Por redacción de Sin Comillas

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, insertó más disposiciones para beneficiar a Puerto Rico en el H.R. 4667, medida  aprobada anoche por la Cámara de Representantes federal conocida como “Supplemental”. La medida asigna $81,000 millones para atender situaciones de emergencias en Estados Unidos, así como ayudar a Puerto Rico a lidiar con los estragos de los huracanes Irma y María. 

La comisionada residente adelantó que para que el 2018 se prevé que el Congreso trabaje una cuarta medida de ayuda suplementaria que volvería a incluir a Puerto Rico.

La Comisión de Reglas de la Cámara solamente recomendó dos enmiendas para incluir en el “Supplemental”, siendo una de ella de la autoría de González Colón para que se incorpore en Puerto Rico unos “Low Income Communities Zones”.

Esta medida provee, para que, según los datos del censo, las comunidades bajo los niveles de pobrezas, que es básicamente todo Puerto Rico, reciba beneficios por inversión en bienes raíces, lo que promueve la creación de hoteles, viviendas, remozar y construir nuevas infraestructura, entre otros.

La congresista explicó que esto es un primer paso para poder crear bloques de negocios en Puerto Rico y que esta disposición venga acompañada por las “Distress Zones” que dan incentivos a las empresas y negocios que inviertan en Puerto Rico.

En el H.R. 4667 – tercera ayuda suplementaria para atender desastres de $81,000 millones que recomendó la Cámara de Representantes federal, adoptó legislación presentada por la comisionada flexibilizar el alcance de la Ley Stafford.

Los congresistas Jenniffer González-Colón y José E. Serrano presentaron la Ley de Reconstrucción de Sistemas de Energía Resistentes de 2017 que permitiría que la financiación de desastres de la Ley Stafford se utilice para reconstruir sistemas de energía más resistentes y eficientes para grandes desastres o áreas designadas para emergencias durante 2017. El HR 4667, acoge esta intención de los congresistas y flexibiliza la Ley Stafford, y la amplía, para que no solo el sistema eléctrico, sino todo aquello que haya sufrido daños a causa de los huracanes y se reconstruya con fondos federales se haga de manera más eficiente.

La inclusión de estas enmiendas a la Ley Stafford en el “Supplemental” permitirán la construcción de nueva infraestructura y de un nuevo sistema en las limitaciones que antes imponían la legislación federal, que obligaba a que su reparación se hiciera conforme al estado previo a su daño.

Se le asignan a FEMA $27,500 millones para esfuerzos de recuperación y respuesta, de los cuales Puerto Rico podrá tener acceso para continuar con los pagos de reclamaciones individuales de los residentes de la isla por pérdidas a su hogar, remoción de escombros por parte de los municipios y el gobierno central, la instalación del programa de toldos azules, así como el resto de las operaciones de respuesta que lleva FEMA en Puerto Rico.

Esta medida suplementaria destina los fondos para todos los programas por desastres del sistema federal que tienen presencia en Puerto Rico, como por ejemplo agricultura, cupones de alimentos, transportación, carreteras, vivienda, pequeños y medianos negocios, educación, salud, Guardia Nacional, Departamento del Trabajo federal, entre otros donde Puerto Rico se beneficia directamente.

Dentro de la asignación de $81,000 millones que recomienda la Cámara federal, la comisionada identificó la partida $26,100 millones para el programa CDBG o programa de Fondos para el Desarrollo Comunitario, como uno de los que más impacto tendrá en Puerto Rico ya que de este programa se pueden beneficiar grandemente los municipios al usarse para construcción de viviendas y necesidades en áreas de infraestructura como puentes y carreteras. Lo que ayudaría al gobierno central y a los municipios a tomar acciones que ayuden a mitigar los daños que pudieran enfrentar por algún evento atmosférico.

El propio presidente del Comité de Transportación de la Cámara, Bill Shuster, a quien la comisionada llevó a recorridos de inspección en Puerto Rico luego del huracán María al igual que al presidente del Comité de Asignaciones Rodney Frelinghuysen, trabajaron en el lenguaje de la medida para atender las a necesidades de la isla.

Para el Cuerpo de Ingenieros (USACE por sus siglas en inglés) se separan más $10.5 millones para estudio de costos, diseño de preconstrucción para minimizar inundaciones y rehabilitación, reparaciones, construcción de proyectos. USACE está cargo del restablecimiento del sistema eléctrico, así como de la canalización de ríos y control de inundaciones.

Para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) se asignan $12.9 millones para reparación y reemplazo de equipos meteorológicos y de tecnología para las proyecciones del tiempo. Se destinan $50 millones para mejorar las predicciones del tiempo, de la intensidad del huracán y de inundaciones así como de las capacidades para mitigación.

Para la Fundación Nacional de las Ciencias se destinan $16,300,000 que incluyen para reparación de las instalaciones del Radio Telescopio de Arecibo. Se asignan $2,900 millones a Educación, tanto para pública como para privada, para poder abrir escuelas, reemplazar material perdido por el huracán, entre otros. Así como ayudar a las localidades que reciben a estudiantes desplazados por las emergencias.

Se añade $1,652 millones al programa de préstamos por desastres de la Administración federal de Pequeños Negocios, disponibles para que dueños de residencias y negocios de las zonas afectadas puedan reconstruir. La comisionada exhortó a las personas que continúen solicitando estos préstamos y que incluso podían llamar a su oficina de Distrito en San Juan para orientación al 787-723-6333.

Se asignan fondos para remplazo de equipo o reconstrucción de facilidades militares tanto médicas como sedes de los distintos componentes de las Fuerzas Armadas incluyendo la Guardia Nacional. Además, se estipula que el secretario de la Defensa proveerá 100% del costo de construcción en Arroyo de un “Readiness Center”, centro de preparación militar.

Se destinan $1,374 millones para el “Federal Transportation Emergency Relief “para reparar todas las vías de rodaje federales afectadas por las emergencias; de estos fondos, $269 millones son específicos para ayudar a las comunidades afectadas por los huracanes a reconstruir sistemas de tránsito masivo.

Se separa la cantidad de $600 millones para desarrollo económico en áreas afectadas por los huracanes y los fuegos forestales; estos fondos son para ayudar en asistencias técnicas, planificación proyectos de infraestructura.

Se asignan $39.4 millones para Puerto Rico e Islas Vírgenes para actividades relacionadas con U.S. Customs and Border Protection, dependencia encargada del control de las fronteras, combinando aduanas, inmigración, seguridad fronteriza y protección agrícola.

La medida aclara que Puerto Rico, sus municipios y dependencias se consideran como un gobierno local y, por ende, cualifica bajo el “Disaster Assistance Direct Loan Program” al que le asignaron $4,000 millones nuevos.

Se destinan $30.9 millones para el programa Job Corps en Puerto Rico. Job Corps es un programa de educación y capacitación profesional sin costo, administrado por el Departamento del Trabajo federal que ayuda a los jóvenes de entre 16 y 24 años a mejorar la calidad de sus vidas capacitándolos para obtener grandes trabajos y ser independientes. Los municipios de Aguadilla, Barranquitas y Arecibo cuentan con instalaciones de Job Corps.

Ante la insuficiencia de fondos locales para parear aquellos proyectos federales, la medida permite a Puerto Rico el uso de los “toll taxes” para cumplir con el requisito conocido como “non-federal share” para programas de reconstrucción bajo la Administración Federal de Autopistas (FHWA, por sus siglas en inglés). Para el Programa de Asistencia Nutricional del Departamento de Agricultura federal se asignan $24 millones.

Esta no es la última asignación  de fondos que beneficiará a la isla ya que el Congreso trabajará una cuarta medida de ayuda suplementaria para Puerto Rico en el 2018.