Por redacción de Sin Comillas
El Gobierno recibirá $2,470 millones de fondos federales de la ley federal del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés) y otros $1,550 millones se distribuirán entre los municipios.
“En esta etapa estaremos dando prioridad al desarrollo económico de Puerto Rico, y la calidad de vida del pueblo. Hemos establecido una estrategia a largo plazo enfocada en la recuperación económica y social tras los efectos que ha dejado la pandemia en nuestra Isla. El compromiso de este gobierno es que se administren estos fondos en cumplimiento con las guías federales establecidas, con transparencia y rendición de cuentas”, sostuvo el gobernador Pedro Pierluisi, que ya había anunciado la distribución de $520 millones de estos fondos el pasado mes de junio.
Del total, unos $150 millones se utilizarán para incentivar el retorno al trabajo en el sector de la construcción ($30 millones), industria de restaurantes y bares ($50 millones), el sector agrícola ($50 millones), y la cadena de distribución y hotelería ($20 millones).
Se utilizarán $50 millones para la promoción de Puerto Rico como destino, $20 millones para incentivar el turismo interno, $10 millones para fomentar el entretenimiento y convenciones y otros $10 millones para mercadear la Isla como destino de inversión. También, $30 millones para revitalizar atracciones turísticas, recursos naturales y balnearios.
En la segunda fase de distribución de fondos, se destinarán $250 millones para “futuras iniciativas estratégicas enfocadas en desarrollo económico”.
Por otro lado, se distribuirán $570 millones entre pagos a trabajadores esenciales del sector público y privado. De este dinero, $250 millones son para reconocer con un incentivo a los trabajadores esenciales del sector público y privado que han sido fundamentales en la respuesta al COVID-19. Esto incluye a los empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación, del Departamento de Salud y los hospitales bajo su administración, así como los hospitales privados y Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT). Otros $20 millones están destinados a reforzar la vigilancia genómica, $10 millones para recompensar a las personas vacunadas contra el COVID-19 y $1.5 millones para crear un certificado digital de vacunación de los participantes.
Otros $30 millones se destinarán para las organizaciones sin fines de lucro y $15 millones para garantizar accesibilidad a servicios de ASSMCA e instituciones privadas. Asimismo, $15 millones para los centros de asistencia a la tercera edad y $15 millones para los Centros de adopción y de familia. Hay una reserva de emergencia de $213.5 millones destinada a futuras iniciativas estratégicas.
Unos $150 millones son para respaldar a los municipios, $94 millones para la Universidad de Puerto Rico y $50 millones para reparar y remodelar centros de servicios gubernamentales. De igual forma, y para apoyar a instituciones e iniciativas culturales, se utilizarán $50 millones a esos efectos y otros $50 millones son para reparar viviendas de familias de escasos recursos.
Asimismo, con $25 millones se proporcionarán subvenciones a todos los hospitales públicos para mantener la liquidez y con $15 millones se proveerán recursos para facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia incluyendo la protección de testigos y mejoras al albergue de víctimas. Tanto la Rama Legislativa como la Judicatura recibirán $20 millones cada una para sus respectivas necesidades, que serán divididos en dos años. La reserva de emergencia en este renglón de gobierno de excelencia es de $81 millones.
Mientras, $276.8 millones son para reparar los daños estructurales de las instituciones educativas, $130 millones se utilizarán para invertir en proyectos de acueductos y alcantarillados en el Caño Martín Peña, y $100 millones para el mantenimiento de carreteras. También, $27.8 millones para reparar los daños en estaciones de bombeo de agua que mantiene el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para proteger a las comunidades propensas a las inundaciones en caso de tormentas. Además, $10 millones para iniciativas de conservación ambiental y $55.3 millones de reserva de emergencia que se destinará a futuras iniciativas estratégicas.
El Comité de Supervisión de Distribución del Coronavirus Relief Fund (CRF), que preside el director ejecutivo de la AAFAF, estará a cargo de supervisar los desembolsos y, a su vez, asegurar el cumplimiento acorde con los estándares del Plan Estratégico y la Ley ARPA.
