Sergio Marxuach
Por Luisa García Pelatti
El plan para la reestructuración de la deuda, que la Junta de Control Fiscal empezará a negociar con los acreedores podría provocar una crisis de liquidez, advierte Sergio Marxuach, director de política pública del Centro para una Nueva Economía.
“Nuestra principal objeción con el plan de ajuste propuesto es que, según el propio análisis de la Junta de Supervisión y Administración Fiscal, el saldo de caja del gobierno al 30 de junio de 2021, después del pago de las obligaciones del plan, se estima ligeramente por debajo del nivel de capital mínimo requerido de $2,500 millones”, señala Marxuach.
Según el plan propuesto, la liquidez se reduce significativamente para 2026 y para 2030 el saldo de caja inicial es negativo al comienzo de ese año fiscal.
Para minimizar la crisis de liquidez, Marxuach propone aumentar el instrumento de valor contingente (IVC) –pagadero solo si los ingresos del IVU (Impuesto sobre Ventas y Uso) superan la meta anual establecida en el Plan Fiscal– y reducir lo que se paga en forma de nuevos bonos de obligación general.
El plan propuesto para la reestructuración de la deuda ofrece a los bonistas $11,900 millones, que se dividen en $6,000 millones en efectivo, $4,900 millones en nuevos bonos de obligaciones generales y $1,000 millones en forma de IVC. La vigencia del IVC es de 20 años.
Según explica, el IVC ayuda a mitigar parte de la incertidumbre que rodea al Plan Fiscal, “ofreciendo a los inversionistas un recobro mayor, en caso de que su economía tenga un desempeño superior, mientras protege al gobierno y a los residentes de Puerto Rico en caso de que los ingresos del gobierno estén por debajo de las expectativas”.
“La idea es permitir que el gobierno presente un plan de ajuste de deuda viable; salir con éxito de los procedimientos del Título III y reducir la probabilidad de una crisis de liquidez para fines de la década. Al final, es una propuesta en la que todos ganan, ya que los inversionistas participan de cualquier escenario económico potencial al alza; Puerto Rico se queda con una carga de deuda sostenible y; ambas partes mitigan el riesgo de un nuevo incumplimiento a corto plazo”.
