Parte de la defensa legal del gobierno de Puerto Rico en la sala 904 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. (Foto: Centro de Periodismo Investigativo)

Por Centro de Periodismo Investigativo

El Gobierno de Puerto Rico pidió más tiempo al tribunal para hacer públicos los planes de implementación e informes de progreso que la administración Rosselló Nevares ha entregado a la Junta de Control Fiscal y que fueron solicitados desde febrero por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Tras una vista celebrada el viernes en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, el juez Anthony Cuevas otorgó 17 días al Gobierno para entregar los documentos. Este plazo vence el lunes, 20 de mayo. Cuevas también señaló una vista para el 22 de mayo en la cual se discutirán los documentos que hayan sido entregados y aquellos que el Estado retendrá, si invoca algún privilegio legal.

Los planes de implementación detallan las medidas que deben realizar las agencias y corporaciones públicas para cumplir con los planes fiscales, tales como consolidaciones, recortes en nómina y reducción en gastos operacionales. También cubren las medidas para aumentar los recaudos, al igual que reformas como las de pensiones, bienestar social, energía y salud. Los informes mensuales de progreso, por su parte, retratan cómo va el Gobierno en la implementación de esos planes.Luego de una entrega incompleta de documentos, el CPI demandó el 22 de abril al Principal Oficial Financiero (CFO) del Gobierno, Raúl Maldonado, y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera (AAFAF), Christian Sobrino, para obtener acceso a los planes e informes.

Según la página web de la Junta, el Gobierno ha entregado 91 planes de implementación de un total de 129 que le fueron requeridos por el ente rector. En cuanto a los informes mensuales de progreso, el Gobierno ha sometido a la Junta poco menos de la mitad de los informes requeridos. Ninguno de estos planes de implementación ha sido entregado hasta el momento al CPI, mientras que AAFAF produjo una parte de los informes mensuales de progreso que ha entregado a la Junta hasta el pasado mes de febrero.

Los abogados del Gobierno llegaron a la vista del viernes pidiendo de 10 a 15 días adicionales para evaluar los documentos que AAFAF ya entregó al CPI, al igual que aquellos que no han sido producidos todavía, y cuáles retendrá invocando privilegios legales.

Carlos Sagardía — que se identificó como “asesor legal externo” del CFO — quiso “dejar claro que la política pública de la oficina del licenciado Maldonado es bien liberal en su visión de la producción de información que sea de naturaleza pública”. Aseguró que la intención del CFO es entregar los documentos solicitados por el CPI, excepto aquellos que estén sujetos a privilegios legales. El abogado añadió que Maldonado está interesado en entrar en “memorandos de entendimiento” con la prensa para canalizar pedidos de información pública y “se va a designar a una persona dentro de esa oficina para que canalice esas peticiones”.

“Estoy muy de acuerdo con las palabras del compañero Sagardía, pero, las palabras tienen que ir a la mano con la acción, y uno aprende con el tiempo que uno no es lo que dice ser, sino lo que uno hace”, dijo el juez Cuevas, quien reconoció que el CPI lleva meses esperando por la información. Pidió establecer un “plan de trabajo un poco más organizado” porque “este no es el primer caso” de documentos públicos.

“El pueblo, que es el que nos paga nuestros salarios, tiene derecho a saberlo”, dijo Cuevas en torno a los pedidos de documentos públicos. “Esto no es una empresa privada”.

Los abogados del Gobierno cuestionaron la manera en que el CPI tramitó la solicitud de los documentos. Según Sagardía, el pedido “no necesariamente se le cursó a las personas idóneas que estuvieran a cargo de poder evaluar la solicitud de manera integral y poder determinar el proceso a seguir para hacer un inventario y la producción de la documentación de manera correcta”.

El 5 de febrero, el CPI solicitó los documentos en un correo electrónico dirigido a la oficial de prensa de Maldonado, Iliana Rivera, y a la secretaria de prensa de Fortaleza, Denisse Pérez. A pesar de que el CPI reiteró que era el CFO quien debía tramitar la solicitud, Pérez refirió la petición a personal de AAFAF. Un mes después, la agencia realizó una entrega incompleta de informes mensuales de progreso para algunas agencias.

En una muestra de aparente falta de coordinación entre agencias, Sagardía dijo durante la vista: “Ciertamente los compañeros [del CPI] hicieron una solicitud desde hace un tiempo a unas personas y tengo que ser bien franco, la oficina del CFO está ahora mismo tratando de reconfigurar todo eso que se produjo [por parte de AAFAF], determinar qué es lo que falta, cuál es el inventario, qué se produjo con tachaduras para determinar si esas tachaduras se van a eliminar y poder hacer un ejercicio responsable”.

Aunque estaban allí, los abogados de AAFAF no dijeron palabra durante la vista del viernes.

Seis abogados defendieron al Estado durante la vista. Raúl Castellanos lidera la representación legal de Maldonado junto a Sagardía, e Isaías Ojeda. En representación de AAFAF y Sobrino, estuvieron Diego Murgia y Ninoshka Picart del bufete Pietrantoni, Méndez & Álvarez. Por el Departamento de Justicia compareció Antonio Cintrón Almodóvar.

Por el CPI, estuvieron los abogados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell, de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.