Por redacción de Sin Comillas

La gobernadora Wanda Vázquez Garced y la comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunciaron que trabajan en conjunto para impulsar legislación para la creación de “Distressed Zones”, zonas con niveles de pobreza consistentemente altos. Estas zonas se designan de manera automática cuando los niveles de pobreza alcanzan el 35% sostenido durante un periodo de 5 años. Una vez un área es designada como tal, su vigencia sería de 15 años. La medida, asegura el Gobierno, aseguraría la cadena de suministros médicos a nivel nacional, a la vez que abre las puertas a consolidar la manufactura en la isla, atrayendo inversión a zonas económicamente deprimidas, lo que generaría más empleos y ayudaría a la seguridad nacional.

“Hemos trabajado junto a la comisionada residente una nueva medida que expande beneficios y oportunidades sobre los proyectos anteriormente presentados que crearían incentivos contributivos dentro de zonas con dificultades económicas o ‘Distressed Zones’. Los incentivos contributivos se limitarían al desarrollo o la fabricación de medicamentos y dispositivos médicos dentro de las zonas designadas, y a la compra de productos o servicios de proveedores dentro de una zona para la fabricación de dichos productos. También provee para la creación de incentivos contributivos adicionales para líneas de fabricación o centros de desarrollo que se muden del extranjero a zonas en dificultades económicas, e incentivos contributivos y no-contributivos adicionales para el desarrollo o fabricación dentro de estas zonas de productos de salud para la población. Este proyecto de ley producirá inversión de capital, creación de empleos y crecimiento económico, además de proteger a las poblaciones vulnerables”, expresó la gobernadora.

González Colón indicó que la pandemia del coronavirus ha dejado en relieve el alto grado de dependencia de productos médicos y farmacéuticos manufacturados en China y otros países para uso en los Estados Unidos. Esa dependencia en la manufactura extranjera de productos médicos esenciales, especialmente de China, ha provocado acción directa del Congreso con radicación de piezas legislativas para asegurar la línea de suministros médicos y farmacéuticos fabricados en los Estados Unidos y evitar su escasez y dependencia de jurisdicciones foráneas. La comisionada residente es autora y coauspiciadora de algunas de estas medidas con el fin de romper con esa dependencia y asegurar la cadena de suministros a nivel nacional como parte de un paquete de medidas que complementan esta iniciativa.

“Los incentivos que proponemos estarían disponibles a través de los Estados Unidos, en áreas con tasas de pobreza tan altas como las prevalecientes en casi todo Puerto Rico, por lo que tendría mayores posibilidades de convertirse en ley. No obstante, a diferencia de otras áreas en los Estados Unidos que obtendrían la designación, en Puerto Rico, estamos listos hoy para recibir esta nueva producción, con la capacidad laboral y de infraestructura para hacerlo a diferencia de otras jurisdicciones cualificantes.  Más importante aún, es un mecanismo de incentivos amarrados a la creación de empleos”, añadió la comisionada residente.

Las farmacéuticas y manufactureras de desarrollo e investigación de equipo médico que se ubiquen en las “Distressed Zones”, serían elegibles para un crédito contributivo equivalente a la suma de 40% para salarios y beneficios marginales relacionados con la actividad manufacturera dentro de la “Distressed Zones”;  depreciación del 40% de las propiedades de fabricación puestas en servicio dentro de la zona en dificultades; y 30% de las compras B2B (40% si se compra a un pequeño negocio minoritario) dentro de una zona para usarlo en la actividad de manufactura en cualquier lado.

Si la producción se traslada a una “Distressed Zones” desde un área determinada por el representante de Comercio de Estados Unidos como posible amenaza para la cadena de suministro nacional, los créditos contributivos que se otorgarían son más altos: 60% de los salarios y beneficios adicionales, 60% de depreciación, 50% / 60% de compras B2B. Si las manufactureras de desarrollo e investigación de equipo médico se relacionan con los productos de salud para la población, los créditos contributivos son los mismos que si la producción se trasladara del extranjero (es decir, 60% de salarios y beneficios adicionales, 60% de depreciación, 50% / 60% B2B) compras).

El proyecto de ley también exige que la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico (BARDA, por sus siglas en inglés) colabore con las agencias federales de salud (HHS, Asuntos de Veteranos, Defensa) para asegurarse de que estas agencias federales ofrezcan un incentivo  para crear mercado para estos medicamentos para la salud de la población, incluyendo los que se fabriquen en “Distressed Zones”.

Además, provee para un estudio que determine si el HHS debería recomendar que los medicamentos para la salud de la población desarrollados en las “Distressed Zones” disfruten de períodos prolongados de exclusividad bajo la Ley GAIN; medida aprobada en el 2012 para abordar la amenaza a la salud pública de la resistencia a los medicamentos antibacteriales al estimular el desarrollo y la aprobación de nuevos medicamentos antibacteriales y antifúngicos.

“Al atar los créditos directamente a los empleos y la inversión en las zonas, nos aseguramos de mantener los empleos que existen e incentivar la creación de nuevos empleos. También incentivamos el desarrollo y la fabricación de medicamentos que atienden condiciones de salud que aumentan la mortalidad causadas por pandemias, como lo son la diabetes, hipertensión y otras condiciones de salud prevalecientes en las poblaciones minoritarias a través de los Estados Unidos”, explicó la comisionada.

Vázquez Garced agregó que: “es nuestra prioridad que estas medidas provean desarrollo económico y aporten a la seguridad nacional. Puerto Rico tiene la localización, infraestructura, mano de obra altamente cualificada, amplia experiencia previa en manufactura de productos fármacos y las medidas estarán atadas a promover el desarrollo y creación de empleos”.

Como resultado de la reunión, se acordó crear un comité asesor dirigido conjuntamente por la gobernadora y la comisionada residente para delinear y promover estas medidas, respaldar legislación y esfuerzos por Puerto Rico. Esta medida es una de varias iniciativas a ser radicadas para incentivar la manufactura en Puerto Rico y fomentar a su vez a la isla como HUB de carga aérea.

En Puerto Rico hay 49 plantas de farmacéuticas, 70 de dispositivos médicos. Ambos sectores componen el 33% del producto interno bruto, que crean 142,500 empleos directos e indirectos, con un salario promedio de $42,000. Miles de pequeñas y medianas empresas suplen bienes y servicios a esta industria.