Desde la izq.: Eileen Segarra de la UPR, Veronica Grondona de ICRIT , Humberto Mercader del Departamento Desarrollo Económico y Daniel Santamaría de Espacios Abiertos. (Foto suministrada)
Por Luisa García Pelatti
El gobierno de Puerto Rico tiene que actuar con urgencia para presentar legislación para adoptar el Impuesto Mínimo Global (IMG). No hacerlo significa perder dinero, unos $3,800 millones anuales, según estimados de la organización Espacios Abiertos. El gobierno saliente tratará de presentar legislación si se cita una sesión extraordinaria antes de que culminen sus funciones, el 31 de diciembre.
A corto plazo, no adoptar el IMG significa que Puerto Rico está perdiendo dinero, con impuestos que no se están recaudando. En mediano plazo algunas empresas podrían decidir irse.
El gobierno tiene listo un borrador de legislación, reveló Humberto Mercader Pérez, subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), que, subraya, no es un documento público. Para redactar ese borrador, el gobierno ha mantenido negociaciones con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y ha invertido alrededor de $1 millón en la contratación de una firma de asesores (Procopio, Cory, Hargreaves & Savitch LLP).
La idea es presentar un “marco general”, que pueda adaptarse a las guías que se espera publique la OCDE a finales del año que viene, asegura Mercader Pérez. El funcionario participó en una conferencia en la Universidad de Puerto Rico (UPR) junto a Eileen Segarra Alméstica, catedrática de economía de la UPR, Recinto de Río Piedras; Daniel Santamaría Ots, director de investigación de Espacios Abiertos; y Verónica Grondona, asesora senior para la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés).
“Puerto Rico se ha quedado bien atrás en términos de estrategia de desarrollo económico. Insistimos en los incentivos contributivos y el mundo nos está diciendo que no es la manera”, apunta Segarra Alméstica. “El problema es que vamos apagando fuegos y no necesariamente buscando mirar hacia el futuro”. La economista recomendaría una legislación transitoria de dos o tres años “con miras a una legislación más a futuro”.
La legislación que se presentará se enfrenta a la incertidumbre del cambio de los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos, pero los expertos advierten que no se debe seguir esperando.
Estados Unidos defendió el IMG bajo la administración de Biden, pero no logró aprobarlo en el Congreso, en parte debido a la oposición republicana.
En Puerto Rico, varias organizaciones profesionales han mostrado su oposición a que el gobierno adopte el IMG en el corto plazo. Alertan sobre las “ramificaciones” de una decisión en contra del IMG de la entrante administración de Donald Trump.
Los expertos explicaron que incluso aunque la administración de Trump decida no implantar el IMG, en Puerto Rico operan filiales de empresas de otros países y que ese dinero se estaría perdiendo si no se actúa de forma urgente.
El IMG es un acuerdo global impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un organismo con sede en París, y que han implantado más de 140 países. El Pilar II del acuerdo impondrá un tipo mínimo del 15% a las corporaciones con ingresos anuales mayores de 750 millones de euros (unos $82o millones) sin importar dónde estén radicadas.
Estados Unidos suscribió el acuerdo pero no ha implementado legislación. Puerto Rico ni se ha comprometido ni ha aprobado legislación, aunque hubo un intento que no prosperó.
A partir del año que viene, el IMG (conocido como Pilar II) afectará a las filiales establecidas en Puerto Rico de compañías multinacionales. Actualmente en el agregado, las multinacionales y corporaciones foráneas tributan a una tasa contributiva efectiva del 2.43% en Puerto Rico. La diferencia entre esa cifra y el 15% iría a las arcas de otros países.
Por otra parte, la regla de Beneficios Insuficientemente Gravados (UTPR, por su siglas en inglés) permite que a partir de enero del 2025 cualquier país firmante del acuerdo internacional, pueda reclamar a otra jurisdicción que no haya adoptado el IMG, la diferencia de la tasa equivalente al 15%. Diferencia que en el caso de Puerto Rico equivale a un 12.57%.
De ahí la urgencia de aprobar legislación que permita dejar en Puerto Rico unos impuestos que de otra forma se irían a otros países. Son los $3,800 millones anuales que estima Espacios Abiertos.
“El IMG brinda a Puerto Rico una oportunidad para revisar el papel de los incentivos y asegura que se recauden más impuestos sobre las ganancias de las multinacionales”, explicó José Antonio Ocampo, profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, en declaraciones por video.
Ocampo, que fue ministro de Hacienda de Colombia entre 2022 y 2023, dice que Puerto Rico tiene tres opciones: no hacer nada y las ganancias obtenidas en Puerto Rico serían gravadas en otros países; implantar el Pilar II y ceder un poco la soberanía fiscal; o adoptar el impuesto de 15% con base amplia y sin exenciones.
Este año, ya hubo un intento de establecer legislación mediante el Proyecto de la Cámara 1908, que se aprobó en Cámara pero no en el Senado. El proyecto no reunía los requisitos necesarios y “levantó ciertos señalamientos del gobierno federal y del Departamento de Hacienda. Tecnicismos que se pueden solventar”, indicó Mercader. Tampoco hubo tiempo para discutir la medida debido al cierre de la última sesión ordinaria del año.
La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés) está presidida por Joseph E. Stiglitz y Jayati Ghosh, e incluye a Eva Joly, Edmund Fitzgerald, Léonce Ndikumana, Irene Ovonji-Odida, Martín Guzmán, Kim Jacinto Henares, Ricardo Martner, Gabriel Zucman, Magdalena Sepúlveda, José Antonio Ocampo, Thomas Piketty y Wayne Swan.
