Por redacción de Sin Comillas
El Departamento de Hacienda llevó a cabo la semana pasada un operativo de embargo contra tres restaurantes de comida rápida de San Juan y un parque de diversiones de Arecibo, que acumularon deudas contributivas por más de $1 millón, principalmente por concepto del Impuesto de Ventas y Uso (IVU).
“Lamentablemente nos encontramos nuevamente con comerciantes que le cobran el IVU a sus clientes y no lo remiten al Departamento, como lo establece el Código de Rentas Internas. En este caso los dueños de los establecimientos embargados, además de otras deudas contributivas, retuvieron aproximadamente $1 millón de pagos del IVU, que le pertenece al Gobierno. Estas deudas vienen acumulándose desde el año 2012”, explicó.
Las tres pizzerías embargadas que pertenecen a un mismo dueño, aunque operan bajo distintas corporaciones, acumularon deudas por aproximadamente $1 millón, de los cuales unos $950,000 son de IVU. Mientras que la localidad de Arecibo debe aproximadamente $80,000 por este mismo concepto, pero hoy mismo, luego de la intervención recurrió a la quiebra.
Estos operativos son parte de los nuevos esfuerzos de cobro que viene realizando el Departamento desde noviembre. Con los embargos de hoy, se han impactado unos 22 establecimientos y hay otros 100 con deudas examinadas que serán intervenidos próximamente, a menos que voluntariamente se acerquen a Hacienda para ponerse al día.
Durante esta semana, Agentes de Rentas Internas también diligenciaron una orden de embargo contra un contribuyente por deudas acumuladas por concepto de Contribución sobre Ingresos de más de $260,000.
“Estas gestiones, además de ser un mensaje claro de que vamos a cobrar utilizando todas las herramientas que nos provee el Código de Rentas Internas, han provocado que otros comerciantes se nos acerquen voluntariamente para ponerse al día y evitar la interrupción de sus negocios. Con estas acciones proactivas, mi equipo de trabajo en Hacienda busca recuperar el respeto y la confianza de los contribuyentes”, dijo.
Los embargos y cierres de localidades tienen carácter preventivo y se efectúan con el propósito de garantizar el cobro de deudas. Transcurridos 30 días a partir de la fecha de notificación, el embargo será ejecutado si no se ha cancelado la deuda en su totalidad. Después de ese período, la propiedad embargada o parte de ella, será vendida en pública subasta tan pronto sea posible, sin más avisos.
