Por redacción de Sin Comillas
La gobernadora Wanda Vázquez Garced convoca a la Asamblea Legislativa a reunirse en su Sexta Sesión Extraordinaria a partir de este miércoles, 16 de septiembre, para atender varias medidas, incluyendo medidas de administración y proyectos de ley relacionados a temas de mayor transparencia, de salud, educación y seguridad, entre otros.
Como parte de esta convocatoria, se incluyen nombramientos como el de Contralor, a quien la primera ejecutiva designó a Osvaldo Soto García para dicha posición. Soto García fue administrador auxiliar de la Administración de Desarrollo Laboral del Departamento del Trabajo y periodista de Univision Radio.
Como parte de medidas de administración que serán enviadas por la gobernadora, la primera propone que en todos los contratos de servicios profesionales o consultivos otorgados por entidades gubernamentales, se indique bajo juramento, si existen personas naturales o jurídicas que sean parte o tengan algún interés directo, incluyendo a través de afiliadas o subsidiarias, en las ganancias o beneficios producto del contrato por razón de cualquier acuerdo verbal o escrito de subcontratación, intermediación, ganancias compartidas, ganancias por referido, ganancias de éxito por contratación, cabildeo o de naturaleza similar. Además, pretende enmendar la “Ley de Registro de Contratos”, a los fines de que toda persona natural o jurídica que otorgue un contrato con alguna entidad gubernamental y/o municipal del gobierno de Puerto Rico, y que, a su vez, celebre otro de igual naturaleza y objeto con una tercera persona no vinculada con el negocio inicial a modo de subcontrato, tenga la obligación de inscribir y presentar copia del subcontrato en la Oficina del Contralor y de la agencia pertinente. Esto permitirá que haya mayor transparencia y visibilidad sobre la contratación entre el Gobierno y las personas o entidades privadas.
Otra medida es para enmendar la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, a los fines de establecer la responsabilidad de las agencias de gobierno de siempre notificar y más importante aún, fundamentar las enmiendas a las órdenes de compra y/o contratos que elevan el valor de una compra ya adjudicada, promoviendo una competencia justa y transparente.
La tercera medida de administración pretende establecer que los fondos para el incentivo económico otorgado en la Resolución Conjunta 65-2020 puedan provenir de los fondos autorizados para la Reserva de Emergencia establecida en el Plan Fiscal y el Presupuesto Certificado y/o cualquier otro fondo estatal o federal que se identifique para la consecución de los propósitos de la medida. De esta forma se amplían las fuentes para poder otorgar los incentivos.
Otra de las medidas es para establecer política pública en cuanto a la reglamentación de la seguridad marítima, las prácticas recreativas acuáticas y marítimas y deportes relacionados, la protección de los recursos naturales y disponer de todo lo relativo a su administración y reglamentación por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y establecer penalidades.
La quinta medida autorizaría al secretario del Departamento de Hacienda a establecer mediante escritura pública un fideicomiso que se conocerá como el “Fideicomiso Independiente de Becas de la Universidad de Puerto Rico” para establecer el propósito del fideicomiso, y autorizar que el fiduciario del fideicomiso sea una entidad sin fines de lucro.
Igualmente, se presentará una medida para autorizar al secretario del Departamento de Hacienda a proveer asistencia de emergencia en forma de uno o más préstamos o facilidades de crédito a entidades gubernamentales prestatarias con el propósito de atender los retos de liquidez de dichas entidades relacionados con la emergencia del COVID-19 y con las medidas necesarias tomadas a raíz de dicha emergencia. Esto autorizaría a entidades gubernamentales prestatarias a incurrir en dichos préstamos o suscribir dichas facilidades de crédito para recibir la asistencia de emergencia, disponer los requisitos, términos y condiciones para recibir la Asistencia de Emergencia, y para otros propósitos relacionados.
El secretario del Departamento de Hacienda también aprobaría, a nombre del gobierno de Puerto Rico, adelantar fondos mediante préstamos u otro tipo de adelantos a agencias del gobierno central, corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios en anticipación del recibo de fondos bajo programas de FEMA de aprobarse.
En temas de salud, se presentará un proyecto de administración que busca aclarar los requisitos que tiene que completar un aspirante para que pueda tomar el examen para la licencia de doctor en quiropráctica en Puerto Rico.
También con relación a la salud, se atenderá el Proyecto de la Cámara 2581, que busca enmendar la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico” para establecer como conducta delictiva el incumplir en el uso de mascarillas, cubrebocas o bufandas en caso de una pandemia o epidemia decretada por Orden Ejecutiva promulgada por el gobernador de Puerto Rico.
El Proyecto de la Cámara 1969 tiene como propósito enmendar la “Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica” para establecer uniformidad en los requisitos de educación continua para los profesionales de la salud cuya práctica está regida por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, y para otros fines relacionados.
Mientras, el Proyecto del Senado 1437 enmienda la “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico” a los fines de delegar las funciones, deberes y responsabilidades de la Administración de Seguros de Salud (ASES) en el secretario del Departamento de Salud, creando la Secretaría Auxiliar de Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico.
El “Código de Seguros de Puerto Rico” se enmendaría de aprobarse el Proyecto del Senado 1485 para brindarle inmunidad a los profesionales de la salud que prestan servicios a pacientes en los Centros de Trauma y Estabilización designados, extender la aplicación de los límites de responsabilidad del estado, y otros fines relacionados.
En cuanto a la seguridad, el Proyecto de la Cámara 2392 enmendaría la “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020” para aclarar circunstancias por las cuales se le puede denegar una licencia de armas a un agente del orden público, además de autorizar que como excepción se permita a los instructores que ofrecen los cursos conducentes a la certificación de uso y manejo para que puedan facilitar sus armas y municiones registradas a su nombre a los peticionarios de una licencia de armas en los polígonos y clubes de tiro que no tienen armería en sus facilidades.
También en el ámbito de seguridad, el Proyecto del Senado 923 provee para enmendar la “Ley para Unificar las Funciones de los Agentes del Orden Público en Puerto Rico en el caso de una Declaración de Emergencia o Desastre” para definir agentes del orden público y establecer claramente que funcionarios se considerarán agentes para los fines de la ley. Esto autorizaría al gobernador a activar a los agentes del orden público ante una situación de emergencia o desastre, establecer los poderes y facultades de los agentes del orden público activados por esta ley, disponer sobre la unificación de los principales componentes de seguridad pública ante una declaración de emergencia o desastre, y disponer sobre un Cuerpo de Oficiales de Paz.
Relacionado con la educación, el Proyecto del Senado 1311 ordena al Departamento de Educación a crear un programa piloto de estudios de escuela primaria y secundaria que incluya materias de temas de uso y manejo responsable de la tecnología, y de materias relacionadas al diseño y creación de programación de computadoras y videojuegos. Deberá radicar informes de progreso ante las secretarías de ambos cuerpos legislativos.
Con el fin de ampliar el término para solicitar la renovación de la licencia de conducir previo a su expiración y proveer para que la vigencia de la licencia de conducir y la tarjeta de identificación sea de ocho años en lugar de seis, el Proyecto de la Cámara 2036 pretende enmendar la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”.
Con relación a las licencias, el Proyecto de la Cámara 403 busca enmendar la misma ley con el propósito de autorizar la expedición y el uso de las denominadas licencia de conducir virtuales, mediante el diseño y acceso a una aplicación móvil que contendrá la referida licencia, y la cual deberá ser afín con todos los sistemas operativos móviles disponibles en el mercado.
Por otra parte, el Proyecto del Senado 1639 crearía mediante ley la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3) con el fin de facultar a la oficina a supervisar el cumplimiento de las subvenciones federales por desastre; delegar en la Oficina el poder de revisar asuntos que incluyen, entre otros, planes de emergencia y recuperación de las agencias e instrumentos del Gobierno de Puerto Rico; estipulanado que la Oficina será la única entidad autorizada para celebrar acuerdos de subvención con el gobierno federal relacionados a los procesos de reconstrucción, recuperación y desastres.
El Proyecto del Senado 1640 establece la transformación de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión con el propósito de fortalecer su estructura organizacional de manera que desarrolle una verdadera autonomía operacional y funcional. Se estará buscando autorizar a la Corporación a establecer Alianzas y/u otorgar Contratos de Alianza con relación a sus Funciones, Servicios y/o Instalaciones con uno o más Proponentes.
A los fines de mejorar la gerencia tecnológica del gobierno con alcances estatutarios uniformes relacionados a la validez legal, la producción, reproducción, utilización, transmisión, recibo, emisión y conservación de los documentos públicos en formatos electrónicos y digitales, el Proyecto del Senado 1661 busca enmendar la “Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico” para dicho propósito.
Por otra parte, el Proyecto del Senado 1503 brinda mayores herramientas al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático para poder cumplir con sus responsabilidades, además de asignar presupuesto a la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de la Asamblea Legislativa.
Otras medidas serían: la Resolución Conjunta de la Cámara 465 para evaluar la transferencia libre de costo a instituciones sin fines de lucro la titularidad de terrenos y escuelas; la Resolución Conjunta del Senado 571 que ordenaría la transferencia del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Maricao a dicho municipio; y el Proyecto de la Cámara 2310 para enmendar la “Ley de Dinero y Otros Bienes Líquidos Abandonados o No Reclamados” con el fin de decretar obligaciones a las instituciones financieras, bancarias y cooperativas de Puerto Rico a crear cuentas CIAA que permitan allegar recursos para el acceso a la justicia de las personas de escasos recursos.
