Por redacción de Sin Comillas
El plan de la Junta de Control Fiscal para reestructurar más de $9,000 millones en deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico (AEE) crearía una carga insostenible para los residentes de la isla, asegura Tom Sanzillo, director de análisis financiero del Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), en una declaración ante el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico el 15 de mayo.
El testimonio de Sanzillo hizo hincapié en lo lejos que está actualmente Puerto Rico de tener un sistema eléctrico financieramente sostenible, incluso en ausencia de cualquier cargo para pagar la deuda heredada. Señaló que la AEE todavía no tiene un presupuesto equilibrado creíble; no ha cumplido con los objetivos anteriores de asequibilidad de tarifas establecidos por la FOMB; y la red es menos confiable hoy de lo que era antes del huracán María.
La Junta de Control Fiscal ha propuesto un plan que devolvería $5,680 millones de la deuda en bonos mediante la imposición de nuevas subidas de tarifas de dos dígitos a lo largo de las próximas décadas. En su testimonio del 28 de abril, los tenedores de bonos de la AEE argumentaron que Puerto Rico podía permitirse pagar $13,400 millones, más del doble de la cantidad propuesta por la Junta de Supervisión.
“La juez se enfrenta a una elección insostenible. Si aprueba este acuerdo, cargará a la AEE, a sus clientes y a la economía de Puerto Rico con una carga financiera insostenible. Si la rechaza, la AEE está amenazada con décadas de demandas”, dijo Sanzillo. “Sería mejor aplazar la decisión y elaborar un acuerdo basado en soluciones. Hay mejores soluciones financieras para la AEE, pero hasta ahora las opciones que se están tomando no resultarán en una electricidad segura, fiable y asequible que pueda contribuir al crecimiento económico de Puerto Rico”.
“La dificultad histórica de lograr una transformación hacia las energías renovables y las presiones políticas que operan en su contra significan que no habrá ninguna posibilidad de generar los excedentes de tesorería necesarios para pagar la deuda heredada”, afirmó Sanzillo. “Un sistema eléctrico de alto precio y dependiente de los combustibles fósiles contribuirá a las débiles perspectivas económicas de Puerto Rico. Privar al sistema de gastos de capital y operativos significa que no se pueden cumplir las normas básicas de fiabilidad, lo que es una señal de alarma no solo para los clientes residenciales, sino también para los fabricantes”.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico celebrará una audiencia sobre el plan a finales de julio.
