Por Luisa García Pelatti
Moody’s Investors Service (Moody’s) publicó un comentario a raíz de los cambios realizados por el Gobierno para reformar el Sistema de Retiro de Empleados Públicos y para expandir la base del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU). La agencia clasificadora de deuda considera positivo que se hayan hecho reformas al Sistema de Retiro y que se proponga una expansión en la base del IVU, pero no ve tan claro que se vaya a recaudar con este impuesto tanto dinero como se estima. Por otro lado, señala que el presupuesto propuesto contiene medidas que son políticamente difíciles y estima que el resultado final es incierto.
La expansión de la base del IVU, “si se aprueba, será positiva tanto para la ciudadanía como para la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), aunque existe incertidumbre sobre el incremento previsto de los recaudos”.
El comentario de Moody’s se produce una semana después de que el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Javier D. Ferrer; y la Secretaria del Departamento de Hacienda, Melba Acosta Febo, se reunieran con Moody’s, Standard & Poors y Fitch, las tres principales agencias clasificadoras de deuda.
“El impacto en el crédito de una economía débil, con altos niveles de endeudamiento y con corporaciones públicas en problema sigue siendo negativo y se refleja en nuestra calificación Baa3 y en la perspectiva negativa”, señala el documento. La clasificación de Baa3 es la más baja dentro de la categoría de grado de inversión, una degradación colocaría la deuda en grado especulativo o chatarra.
Moody’s destaca los serios problemas financieros de las corporaciones públicas, principalmente la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) , la Autoridad de Carreteras (AC) y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), todas con una perspectiva negativa, lo que significa una amenza de degradación.
La AC tiene una deuda vigente de más de $7,000 millones. La corporación es el principal deudor del BGF, con sobre $2,000 millones, lo que representa el 24% del total de su cartera de préstamos. La AC, que ya ha recibido otros $120 millones del BGF, necesita $90 millones en fondos adicionales antes de que termine el año fiscal al 2013. Aunque el BGF estudia algunas alternativas para que la AC pueda hacer frente a su deuda, la Legislatura no ha aprobado todavía ninguna medida.
