiría la cooperación del Gobierno con el Plan de Ajuste; y reasignaría cada dólar del servicio de la deuda (de la reestructuración de la deuda) a un nuevo Fideicomiso de Pensiones.
“La política pública de mi administración siempre ha sido clara en cuanto a los recortes a las pensiones de los retirados del Gobierno de Puerto Rico. Mi compromiso es proteger y honrar las pensiones”, comentó en declaraciones escritas el gobernador Pedro Pierluisi. “Firmé la Ley de Retiro Digno para reiterar mi posición en cuanto al sistema de pensiones del gobierno. Reconozco que la ley tiene disposiciones que son significativamente inconsistentes con el Plan Fiscal Certificado y que hay una controversia con la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF) en cuanto a la viabilidad de la misma”.
Pierluisi explica que, en una carta a la Junta, pidió tiempo para buscar “alternativas fiscalmente responsables que aseguren los pagos a nuestros pensionados actuales y garanticen una pensión justa a los empleados que laboran en el gobierno desde antes del año 2000, quienes contaban con un compromiso de una pensión definida”.
“Entiendo que no es necesario litigar en este momento y así lo haremos saber al tribunal. Al mismo tiempo, me voy a continuar enfocando en buscar las soluciones a esta controversia que protejan a nuestros pensionados y que sean fiscalmente viables. Seguiré el curso de trabajo para presentar las medidas legislativas necesarias y resolver esta controversia en beneficio de Puerto Rico y su gente”, añadió el Gobernador.
“La Ley 7 le hace la falsa promesa de un ‘retiro digno’ a los empleados retirados del gobierno mediante mayores beneficios que Puerto Rico no puede pagar”, dijo el presidente de la Junta, David Skeel. “La Ley 7 resulta en todo lo contrario a un ‘retiro digno’; pondría en peligro los beneficios de retiro en el futuro, ya que la ley no puede ni podrá financiar adecuadamente lo que promete. Puerto Rico permanece en una crisis fiscal y la implementación de la Ley 7 descarrilaría el progreso logrado en alcanzar una reestructuración de deuda consensuada, prolongaría la bancarrota, resultaría en inestabilidad fiscal y retrasaría la recuperación”.
Según la Junta, “la ley establece un nuevo Fideicomiso de Pensiones que probablemente resultará insolvente para el 2053, y posiblemente mucho antes. La ley 7 revierte además las políticas de pensiones de los gobiernos anteriores, que fueron diseñadas para promover la sostenibilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital, regresándonos así a la mala administración fiscal que resultó en niveles insostenibles de deuda y la bancarrota de Puerto Rico. La ley restablecería los planes de beneficios definidos fallidos del pasado, en efecto, eliminaría el actual sistema PayGo y las cuentas de contribución definida implementadas por la Ley 106-2017.
La Junta advierte que la ley aumentaría la deuda de las pensiones del Gobierno en unos $17,000 millones hasta el año fiscal 2049, y propone pagarlo al desviar los fondos designados para el servicio de la deuda sin demostrar que dichos fondos serán suficientes para satisfacer estas obligaciones. Por lo tanto, es inconsistente con el mandato de PROMESA para que Puerto Rico logre la responsabilidad fiscal.
La Ley 7, opina la Junta, intenta además dictar los términos de un plan de reestructuración de la deuda que invalidaría el acuerdo consensuado propuesto por la Junta de Supervisión para reducir la deuda de Puerto Rico de $35,000 millones a $7,000 millones y ahorrar a Puerto Rico casi $60,000 millones en pagos del servicio de la deuda al prohibir que el gobierno haga uso de recursos para ayudar a alcanzar y hacer posible cualquier plan de ajuste que difiera de los requisitos de la Ley.
“Durante cuatro años, la Junta de Supervisión, el gobierno de Puerto Rico, los retirados y los acreedores han estado negociando para llegar a un acuerdo consensuado que permitiría a Puerto Rico salir de la bancarrota”, dijo por su parte Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta. “Esta ley descarrilaría ese progreso y podría resultar en años de estancamiento y litigios. La Ley 7 no le conviene a nadie, ni a los trabajadores gubernamentales retirados ni a los puertorriqueños que trabajan con ahínco”.
Por último, la Junta explica que la Ley es incompatible con las disposiciones de PROMESA, las cuales otorgan a la Junta la autoridad exclusiva para proponer o modificar un plan de ajuste. También obstaculiza la capacidad de la Junta de proporcionar un método para que Puerto Rico logre la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital.
La demanda es en contra del gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia; la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF); el presidente del Senado, José Luis Dalmau; y contra el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez.
