Por redacción de Sin Comillas
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares recomendó cambios en las funciones de la Junta de Control Fiscal (JSF) dirigidos a desvincular al ente federal de decisiones de política pública durante su deposición ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Según el gobernador, la Junta no ha cumplido con los objetivos para los que fue creada y se ha convertido en una organización poco democrática.
“La Junta de Supervisión se ha esforzado por crear incertidumbre en Puerto Rico. Toma medidas y hace pronunciamientos públicos que no son compatibles con PROMESA y luego se niegan a reconocer sus errores. Hace solo dos días, la JSF demandó a cientos de proveedores locales puertorriqueños; esto incluyó a clínicas de salud y centros de educación para nuestros niños más vulnerables. ¿Cómo se supone que el Gobierno de Puerto Rico reciba bienes y servicios si todos deben temer un acoso litigioso?”, dijo Roselló.
El gobernador solicitó que la Junta no interfiera con las operaciones gubernamentales y que el Gobierno de Puerto Rico pueda mantener su poder de establecer política pública. Se niega a que la Junta maneje las reasignaciones de presupuesto y cuestiona su función como representante exclusivo de Título III, los gastos incurrimos y la falta de transparencia.
“La Junta de Supervisión debe ser responsable del uso de los fondos públicos y la toma de decisiones. Los informes sobre la falta de transparencia y los posibles conflictos de intereses de los consultores de la Junta son muy preocupantes y no son sorprendentes, dada la forma en que han llevado a cabo sus gestiones durante todo el proceso”, señaló el gobernador.
Solicitó al Comité abordar otros asuntos, entre los cuales incluyó el problema de inequidad en fondos de recuperación ante desastres y las consideraciones de costo compartido de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).
También solicitó los fondos para el Programa de Asistencia Nutricional; equidad en programas federales; herramientas para crecimiento económico; y la recuperación del sistema de salud mediante la resolución del abismo fiscal y la inequidad en Medicare y Medicaid.
Por último, el primer ejecutivo solicitó resolver el estatus político de Puerto Rico y lo estableció como la reforma estructural más crucial para la Isla. Rosselló Nevares afirmó que “el estatus político y la relación de Puerto Rico con el Gobierno federal están íntimamente relacionados con el potencial de crecimiento económico, estabilidad fiscal y recuperación exitosa de la Isla. El Congreso debe resolver el estado de Puerto Rico para liberar todo su potencial e implementar la voluntad de los votantes, quienes democráticamente han expresado en dos ocasiones durante los últimos seis años el claro deseo de terminar con el estado territorial actual y lograr la estadidad para Puerto Rico”.
