Por Redacción de Sin Comillas
El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, convirtió en ley los Proyectos de Administración 94 y 95 que fortalecen la fiscalización de las entidades bancarias y financieras internacionales en la Isla y mejoran las herramientas para combatir el lavado de dinero.
Los proyectos permiten que la Oficina de la Comisionada de Instituciones Financieras (OCIF) pueda realizar investigaciones sobre el cambio de control de las entidades, emitir órdenes de cese y desista y órdenes para mostrar causa. Además, OCIF podrá emitir Memorandos de Entendimiento e iniciar procedimientos de conformidad con las Leyes de Procedimiento Administrativo Uniforme.
A su vez, la OCIF estará facultada para imponer multas, restituciones y sanciones administrativas por violaciones a esta ley, a los Reglamentos de la OCIF y sus respectivas Órdenes. Además, podrá, en el proceso de cese y desista o de liquidación involuntaria de la entidad financiera internacional, contratar y nombrar un síndico que se encargue del proceso de liquidación involuntaria. De hecho, la OCIF podrá investigar a todos los accionistas o tenedores, directos o indirectos, de cualquier participación en el capital de estas entidades financieras para satisfacerse de la legalidad de sus fondos.
De igual forma, y al enmendar la Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional se aumenta el cargo para solicitar y renovar la licencia, se aclara que el proponente será el responsable de los gastos de investigación que se generen como consecuencia de su solicitud y se aumenta la cantidad de activos libres de gravámenes o garantías financieras. Asimismo, se aumentan los derechos de licencia anual por oficina, se atempera el requisito de capital pagado, se establece un cargo por transferencia de control de más de un 10 por ciento y se dispone el procedimiento de reconsideración y revisión judicial para atender cualquier denegación de permiso o solicitud de licencia, entre otras disposiciones.
