Por redacción de Sin Comillas 

La Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) presentó sus reservas sobre el Proyecto del Senado 400 que busca poner en manos de la Asociación de Productos de Puerto Rico la autoridad de usar o autorizar de manera exclusiva, el uso independiente de la marca ‘Hecho en Puerto Rico’, poder que debería permanecer en manos del Estado y no de una entidad privada.

Jaime L. García, director ejecutivo de la AIPR, expresó su reserva a la medida en una documentada ponencia ante la Comisión de Cooperativismo, Pequeñas y Medianas Empresas y Micro Empresas del Senado, en donde explicó los riesgos de entregar los derechos de la marca a una organización privada, y en la cual hizo recomendaciones concretas en torno a el desarrollo de lo que debería ser la marca de país

García expresó que “los propósitos del proyecto, aunque loables, pretenden poner en manos de la Asociación de Productos de Puerto Rico poderes que le pertenecen claramente al Estado y no deben ser delegados. Más aún propone asignarle a la Asociación recurrentemente $250,000 del Fondo General para sus gastos. Pudieran muy bien argüir las otras organizaciones sin fines de lucro, como la Asociación de Industriales, Cámara de Comercio, MIDA y otros, el mismo tratamiento para asignación de fondos. Dudamos que las ya debilitadas arcas estatales puedan sufragar este impacto”.

García planteó además que la propuesta le confiere a la Asociación de Productos de PR la autoridad y consentimiento para aprobar la implementación de “Hecho en Puerto Rico” en campañas publicitarias, programas y otros esfuerzos que las entidades gubernamentales vayan a efectuar. La medida establecería que la marca Hecho en Puerto Rico le pertenezca a la Asociación, y “tendría derecho exclusivo de usar o autorizar su uso independiente” de la marca aunque esté registrada o no.

Según la el Director Ejecutivo de los Industriales, el proyecto de Ley sobre protección de marcas de Hecho en Puerto Rico iría sobre las disposiciones de la Ley de Marcas, ya que “Hecho en Puerto Rico” tendría bajo la Asociación de Productos las mismas protecciones que bajo los estatutos vigentes. Más allá la legislación concedería el derecho exclusivo a la Asociación de Productos de PR para usar o autorizar el uso fuera de Puerto Rico de la marca y limitaría el uso por las entidades gubernamentales u otras entidades, que previamente no soliciten el consentimiento de la Asociación.

Otro elemento delicado de la propuesta Ley es que “concede inmunidad a la Asociación de Productos de PR contra cualquier reclamación” en torno al uso de la marca.

García planteó en su ponencia que “el esfuerzo de crear una “marca país” es uno de los principios que ha promovido la Asociación de Industriales como parte del plan de definir nuestra imagen y nuestro programa de promociones uniforme, amplia y permanentemente.  La Asociación de Industriales se opone a la aprobación del P. del S. 400 por entender que es contrario a derecho y que lejos de contribuir a crear una “marca país”, nos aleja de este objetivo.   La evolución de lo que es una “marca país” ha sido vertiginosa en los últimos quince años. Pretender estancarnos en las estrategias de hace medio siglo es ir en retroceso”.

Reiteró que la meta final para promover la Isla debe ser un esfuerzo conjunto tanto de las Asociaciones como el Gobierno de Puerto Rico, “para convertir la economía de la isla en una exitosa y de ventaja”.

El proyecto ha recibido comentarios no favorables además de otras entidades y corporaciones de gobierno, como la Compañía de Turismo, Departamento de Agricultura, MIDA y la Compañía de Comercio y Exportación.

La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución (MIDA), recomendó varios cambios al Proyecto: que se aclaren los objetivos, se eliminen los productos agrícolas y servicios, se elimine su aplicación a la frase genérica “Hecho en Puerto Rico” y se elimine la aportación económica gubernamental o al menos se especifique su uso exclusivamente para sufragar los gastos de una campaña de publicidad.

Mientras el secretario del Departamento de Desarrollo Económico Alberto Bacó Bagué, adelantó que su endoso depende de que se encuentre la cantidad de $250,000 necesarios para cumplir con la medida  “Por tal motivo, nuestro endoso a esta medida queda supeditado a la posición del Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto en lo relacionado a la asignación de fondos; y a que subsane el requisito de aprobación que debe solicitar el Gobierno de la Asociación”.

Por otro lado  la secretaria del Departamento de Agricultura Myrna Comas Pagán, se opuso al proyecto. “Entendemos que el lenguaje de ambos artículos (5 y 10 de la medida) es sumamente amplio y abre la puerta para restringir la participación del sector público en asuntos fundamentales relacionados al desarrollo económico de país, en particular la capacidad del Departamento de Agricultura de promover el desarrollo agrícola del país”.