Por Elías R. Gutiérrez*
La decisión de no pagar el servicio de la deuda que el gobierno de Puerto Rico tiene con los tenedores de bonos de la Corporación Para el Financiamiento Público (PFC, en Inglés) es resultado de un calculo legalista recomendado por sus asesores.
No es cierto que el gobierno no cuente con liquidez suficiente para efectuar el pago de $57.9 millones que vencieron ayer sábado, 1 de agosto de 2015. De hecho, el gobierno anunció que su situación de liquidez mejoró y que por ello podrá mantener operaciones normales hasta noviembre del corriente año. Es decir, que aumentó su liquidez en el equivalente a dos meses de operaciones. Ese logro se debió a que un puñado de corporaciones públicas fueron forzadas a emitir el viernes notas, es decir, préstamos de cortísimo plazo, a favor del gobierno por una cantidad estimada en $400 millones.
No, la razón para no pagar el servicio de la deuda de la PFC es otra. Se estima que un 40% de la deuda de la PFC fue vendida a inversionistas pequeños residentes en Puerto Rico. Se trata de individuos y entidades que colocaron sus ahorros en dichos instrumentos confiando en el récord de cumplimiento del gobierno del ELA. Entre ellos encuentran cooperativas, bancos, fondos de pensiones 401K, sistemas de retiro y jubilados ya. Tienen en común estos tenedores de bonos de la PFC el que, como he señalado, son pequeños y probablemente tiene una exposición mayor a otros instrumentos del gobierno del ELA.
Los asesores del gobierno han concluido de su análisis que este grupo de inversores está en posición débil. En primer lugar, la teoría de los asesores gira en torno a que los tenedores de la deuda de la PFC, por ser ésta pagadera de asignaciones legislativas y por no tener garantía constitucional, tiene un camino empinado en los tribunales. El gobierno reclamará que la legislatura no hizo una asignación específica en el presupuesto corriente para el pago. De hecho, ya el gobierno ha expresado en declaraciones oficiales esa defensa.
Poco importará el efecto económico que tenga está decisión. Los asesores legales del gobierno han escogido esta deuda para avasallar un grupo de inversores relativamente débil para dar un escarmiento e intimidar al resto de los grupos inversores. De esa forma el gobierno escogerá los pagos que en adelante hará, y los que no hará. La estrategia descansa en aplanar al grupo vulnerable de inversores predominantemente pequeños y con el arsenal más limitado en lo que a los procesos de reclamación concierne.
Una vez se entiende la estrategia de los asesores, se hace evidente el porqué de las contradicciones entre las acciones y los pronunciamientos de los oficiales del gobierno. La más evidente es decir que el impago de este vencimiento no es un impago. Lo explican diciendo que, por la naturaleza del cómo se atiende esta deuda, si no aparece la asignación en el presupuesto no se puede pagar y, por lo tanto, según la teoría, no se está faltando a la obligación de hacerlo.
El contrasentido es tan grande que recientemente se ha sustituido por otro razonamiento. Aunque los fondos estuviesen consignados en alguna partida agregada en el presupuesto, no hay liquidez en el gobierno para desembolsar el pago. Al mismo tiempo, ayer anunciaba el Secretario de la Gobernación, que la liquidez había aumentado y se evitaría un cierre de gobierno hasta noviembre.
* El autor es economista y planificador.
