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Por redacción de Sin Comillas
El Gobierno radicará dos proyectos de ley para enmendar la Ley 52-1989, conocida como la “Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional” y la Ley 273-2012, conocida como la “Ley Reguladora del Centro Financiero Internacional”. El objetivo es asegurar que las entidades bancarias y financieras internacionales que operan lo hagan de forma solvente, sólida, competitiva y responsable, explicaron el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, y la Comisionada de Instituciones Financieras (OCIF), Natalia Zequeira Díaz.
“En términos generales, el funcionamiento del Centro Bancario Internacional y el Centro Financiero Internacional de Puerto Rico y la operación de sus bancos y entidades financieras internacionales han sido de beneficio para el desarrollo económico en Puerto Rico. Sin embargo, luego de décadas de establecidos, y a fin de atender responsablemente el cumplimiento de los bancos y entidades financieras internacionales con las leyes y reglamentos que los gobiernan, se hace indispensable robustecer el esquema reglamentario y fiscalizador vigente a tenor con las necesidades actuales”, dijo Pierluisi.
Específicamente, según explicó el primer ejecutivo, se hace necesario enmendar las leyes 52-1989 y 273-2012 para exigir mayor cumplimiento con las leyes para combatir el lavado de dinero y facultar a la OCIF a denegar un permiso o una licencia cuando el resultado de la investigación pertinente le permita concluir que la responsabilidad financiera, experiencia, carácter y aptitud general del proponente no le brindan confianza ni le permiten determinar que el proponente operará la entidad financiera internacional de manera honrada, justa y eficiente para alcanzar los propósitos de la ley.
Entre las disposiciones contenidas en ambas medidas se encuentran (1) aumentar significativamente los requerimientos mínimos de capitalización; (2) aumentar significativamente los cargos por la solicitud para organizar u operar una entidad financiera internacional; (3) aclarar que el proponente será responsable por los gastos de investigación; (4) ampliar el ámbito de investigación para incluir la capacidad económica de accionistas y propietarios; (5) requerir la contratación de directores independientes; (6) aumentar significativamente los requisitos de fianza; (7) duplicar el requisito mínimo de empleados; (8) aumentar significativamente los cargos para obtener y renovar una licencia; (9) incluir la insolvencia como causa para denegar la renovación de una licencia; y (10) ampliar la facultad del Comisionado para denegar una solicitud cuando cualquiera de sus accionistas, directores o proponentes haya sido convicto por delito grave, fraude, lavado de dinero, depravación moral, evasión contributiva, entre otras medidas.
“En los pasados meses hemos demostrado que no nos ha temblado la mano a la hora de cumplir cabalmente con nuestro deber como regulador de hacer cumplir las leyes y reglamentos vigentes de OCIF para proteger a los bancos y entidades financieras internacionales, sus depositantes y, en última instancia, la solidez y la reputación del sistema financiero de Puerto Rico. Precisamente por ello, les damos la bienvenida a estos cambios que facilitarán y fortalecerán nuestra capacidad de fiscalización en el proceso de investigación para la concesión de licencias y otras instancias, lo cual es indispensable para aseguramos que las entidades que entren a participar en el mercado sean financiera y económicamente robustas de forma tal que puedan llevar a cabo su negocio de forma más solvente, sólida, competitiva y responsable” dijo Zequeira.
