Por redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal informó al Gobierno que no debe implementar las leyes 80, 81 y 82, que incluye mayores beneficios de retiro a los empleados públicos, hasta que se acuerde un plan para garantizar que éstas sean consistentes con el Plan Fiscal Certificado, de lo contrario será necesario despedir a empleados del gobierno.
El Gobierno aprobó las tres leyes en agosto. La Junta considera que no se incluyó un análisis completo de cuánto costarían las leyes y de dónde se derivarían los ahorros para cubrir esos costos incrementales. Un análisis de la Junta concluyó que el impacto de las tres leyes combinadas podrían aumentar los gastos del Gobierno hasta en $8,300 millones durante los próximos 30 años.
Para compensar estos gastos adicionales, el gobierno tendrá que imponer recortes sustanciales a los gastos, lo que resultaría en reducciones significativas de la plantilla de empleados del gobierno para garantizar la consistencia con el Plan Fiscal Certificado y equilibrar el presupuesto.
“El gobierno debe proporcionar un plan realista para compensar los costos sustanciales de cada una de las tres leyes sin perjudicar los servicios esenciales. A menos que, y hasta que el gobierno proporcione un plan para compensar los costos incrementales y la Junta de Supervisión acepte ese plan, las leyes son significativamente incompatibles con el Plan Fiscal Certificado y no deben implementarse”, explica la Junta.
“Si el gobierno sigue comprometido con implementar estos beneficios de retiro adicionales para los empleados del gobierno, tiene que tomar una decisión muy difícil”, dijo la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko. “El gobierno tendrá que recortar gastos, incluidos recortes a los policías, bomberos y otros empleados del gobierno para pagar por estas leyes”.
La directora ejecutiva agregó que “el Plan Fiscal Certificado define un cuidadoso equilibrio entre la responsabilidad fiscal y la eficiencia del gobierno. Los recortes presupuestarios necesarios para compensar el costo incremental de los beneficios provistos por las tres leyes podrían perjudicar los servicios esenciales del gobierno, aumentar los costos a largo plazo y arriesgar la habilidad de implementar las reformas críticas ordenadas en los planes fiscales”.
“La implementación de estas leyes no es compatible con el mejor interés del pueblo de Puerto Rico”, manifestó Jaresko.
La Junta solicitó al Gobierno que proporcione un plan sobre cómo se financiarán los costos adicionales en o antes del 28 de octubre y que deje de implementar las leyes hasta que la Junta provea su consentimiento al plan propuesto por el Gobierno para mitigar los costos de estas leyes.
La Junta advirtió que si el Gobierno continúa implementando medidas bajo estas leyes podría tomar las acciones que considere necesarias.
