Por redacción de Sin Comillas
Extender la edad de retiro hasta los 67 años, aumentar la aportación de los empleados hasta 10% y modificar los beneficios de las leyes especiales son algunas de las medidas que el Gobierno propone para reformar el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, que amenazaba con quedarse sin dinero para pagar las pensiones. Además de los cambios anunciados, el Gobierno tendrá que aportar $100 millones anuales durante varias décadas (no especificaron cuántas) del Fondo General. El Departamento de Hacienda todavía estudia de dónde sacará los $100 millones, aunque lo más probable es que la solución esté en el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU): reducir la evasión y eliminar exenciones. Dijeron que no se puede hablar de aumentar el IVU cuando hay tantos problemas de evasión.
“Estas medidas representan un esfuerzo extraordinario por salvar y proteger este sistema, en aras de solventarlo económicamente al tiempo que se vela por los beneficios de los miles de retirados del ELA, incluso aumentando la pensión a aquellos con las pensiones más bajas. Confío en que todas serán evaluadas y se considerarán como parte de un proceso abierto de vistas públicas en el que todos los sectores interesados puedan expresar sus puntos de vista y recomendaciones de manera que al implantarse representen una solución cónsona con el mejor bienestar de nuestros retirados. Nuestra meta es lograr una reforma sensible y razonable para nuestros servidores públicos”, comentó el gobernador Alejandro García Padilla.
Javier D. Ferrer, presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), y Melba Acosta, Secretaria de Hacienda, estuvieron a cargo de la presentación de las medidas, que calificaron como “soluciones permanentes, integradas y abarcadoras”. “El concepto detrás de esta reforma es proteger las pensiones”, destacó Ferrer.
Los funcionarios detallaron las medidas principales propuestas, al tiempo que recalcaron que cada una de éstas “son necesarias para que, en conjunto, se pueda reducir significativamente el déficit de flujo de caja que sufre el Sistema y que amenaza con dejarlos sin fondos en un futuro cercano”.
El Sistema de Retiro de Empleados del ELA está compuesto por aproximadamente 116,658 jubilados y 131,361 empleados activos.
El gobierno ejecutivo enviará las medidas a la Legislatura esta misma semana y comenzará un proceso de vistas públicas. Las medidas propuestas incluyen:
1. Mover empleados públicos bajo el plan de beneficio definido establecido bajo la Ley 447 y la Ley 1, a un plan híbrido con un componente de plan de contribución definida adicional. Se congela la acumulación de beneficios de los empleados públicos activos bajo los planes de beneficio definido bajo la Ley 447 y la Ley 1, al eliminar la adquisición de nuevos beneficios bajo el Sistema actual, pero respetando toda acumulación ganada por dichos empleados públicos hasta el presente. El empleado recibirá al retirarse una pensión equivalente a lo que han acumulado hasta el 30 de junio de 2013 bajo la Ley 447 o Ley 1, junto a una anualidad correspondiente a las aportaciones que haga a partir del 1 de julio de 2013. Se elimina la pensión por merito bajo la Ley 447.
2. Extender la edad de retiro de manera escalonada para aquellos empleados públicos que se encuentran hoy cerca de cumplir con la edad de retiro requerida bajo las leyes vigentes.
a. Ley 447: de 58 a 65 años de edad
b. Ley 1: de 65 a 67 años de edad
c. Reforma 2000: de 60 a 67 años de edad
d. Policías y Bomberos: de 50 años (Ley 447 y Reforma 2000) o cualquier edad con 30 años de servicio (Ley 1) a 58 años de edad
3. Incremento en la aportación de los empleados al Sistema, de un 8.275 % a 10%.
4. Modificación de los beneficios otorgados por las Leyes Especiales, utilizando todo el ahorro que esto produzca para allegarle más fondos al Sistema de Empleados Públicos y así asegurar el pago de los beneficios de los jubilados y de aquellos empleados públicos activos con beneficios acumulados bajo el sistema actual.
Para los retirados recibiendo una pensión mensual igual o menor a $1,500 (aprox. 80% de los retirados)
- Reducción en 30% el bono de Navidad (de $600 a aproximadamente $425**).
- Reducción en 50% la aportación adicional al plan médico (de un máximo de $1,200 a un máximo de $600 anuales).
- Se elimina el bono de verano ($100).
- Se aumentan en 25% el bono para medicamentos (de $100 a $125).
Para los retirados recibiendo una pensión mensual mayor a $1,500 (aprox. 20% de los retirados)
- Reducción en 66% el bono de Navidad (de $600 a $200).
- Se elimina la aportación adicional al plan médico (un máximo de $1,200).
- Se elimina el bono de verano ($100).
- Se elimina el bono para medicamentos ($100).
- Se eliminarán los beneficios de las leyes especiales para todo futuro retirado.
5. Conversión del pago global que se le hace a los empleados públicos que se jubilan bajo la Reforma 2000 a una anualidad que proveerá un ingreso mensual fijo y vitalicio a nuestros servidores públicos.
La Secretaria de Hacienda destacó que aun cuando con estas propuestas se reforma la estructura de beneficios para los no retirados y se modifica los requisitos básicos para recibir una pensión bajo el Sistema, la Reforma busca ser sensible con aquellos retirados cuya realidad económica los hace más vulnerables a cambios en el Sistema y aquellos empleados públicos que se encuentran cerca de la edad de retiro. Los cambios diseñados para suavizar el impacto en los empleados públicos más vulnerables son:
- Aumentar la pensión mínima de $400 a $500.
- Utilizar parte del ahorro producto de los cambios a las Leyes Especiales para brindarle beneficios más generosos a aquellos pensionados que menos reciben mensualmente del Sistema.
- Implantar el aumento en la edad de retiro de forma escalonada para disminuir el impacto de la Reforma en aquellos que están más cerca de la edad de retiro vigente.
- Convertir el monto de las aportaciones realizadas por aquellos empleados sujetos a la Reforma 2000 a una anualidad, la cual les asegura a estos, en contraste a la Reforma 2000, un ingreso certero y vitalicio.
“De esta manera se busca encontrar un balance razonable entre la crisis fiscal del sistema y la realidad económica y social de nuestros jubilados y de nuestros empleados públicos más desventajados”, dijo Acosta.
Además, la funcionaria enfatizó que el impacto y el sacrificio producto de la Reforma son equitativos. “Aquí contribuyen todos: los retirados, a través de las reducciones a las bonificaciones especiales; los no retirados, a través de la modificación a la estructura de beneficios, el aumento en la edad de retiro de forma escalonada y el aumento en la aportación del empleado; y el patrono gubernamental y el contribuyente en general a través del incremento en las aportaciones patronales legisladas bajo la Ley 116 y una inyección multimillonaria anual adicional al Sistema durante las próximas décadas”, dijo.
Se indicó, además, que esta serie de medidas principales se unen a otros cambios prospectivos a la estructura de beneficios, tales como la modificación de beneficios por defunción y pagaderos bajo la pensión por incapacidad. “Lo importante es que estos cambios son prospectivos. En otras palabras, no trastocan los beneficios prometidos a los empleados públicos que ya están jubilados,” señaló.
Acosta agregó que aun llevando a cabo todas estas medidas, se estima que el Fondo General tendría que, de todos modos, hacer contribuciones adicionales por las próximas décadas de sobre $100 millones anuales para el Sistema.
“Es necesario recalcar que esta contribución anual al Sistema sería adicional al incremento en la aportación patronal provisto en la Ley 116, y que se tendrían que allegar fondos adicionales al Fondo General para cubrir esta brecha. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico evalúa implantar una fuente de ingresos recurrentes para poder sufragar esta contribución adicional al Sistema de Retiro”, explicó.
“Cada una de estas medidas es un eslabón necesario para prevenir la insolvencia del Sistema y así garantizar un retiro digno a nuestros empleados públicos. Más importante aún, esta Reforma respeta y valida los beneficios acumulados de los jubilados, cuyos beneficios acumulados no se verán afectados, y de los empleados públicos activos que continúen aportando al Sistema. Aunque la solución más fácil a la crisis sería reducir los beneficios acumulados para atemperarlos a la realidad económica y fiscal que vivimos, esta Reforma tiene como fin honrar esos beneficios ante la inminente insolvencia del Sistema y la situación fiscal del país”, subrayó Ferrer.
El funcionario advirtió que, de no actuar ahora, el retiro de más de 240,000 empleados y pensionados del Estado, bomberos y policías estaría en juego, porque cuando se acaben los activos del Sistema, no habría dinero para pagarle a los pensionados. En otras palabras, de no hacerse la Reforma, nuestros empleados públicos pudiesen quedarse sin sus beneficios.
Recalcó que no llevar a cabo la Reforma tendría consecuencias serias para la economía del país y sobre la capacidad del gobierno de proveer servicios esenciales. “La crisis del Sistema de Retiro ya no es el problema exclusivo de nuestros empleados públicos que esperan poder disfrutar de un retiro digno; es un riesgo sistémico que amenaza a la sociedad puertorriqueña y al diario vivir de cada ciudadano de este país. La realidad es que el Gobierno no tiene los recursos para continuar aportando más fondos al Sistema. Por eso estamos actuando con premura delineando soluciones de buena fe, bien pensadas, completas y sensibles”, puntualizó.
“Si no se establecen cambios significativos para mejorar la estructura actual, todos los puertorriqueños, incluyendo empleados públicos, pensionados y los demás sectores productivos de nuestra sociedad, tendremos que hacer sacrificios enormes para poder pagar las obligaciones acumuladas del Sistema. Todos tenemos que aportar para resolver esta situación y echar hacia adelante a nuestro país”, dijo Ferrer.
