Por redacción de Sin Comillas

El Presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento, David H. Chafey, Jr. y la Secretaria de Hacienda Melba Acosta Febo reiteraron el compromiso de Puerto Rico de fortalecer su capacidad crediticia y crear las bases para la salud fiscal y el crecimiento económico.

Las agencias emitieron un comunicado conjunto con las siguientes declaraciones:

“Cuando esta administración asumió las riendas en enero de 2013 expresamos con claridad que restablecer la salud financiera de Puerto Rico era nuestra primera prioridad. Además, delineamos pasos específicos que estimamos necesarios para alcanzar esta importante meta. Poner fin a la dependencia que por muchas décadas nuestras corporaciones públicas habían tenido en el Fondo General de Puerto Rico y el BGF era crucial como parte de nuestro plan. Hemos expresado en repetidas ocasiones que nuestra intención es que las corporaciones públicas lleguen a ser autosuficientes.

A finales de junio, Puerto Rico promulgó la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas (“Ley para la Recuperación”), que busca ofrecer un proceso ordenado mediante el cual las corporaciones públicas puedan continuar proveyendo servicios esenciales sin depender del apoyo financiero del Estado Libre Asociado, del BGF o de otras entidades municipales, incluso durante épocas de dificultades financieras. Esto no es nuevo: las corporaciones públicas localizadas en los cincuenta estados de Estados Unidos tienen acceso a las mismas herramientas que establece la Ley para la Recuperación.

La Ley para la Recuperación protege a las partes interesadas mediante la creación de un foro en el cual se puede negociar una distribución justa y equitativa del valor de una corporación pública entre las partes interesadas de dicha corporación, mientras simultáneamente también crea un futuro más prometedor para sus negocios y para todos los que dependen de sus servicios. La Ley para la Recuperación será utilizada por las corporaciones públicas elegibles solamente como una medida necesaria de último recurso, de manera similar a como las entidades sujetas a los Capítulos 9 y 11 del Código Federal de Quiebras se acogen a las protecciones que ofrece la ley federal. La conclusión de que una entidad se acogerá a la Ley para la Recuperación solo porque es elegible para ello carece de fundamentos.

Se ha especulado en cuanto a que la promulgación de la Ley para la Recuperación apunta a un cambio en el compromiso de Puerto Rico de honrar sus obligaciones financieras. Por el contrario, el objetivo explícito de la Ley para la Recuperación es proteger el Fondo General, la deuda de obligación general (GOs por sus siglas en inglés) y el BGF concediendo a las corporaciones públicas la oportunidad de atender sus desafíos financieros de una vez por todas sin drenar el Fondo General. La Ley para la Recuperación específicamente excluye al Estado Libre Asociado, a todos sus municipios, al BGF y a COFINA y de ninguna manera altera nuestros compromisos de honrar la deuda de obligación general, de COFINA y otras deudas relacionadas.

Las corporaciones públicas de Puerto Rico quedan al margen del Código de Quiebras de los Estados Unidos. Las corporaciones públicas del Estado Libre Asociado no pueden acogerse al Capítulo 11 al cual pueden acogerse las corporaciones privadas, pero como tampoco son elegibles para acogerse al Capítulo 9 de dicho Código.

La Ley para la Recuperación es una ley cuidadosamente sopesada y constitucionalmente sólida que está diseñada para facilitar un ajuste ordenado de las obligaciones de una corporación pública mientras le permite continuar proveyendo servicios esenciales a los residentes de la Isla. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha establecido claramente el derecho soberano a promulgar leyes para el cumplimiento con las deudas cuando dicho remedio no esté establecido en las leyes federales. Somos los máximos responsables de la Ley y la defenderemos como una medida razonable y necesaria para proteger los intereses de todas las partes con interés en nuestras corporaciones públicas.

Las especulaciones continuas y la incertidumbre en torno a la salud financiera de ciertas corporaciones públicas han generado un ambiente en el cual la falta de reglas y procedimientos para atender estos retos se ha convertido en un detrimento significativo para continuar implantando los planes fiscales y económicos actuales. Al proveer a las corporaciones públicas una herramienta adicional en su ruta hacia la autosuficiencia, Puerto Rico está construyendo unos cimientos más sólidos para el crecimiento económico a largo plazo.

Además de promulgar la Ley para la Recuperación, a lo largo de los últimos 18 meses, Puerto Rico ha tomado con prontitud medidas significativas y a veces difíciles para restablecer su salud fiscal y proteger su capacidad crediticia mientras sienta las bases para el crecimiento económico. Las medidas recientes incluyen:

  • Reducir el déficit presupuestario de $2,200 millones a cero mediante la aprobación del primer presupuesto equilibrado de Puerto Rico en 22 años, un año antes de nuestro plan original. Esto significa que Puerto Rico no podrá depender más de medidas de financiamiento deficitario ni refinanciamiento de la deuda de obligación general, como lo había hecho por tantos. Unos grandes recortes en el presupuesto redujeron los gastos autorizados en $205 millones en comparación con el año fiscal anterior, pero asignaron $580 millones de manera escalonada para asumir la totalidad del servicio a la deuda de los bonos de obligación general y de la Autoridad de Edificios Públicos. El total de la asignación para el servicio a la deuda de los GOs y de AEP aumentó a $1,010 millones.
  • Reformas históricas y sin precedentes de los sistemas de retiro de los empleados públicos.
  • La promulgación de la Ley de Sostenibilidad Fiscal (Ley 66) que ha reducido los costos operacionales en el gobierno central y en nuestras corporaciones públicas.
  • Lograr un acceso efectivo a los mercados de capital a través de una emisión de bonos GOs de $3,500 millones que recibió órdenes de compra por cuatro veces y media más de los bonos disponibles.
  • La promulgación de la Ley 24-2014 que prohíbe al BGF concederles crédito a las corporaciones públicas sin una fuente de repago identificada.
  • Aumentar de 2.75% a 3.50% la cantidad de recaudos del impuesto sobre ventas y uso que se depositan en el Fondo de Interés Apremiante correspondiente a COFINA, destinar un 0.50% adicional del IVU a COFINA, expandir la base contributiva del IVU y comprometerse a cobrar el IVU en los muelles del Estado Libre Asociado, todo lo cual mejora el flujo de caja de COFINA y la solidez de su crédito.
  • Poner fin a lagunas contributivas con el propósito de aumentar los recaudos mientras se continúan ofreciendo beneficios contributivos adecuados para pequeños negocios y empresarios.

Las muchas medidas que Puerto Rico ha tomado en el último año y medio, en particular la Ley para la Recuperación y el recién aprobado presupuesto balanceado, demuestran que el ELA está tomando todas las medidas necesarias para proteger y fortalecer su capacidad crediticia y su salud fiscal.

Puerto Rico ha cumplido reiteradamente con sus promesas. La voluntad y la capacidad del Estado Libre Asociado de honrar sus obligaciones no deberían ser cuestionadas, en vista de las medidas implantadas durante los últimos 18 meses.

En colaboración con el Gobernador y con los sectores públicos y privados, continuaremos evaluando el progreso que hemos alcanzado contra el plan que estamos implementando y seguiremos manteniendo las promesas que hemos hecho al pueblo de Puerto Rico y a todas las partes interesadas”.