Por Luisa García Pelatti
El Gobierno someterá legislación para fijar en 4%, durante un periodo de cinco años, el arbitrio establecido por la Ley 154 del 2010 que aplica a compras de productos manufacturados por empresas foráneas. La medida busca recaudar unos $240 millones adicionales y compensar la caída de los ingresos del fisco, que están $258 millones por debajo de lo estimado. La decisión no gustó a la Asociación de Industriales, que dijo que la gobierno “ha actuado prematuramente”.
La media es la primera que toma la administración de Alejandro García Padilla para estabilizar las finanzas. El Gobierno tiene que hacer frente a un déficit de $1,200 millones, una déficit actuarial de $25,000 millones en el Sistema de Retiro y una economía que amenaza con volver a caer en recesión, y que, por lo tanto, no está generando recaudos. Presentar, cuanto antes, un plan para resolver los primeros dos asuntos les permitirá evitar una degradación de Standard & Poor’s (Moody’s ya lo hizo en diciembre de 2012) y mantener el acceso a los mercados para refinanciar deuda e invertir en infraestructura.
La Secretaria del Departamento de Hacienda, Melba Acosta, hizo el anuncio acompañada por Javier Ferrer, presidente del Banco Gubernamental de Fomento,y Carlos Rivas, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La decisión de mantener en 4%, por cinco años, el arbitrio de la Ley 154 era previsible e inevitable. Los recaudos de este arbitrio era lo único que había evitad el desplome de los recuados. Pero la tasa del arbitrio había empezado a reducirse de 4% a 3.75% y a 2.75% en enero de este año.
“La merma en los recaudos del erario público, que a diciembre del 2012 estaba por debajo de $258 millones, y la lenta recuperación económica son una realidad. Es nuestra responsabilidad encaminar la economía del país y atender los asuntos fiscales responsablemente. Tenemos que tomar medidas rápidas para disminuir el deterioro en nuestros recaudos. Tras semanas de intenso diálogo e intercambio de ideas con las empresas foráneas a las que les aplica el arbitrio de la Ley 154, y considerando la importancia de ese sector para la salud fiscal y el desarrollo económico del país, el gobierno ha determinado que es prudente fijar el arbitrio en 4% por los próximos 5 años. A esos efectos, el Gobernador estará enviando una enmienda a la ley actual para la aprobación de la Legislatura”, destacó Acosta Febo.
La Ley 154, tal como aprobada bajo el Código de Rentas Internas de 2011, asumía que la recuperación económica de Puerto Rico se materializaría mientras el impuesto bajaba escalonadamente. Las condiciones y objetivos de recuperación económica establecidas como base de dicha ley no se han cumplido.
Con la enmienda presentada, se proyecta que los recaudos por concepto de la Ley 154 para la totalidad del presente año fiscal 2012-13 aumentaran de un estimado revisado de $1,570 millones a $1,815 millones. Desde que entró en vigor la ley, en enero de 2010, ha logrado recaudar cerca de $3,500 millones.
“Como parte del dialogo que hemos sostenido, algunas compañías nos han pedido espacio para ofrecernos otras alternativas para allegar recursos, y les hemos manifestado que nuestras conversaciones van a continuar hacia eso. Sin embargo, debido a la situación que he discutido, estaremos enmendando este arbitrio para llevarlo de vuelta a 4%. En los próximos meses continuaremos las conversaciones con estas compañías para continuar oyendo sus propuestas. Si luego de estas conversaciones logramos desarrollar ideas que puedan sustituir estos recaudos, el gobierno revisitaría este tema de la 154, pero de momento, estamos radicando las enmiendas a la legislación vigente”, comento la Secretaria Designada.
“El sector privado lleva reuniéndose con el gobierno por el último mes tratando de establecer un plan de acción que pudiera atender el problema fiscal sin afectar el desarrollo económico de Puerto Rico. En dichas reuniones recomendó que se estableciera un comité especial entre el gobierno y el sector privado que ofreciera soluciones concretas al problema fiscal del país. A la misma vez, propuso establecer un memorando de entendimiento entre el gobierno y el sector privado para presentar a las casas acreditadoras en las reuniones que se llevarán a cabo en el mes de febrero. Sin embargo, no hubo tiempo para lograr consenso entre las partes ya que cada sector se afecta de forma diferente por el aumento en la tasa contributiva”, comentó Waleska Rivera, presidenta de la Asociación de Industriales, quien lamentó que el gobierno haya tomado “una decisión unilateral que afecta la posición competitiva de las empresas establecidas en Puerto Rico y la posibilidad de atracción de nueva inversión”.
El Departamento de Hacienda también anunció que está desarrollando ciertas medidas para fortalecer sus herramientas de captación de recaudos y fiscalización de evasión contributiva. Estas incluyen, cambios a la forma en que se cobra el IVU, revisión de exenciones del IVU y otras, algunas de las cuales requerirán legislación, y otros que tienen que ver con implantación de sistemas. Igualmente se estará trabajando para comunicar las bases de datos del Departamento para que se logre establecer comunicación entre la inteligencia contributiva de cada área de Hacienda.
Por su parte, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento enfatizó que, “luego de las degradaciones de nuestros bonos a fines de diciembre pasado, nuestro acceso al mercado se ha limitado. Esto requiere que se tomen medidas de inmediato para incrementar recaudos, estabilizar las finanzas del país, reestablecer nuestro crédito y reactivar el desarrollo económico. La enmienda a la Ley 154 es una medida de varias que habremos de tomar. Todos tenemos que contribuir para levantar a Puerto Rico”.
Carlos Rivas, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto expresó que se están “llevando a cabo ciertas acciones para asegurar que este año cierra sin sobregasto versus el monto presupuestado. Perseguimos esta meta con las medidas de austeridad que ya hemos tomado, y con otras que estaremos revelando próximamente. Los ingresos han mermado, así que tenemos que ser prudentes e inteligentes con el gasto público”.
