Por redacción de Sin Comillas
El Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, junto a organizaciones sociales, ambientales, estudiantiles, sindicales y profesionales anunció el inicio de una campaña en oposición al plan de ajuste de la deuda propuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF).
“Es importante que el pueblo conozca y entienda las terribles repercusiones que tiene este plan de ajuste de la deuda en el futuro de la isla. La JCF, sin una auditoría real e integral de la deuda, está proponiendo un nuevo plan de pago a los bonistas del gobierno central que pone en riesgo, no sólo las pensiones, sino el futuro de nuestro pueblo. No vamos a poder cumplir con el acuerdo de pago a los bonistas y el impacto real será más recortes a los servicios esenciales, el cierre de escuelas, municipios, oficinas gubernamentales, recintos de la universidad y el alza en el costo del agua, luz y peajes”, expresó Eva Prados Rodríguez, abogada y portavoz del Frente que agrupa distintas organizaciones.
Lo que propone la Junta como nuevo plan de pago a los bonistas, no es una salida real de la quiebra, explicó Prados Rodríguez. La portavoz del Frente hizo un llamado de pueblo a que las personas que tienen derecho al voto no apoyen el plan. “La Asamblea Legislativa y el Gobernador dieron el paso correcto con la aprobación de la Ley por un Retiro Digno para exigir otra salida a la quiebra y es importante que ahora el pueblo también se exprese en contra. Este nefasto plan de ajuste, no sólo afecta a los que tienen derecho al voto, sino que tendrá consecuencias detrimentales en el presente y en el futuro del país”, manifestó, por su parte, Justo Méndez.
Las organizaciones convocaron a “Marcha por un futuro digno: No al Plan de Ajuste de la Deuda” el próximo martes, 13 de julio, cuando la jueza que atiende el caso de quiebra del gobierno, Laura Taylor Swain, decidirá si inicia el proceso de votación para que los acreedores decidan si aprueban el plan de ajuste de la deuda. En este proceso votarán miles de personas, entre bonistas, pensionados, trabajadores públicos y otros acreedores no asegurados del gobierno.
Prados Rodríguez sostuvo que el argumento de la Junta de que su plan logra un recorte de 61% de la deuda es falso pues, al otorgarle un adelanto de $7,000 millones en efectivo a los “fondos buitres”, esa reducción sería en realidad de entre un 19% y 23%. A eso se añade que la Junta desistió de solicitarle a la jueza Taylor Swain que declarara ilegal unos $12,000 millones en bonos emitidos.
“Lo que la Junta está garantizando con estos acuerdos es la posibilidad real de una segunda quiebra”, dijo el planificador José “Tato” Rivera Santana. “Este es un acuerdo insostenible de pagar, con condiciones demasiado favorables e irreales para los bonistas y con graves consecuencias para la disponibilidad de recursos económicos para servicios de salud, seguridad, educación, cultura, carreteras, además de seguir debilitando a nuestro principal centro educativo, la Universidad de Puerto Rico”, añadió Rivera Santana.
Entre las organizaciones que se unen a la campaña están el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Colegio de Profesionales de Trabajo Social, Central Puertorriqueña de Trabajadores, Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico, ÚNETE, Vamos de Puerto Rico, Ayuda Legal Puerto Rico, Sembrando Sentido, El Puente-Enlace Latino de Acción Climática, Toabajeños en Defensa del Ambiente, Organización Boricua de Agricultora Ecológica de Puerto Rico, Asociación de Supervisores y Gerenciales de la UPR, Vueltabajo Teatro/Taller Libertá, Diáspora en Resistencia, Caminando la Utopía, Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios del Género (CIIEG), Red Feminista de Investigación y Educación de Género y Movimiento Solidario Sindical, entre otras.