Por redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal anunció que aprobó y certificó la radicación en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico de una petición voluntaria bajo el Título III de PROMESA para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
José Carrión, presidente de la Junta, dijo que el organismo determinó que era necesario y apropiado que el Gobierno de Puerto Rico radicara dicha petición voluntaria bajo el Título III de PROMESA para proteger a los residentes de Puerto Rico, al igual que los intereses de sus acreedores, en vista de la expiración a la media noche del lunes de la moratoria contra litigios dispuesta en PROMESA.
Carrión enfatizó que esta radicación bajo el Título III no debe precluir esfuerzos para continuar las negociaciones para la restructuración voluntaria de la deuda y buscar acuerdos consensuados con los acreedores. “La Junta de Supervisión sigue pensando que las negociaciones consensuadas, en la medida que sean posibles, son preferibles y las continuará con todos los grupos de acreedores que estén dispuestos a ello. Esta radicación no representa el final de esas discusiones”, dijo Carrión.
El presidente de la Junta explicó que el Plan Fiscal certificado del Gobierno, además de reformas estructurales dirigidas a aumentar la participación de la fuerza laboral y propiciar el crecimiento económico, contiene ya sustanciales recortes de gastos y aumentos de ingresos en un esfuerzo de balancear estructuralmente el presupuesto y maximizar los fondos disponibles para el servicio de la deuda. Pero los problemas de liquidez y solvencia del Gobierno son enormes y el Título III es ahora necesario para proteger al pueblo de Puerto Rico y evitar un impacto negativo a la economía aun mayor como resultado de una avalancha de litigios y continua incertidumbre.
Bajo PROMESA, el Gobierno, con el apoyo de la Junta, ha propiciado negociaciones voluntarias y mediación en un esfuerzo de llegar a acuerdos consensuados con sus acreedores. Pero la expiración el lunes por la noche de la moratoria contra litigios dispuesta en PROMESA hace al gobierno y sus entidades vulnerables a litigios por parte de sus acreedores.
La radicación voluntaria bajo el Título III precluiría dichos litigios mientras permitiría que negociaciones consensuales continúen.
En sus resolución aprobando y certificando la radicación bajo Título III, la Junta especifica cómo la misma cumple con los requerimientos de PROMESA para dicha radicación, incluyendo la determinación de la Junta de que el Gobierno hizo esfuerzos de buena fe para llegar a una reestructuración consensuada con sus acreedores, adoptó los procedimientos necesarios para presentar puntualmente estados financieros auditados e hizo públicos borradores de estados financieros y otra información suficiente para que cualquier persona interesada pudiera hacer una decisión informada con respecto a una posible restructuración, entre otros.
“La Junta de Supervisión toma esta acción únicamente para cumplir con su propósito, según dispuesto en PROMESA, de proveer un método para que el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades puedan alcanzar la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital”, concluyó Carrión.
