Por redacción de Sin Comillas
La Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) se opuso a la aprobación de las enmiendas al arbitrio a las corporaciones foráneas para regresar la Ley 154 a la tasa de 4% por cinco años más.
“Resolver el problema fiscal de Puerto Rico a corto plazo, afectando el desarrollo económico del país a largo plazo es inaceptable. Sabemos que el problema fiscal es crítico, pero no podemos afectar el potencial de desarrollo económico y de bienestar de nuestros residentes coartando las posibilidades de crecimiento del sector que más aporta al producto interno bruto del país- la manufactura, destacó la presidenta de los Industriales”, dijo Waleska Rivera, presidenta de la AIPR.
Los decretos son un contrato entre el gobierno y las empresas, indicó la presidenta de los Industriales. A tales efectos, no deben estar sujetos a cambios y fluctuaciones de tiempo en tiempo por circunstancias ajenas a la responsabilidad de la industria. “Con estas determinaciones se lacera la credibilidad de hacer negocios en el país ya que las empresas hacen su planificación a largo plazo basado en el valor, la seriedad de las negociaciones y estado legal para hacer negocio. Cualquier cambio en esto incluyendo fechas de efectividad trastorna dramáticamente la operación o planes de las empresas en Puerto Rico y las proyecciones financieras del año en curso. Un cambio de administración en el gobierno o cambios en políticas del Estado no pueden modificar las reglas de juego ya que hay una confianza depositada. Durante 50 años la estabilidad de lo contratado entre el gobierno y las empresas hoy afectadas no fueron vulneradas. Esta estabilidad fue la que logró que las empresas se establecieran en Puerto Rico para hacer negocios”, añadió.
Por otro lado la presidenta de los Industriales destacó que los costos de hacer negocios en Puerto Rico son mucho más altos que en otras jurisdicciones. Por esa razón, los incentivos son necesarios y una medida como la propuesta se convierte en un obstáculo y no un estímulo. Cualquier cambio incremental en contribuciones afecta la credibilidad de Puerto Rico para atraer inversiones y por ende la creación de empleos de valor.
La Asociación de Industriales dijo estar trabajando para identificar alternativas viables que contribuyan a resolver la crisis fiscal pero que no afecten el futuro desarrollo económico de Puerto Rico y su capacidad de atraer inversión.
“La imposición de la Ley 154, originalmente afectó la credibilidad de Puerto Rico ante las empresas multinacionales, por ser un cambio abrupto en las reglas de juego y por la manera como se impuso. En aquella ocasión el nivel del arbitrio iba bajando paulatinamente. En esta ocasión, el P. de la C. 741 y P. del S. 351 proponen un impacto mucho más fuerte ya que la propuesta es imponer un arbitrio fijo de un 4% por 5 años”, añadió.
“En nuestras reuniones con representantes del gobierno se recomendó que se estableciera un comité especial entre el gobierno y el sector privado que ofreciera soluciones concretas al problema fiscal del país. La medida propuesta da al traste con esa iniciativa de colaboración y esfuerzo conjunto por mejorar la situación del país y contradice lo que el propio Gobernador ha indicado en múltiples ocasiones de la necesidad de aunar esfuerzos de todas las parte”, explicó Rivera.
Agregó que propusieron establecer un memorando de entendimiento entre el gobierno y el sector privado para presentar a las casas acreditadoras en las reuniones que se llevarán a cabo en el mes de febrero. La sugerencia consistía en establecer un Memorando de Entendimiento (MOU) entre el Gobierno, la Asociación de Industriales y otros sectores estableciendo el compromiso de buscar soluciones y acciones para atender la situación fiscal del país. El MOU será remitido a las agencias acreditadoras (Moody’s Investors Service, Standard & Poors y Fitch) en o antes del 28 febrero- fecha prevista para la próxima calificación de los bonos del ELA, según la AIPR.
“Es evidente que el aumentar nuevamente las contribuciones a las empresas afecta negativamente la posición competitiva de las empresas establecidas en Puerto Rico y la posibilidad de atracción de nueva inversión. Las casas acreditadoras lo saben y esto tendrá un impacto negativo en la clasificación de los bonos del ELA”.
En su testimonio los Industriales destacaron que si ocurriesen cambios en la Ley 154, ello podría ocasionar que el Tesoro Federal (IRS) cuestione el mismo ya que evidencia la ineficiencia del Gobierno de PR pues tendría que enmendar o repensar el programa de incentivos que implantaron producto de la Ley 154. Este es un punto cardinal y estaría en peligro el desarrollo económico del país. Por otro lado, no todos los sectores afectados por la Ley 154, pueden deducir estos impuestos en los Estados Unidos por diversas razones y cada caso hay que atenderlo individualmente. Más aún, si la situación fiscal en Estados Unidos se deteriora, el IRS puede limitar más la reclamación del crédito.
La presidenta de los Industriales destacó se pensó en todo momento que la aprobación de la Ley 154, tendría el efecto de considerarse como una ayuda temporera para promover e implantar la reforma contributiva del 2010. Ahora se vislumbra enmendarla como un remedio permanente para atender la insuficiencia fiscal. O sea, lo que fue en su origen temporero ahora resulta ser otra causa o tema que requiere acción “temporera” para solucionar la crisis fiscal del país. En lugar de ayuda transitoria se perpetúa en un subsidio al Gobierno por parte de las empresas para encubrir la incapacidad del sector público de poner su casa en orden. Sin duda, para que este tributo no se considere un subsidio al gobierno, hay que considerar y establecer unas estrategias definidas que atiendan el problema estructural y la acción inmediata con acciones que puedan resultar antipáticas. El Gobierno no puede actuar distinto a como hace el sector privado.
Una distribución balanceada de la carga contributiva es fundamental para el futuro desarrollo económico de Puerto Rico. Proveer herramientas que alivien el bolsillo del trabajador asalariado es nuestro objetivo y nuestro compromiso. Es también nuestro compromiso el velar porque la carga fiscal se distribuya uniformemente entre todos de tal forma que podamos lograr dos objetivos; mejorar las finanzas públicas a la vez que promovemos el desarrollo económico.
“La imposición de este tributo atenta nuestro liderato económico. Hoy día no aprovechamos las ventajas de la relación con los Estados Unidos ni las crecientes oportunidades que nos ofrecen los mercados mundiales, particularmente Latinoamérica. Tenemos que reconocer las capacidades únicas que nos distinguen y capitalizar sobre éstas. También tenemos que trabajar en armonía con la Iniciativa Nacional de Exportaciones (NEP) de la Administración Obama, que busca duplicar las exportaciones americanas antes de 2014. Para esto, debemos concentrar nuestra estrategia de posicionamiento global en dos acciones fundamentales: Incrementar marcadamente la exportación de productos y servicios y crear nuevos productos exportables. Para lograr una inyección económica inmediata y para viabilizar nuestro proyecto económico a largo plazo, es preciso aumentar sustancialmente la inversión. Este proyecto de ley en nada abona a estas acciones y actúa en contra de fomentar la inversión. Sin aumentos en la inversión no hay crecimiento económico”, apuntó Rivera.
“Nuestro convencimiento es que las agencias acreditadoras– Standard & Poors, Fitch y Moody’s Investor Services, no tomarán como concluyente el recaudo previsto- en este caso el “excise tax” como la única fuente de recaudo para resolver la crisis fiscal por la cual atraviesa el Gobierno”, indicó Rivera.
“Una de nuestras principales preocupaciones es que se contempla resolver el problema fiscal del Gobierno imponiendo al sector que asume la carga mayor de la responsabilidad contributiva. Al día de hoy la aportación que hacen las corporaciones foráneas es alrededor de un 25% del ingreso del presupuesto general del ELA, buena parte de la cual es el resultado de la Ley 154, concluyó la titular de los Industriales”.
