Por Redacción de Sin Comillas

El Estudio de resiliencia de la red eléctrica de Puerto Rico y transiciones a energía 100% renovable (PR100), un esfuerzo de dos años dirigido por el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), con la colaboración de la Universidad de Puerto Rico Mayagüez y otras partes interesadas locales, se publicará a finales de este mes. El Centro para una Nueva Economía (CNE) analizó un resumen del estudio recién publicado y llegó a la conclusión de que ofrece muy poca información sobre las fuentes de financiamiento para la transición completa a un 100% de energía renovable para 2050.

El propósito de este Estudio es analizar e identificar posibles vías para que Puerto Rico alcance su objetivo de generar el 100% de su electricidad con fuentes de energía renovable para 2050.

Aunque el Estudio PR100, que no se publicará hasta finales de marzo, “es un análisis exhaustivo y bien pensado, llevado a cabo por un respetado grupo de partes interesadas, el Resumen ofrece muy poca información sobre las fuentes de financiamiento para la transición completa a un 100% de energía renovable para 2050”, apuntó Sergio M. Marxuach, director de Política Pública de CNE.

“Esto es preocupante ya que la jueza Laura Taylor Swain está llevando a cabo en Hato Rey la vista de confirmación del Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE-PA). Los consumidores pagarán el costo de la transición a renovables y los costos del AEE-PA representan una carga adicional para estos. Además, aunque el Resumen indica que es factible alcanzar el objetivo de generación con fuentes de energía 100% renovable en Puerto Rico para 2050 sin utilizar tierras agrícolas para desarrollar generación a gran escala, existen compensaciones (“tradeoffs”) significativas entre la resiliencia y la asequibilidad de la energía; entre el uso de la tierra y la asequibilidad de la energía; entre alcanzar el objetivo del 40% para 2025 y lograr la confiabilidad aceptable de la red a corto plazo; y entre incurrir en costos a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo, dependiendo del escenario que Puerto Rico elija implementar”, señala Marxuach en CNE Review.

La Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico de 2019 (Ley 17 de 2019) exige que Puerto Rico satisfaga el 100% de sus necesidades de electricidad con energía renovable para 2050. Para alcanzar ese objetivo, la Ley 17 estableció las metas provisionales de 40% de generación renovable para 2025; 60% de generación renovable para 2040; la eliminación de la generación proveniente de carbón para 2028; y un aumento del 30% en la eficiencia energética para 2040.

A mediados de 2023, y a pesar de un aumento significativo en la generación solar fotovoltaica distribuida (a diferencia de la generación solar a escala comercial), sólo entre el 3% y el 5% de la capacidad de generación disponible para la red proviene de fuentes renovables. El DOE estima que el ritmo actual de despliegue de energía solar a gran escala es demasiado lento para alcanzar el objetivo del 40% de generación eléctrica con energía renovable en 2025.

“En general, los escenarios descritos en el Estudio con un mayor despliegue de recursos energéticos distribuidos (DER, por sus siglas en inglés) que utilizan menos terreno tienden a ser, en promedio, más caros que otros escenarios. También resultan en tarifas más altas para el consumidor y tienen mayores efectos adversos a corto plazo en la economía puertorriqueña. La existencia de estas compensaciones plantea la interrogante de qué agencia o entidad debe encargarse de tomar estas decisiones. Recomendamos enfáticamente que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) se encargue de tomar estas decisiones”, dijo Marxuach.

Además, según el DOE, la tarifa promedio al consumidor aumentaría entre un 66% y un 83% entre 2020 y 2025, dependiendo del escenario que se aplique. Un aumento de tarifas de esta magnitud tendría efectos adversos graves y materiales en la economía de Puerto Rico a corto plazo y sencillamente no es viable desde el punto de vista económico. Será necesario mitigar estos efectos negativos, ya sea mediante subsidios, una extensión del plazo para lograr la transición o mediante otras políticas públicas, advierte el experto.

Aunque el Estudio PR100 no es vinculante para Puerto Rico, Marxuach destaca que sería un error que los responsables de la toma de decisiones ignoren sus conclusiones. “Este estudio debe ser una guía en la implementación de la transición a energía renovable. Por lo tanto, es crucial que los responsables de la toma de decisiones a nivel local inicien una conversación honesta e inclusiva con todas las partes interesadas sobre cómo se abordarán los siguientes asuntos, entre otros”:

  • ¿Cuánto costará alcanzar la resiliencia máxima en Puerto Rico?
  • ¿Cuánto pueden o cuánto están dispuestos a pagar los consumidores por la transición a energía renovable?
  • ¿Qué agencia o entidad decidirá cuál escenario, si alguno, se implementará en Puerto Rico?
  • ¿Cuál es el impacto económico de cada escenario, con sus variantes, sobre el PNB, el crecimiento del PNB, el consumo, el empleo y el ingreso?
  • Si el costo de maximizar la resiliencia es demasiado alto, ¿quién decide qué zonas geográficas quedarán excluidas?
  • ¿Cuál es la inversión total necesaria por segmento del sistema (infraestructuras de transmisión, distribución, generación, almacenamiento en baterías, acceso y conectividad) para alcanzar el objetivo del 100% de energía renovable? ¿Cómo se financiará esa inversión (también desglosada por segmento)?
  • ¿Cuánto financiamiento se ha identificado, comprometido y gastado para cada uno de los segmentos?

Marxuach concluye su análisis diciendo que “el Resumen PR100 parece presentar un buen adelanto de las conclusiones del Estudio PR100. Es una contribución bienvenida al debate público y un recurso valioso para quienes analizan y estudian el sistema eléctrico de Puerto Rico”.

“CNE abogó vigorosamente por la Ley 17 de 2019 y creemos en los objetivos establecidos por esta ley. Puerto Rico necesita un sistema eléctrico basado en energía renovable que sea confiable y asequible. Sin embargo, a medida que el país avanza hacia esta transición, debemos asegurarnos de no perder de vista el bienestar tanto de las familias como de los negocios. Nuestros próximos pasos incluyen el análisis del Estudio completo del DOE, que se hará público a finales de marzo. CNE continuará monitoreando, analizando, haciendo recomendaciones y abogando por un sistema eléctrico asequible y sostenible para Puerto Rico”.