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Por redacción de Sin Comillas
El Instituto de Estadísticas radicó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para que se ordene al Secretario de Salud y a la Directora del Registro Demográfico a cumplir con la Orden de Requerimiento de Información Núm. 2018-17 emitida por el Instituto para implantar la Resolución 2018-03, aprobada por la Junta de Directores del Instituto el pasado 24 de abril.
Según expone la demanda, el cuerpo rector del Instituto determinó y ordenó en la Resolución 2018-03, entre otras cosas, lo siguiente:
- Que como medida de transparencia, el Registro Demográfico deberá comenzar a divulgar un conjunto de datos, que contenga información preliminar desde 2017, y actualizada diariamente, sobre las muertes según se vayan registrando, en el Portal de lnterconexión de Datos Abiertos de Puerto Rico: http://www.data.pr.gov o su sucesor.
- Que el Departamento de Salud deberá poner al día el Informe Anual de Estadísticas Vitales: completar capítulos de nacimientos desde 2011 y publicar el referido Informe para los años 2015 y del 2016.
Tras la aprobación de la mencionada Resolución, el Instituto emitió y dirigió una Solicitud de Información y, posteriormente, la Orden de Requerimiento de Información Núm. 2018-17 al secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado y a la directora del Registro Demográfico, Wanda del C. Llovet Díaz, para obtener la información necesaria que permita implantar y poner en vigor la Resolución 2018-03.
“A pesar de ello, tanto el Secretario de Salud como la Directora del Registro Demográfico han hecho caso omiso… La omisión de ambos funcionarios ha provocado que, a esta fecha, el Departamento de Salud esté en incumplimiento con su obligación de entregar los datos e información estadística que el Instituto le ha requerido”, establece la demanda. “El Instituto acude ante este Honorable Tribunal, a tenor con las disposiciones de su Ley Orgánica, para que se ordene con urgencia al Secretario de Salud y a la Directora del Registro Demográfico a cumplir cabalmente… so pena de desacato civil”, señala el recurso legal.
Por su parte, el director ejecutivo del Instituto, Mario Marazzi Santiago, expuso: “Estamos usando nuestra autoridad en ley para procurar que nuestro gobierno haga el mejor uso de la tecnología, que ya tiene a su disposición, para que sea más abierto y oportuno en la publicación de sus datos de mortalidad”.
Agregó que de esa manera Puerto Rico estará mejor preparado para prevenir las muertes luego del próximo huracán, independientemente de la regularidad del servicio eléctrico. Esto, a su vez, permitiría que científicos en otras partes del mundo, con electricidad, puedan acceder los mismos, analizarlos y poner el conocimiento adquirido al servicio de la recuperación de un futuro huracán, de tal manera que se eviten muertes prevenibles.
“Habíamos anticipado que utilizaríamos nuestros poderes en Ley, de ser necesario, para hacer valer la Orden de la Junta de Directores del Instituto para implantar esta medida de transparencia. Luego de la experiencia vivida con el huracán María, y con la nueva temporada de huracanes comenzando, resulta urgente configurar los servicios públicos de información para que luego de un próximo huracán, fluya la información sobre las muertes que se van registrando en Puerto Rico de manera abierta”, dijo Marazzi Santiago.
