Por Redacción de Sin Comillas
Un informe de la Contraloría de Puerto Rico revela deficiencias con la fiscalización de los negocios e inversionistas con decretos de las leyes 20 y 22 del 2012. Estos decretos establecieron unos requisitos a cambio de tasas de contribución sobre ingresos reducidas y exenciones de contribuciones sobre la propiedad, entre otras.
El informe examinó una muestra de 10 de los 2,226 decretos a negocios e identificó que la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) no requirió a uno de los negocios la creación de tres empleos directos, no solicitó la declaración jurada de la fecha de comienzo a otro de los negocios, no pidió informes anuales contributivos a dos negocios, ni demandó ocho planillas de contribución sobre ingresos a cuatro accionistas de tres negocios.
Además, la Oficina de Incentivos no reclamó los informes anuales a un inversionista, ni evidencia de “Statement for Individual” del Internal Revenue Services a cinco inversionistas, ni evidencia a dos inversionistas de donaciones obligatorias de al menos $5,000 a entidades sin fines de lucro.
Estas situaciones impiden validar el cumplimiento de los requisitos de los decretos otorgados ni permite al DDEC tener la información necesaria para propósitos estadísticos y estudios económicos, señala la Contraloría de Puerto Rico.
Tras nueve años sin auditar el cumplimiento de los decretos, el DDEC contrató el 7 de abril de 2021 a una firma de consultoría financiera para realizar la auditoría. Los auditores no localizaron la oficina de uno de los negocios, no pudieron validar la existencia de otra oficina que había sido disuelta y otro negocio tenía arrendada una oficina virtual. Los decretos requieren que las empresas tengan oficinas en Puerto Rico, por lo que los negocios estarían beneficiándose de incentivos contributivos sin cumplir con los requisitos de los decretos otorgados.
El informe señala que los secretarios del DDEC en funciones, no prepararon los informes anuales del 2016 al 2019 que por ley deben presentarle al Gobernador y a la Asamblea Legislativa. Además, al 23 de julio de 2020, el Departamento no había promulgado un reglamento, carta circular o determinación administrativa que regulara la presentación de la solicitud del decreto, la imposición de penalidades por incumplimiento y los procesos de fiscalización y elaboración de auditorías de cumplimiento, entre otros. Esta ausencia de reglamentación pudo haber dejado sin mecanismos legales al Departamento para hacer cumplir los decretos otorgados.
Este informe cubre el periodo del 1 de julio de 2016 al 31 de enero de 2022.
“Los hallazgos del Informe de Auditoría OC-24-37 del 28 de febrero de 2024, hacen referencia a periodos previos a la actual administración. Desde que entramos en funciones en el 2021, hemos sido enfáticos y rigurosos en la fiscalización de decretos de exención contributiva como función medular del desarrollo económico de Puerto Rico”, según declaraciones escritas del DDEC.
“De conformidad, hemos implementado esfuerzos fiscalizadores sin precedentes, que nos han permitido emitir múltiples multas a concesionarios de Ley Núm. 20-2012 (Exportación), así como la revocación de más de 300 decretos de Ley Núm. 22-2012 (Individuo Residente Inversionista). Estas acciones afirmativas han resultado en un aumento en el nivel de cumplimiento de los beneficiarios. Reiteramos que el cumplimiento con los términos y condiciones de los decretos es indispensable para mantener su efectividad. Acorde con ello, aquellas entidades o individuos que incumplan con sus responsabilidades bajo las leyes de incentivos aplicables, se expondrán a las penalidades en ellas establecidas, incluyendo la revocación retroactiva o anulación del decreto, con todas las consecuencias contributivas y legales que ello conlleva”, añaden las declaraciones.
