Por redacción de Sin Comillas
“Bajo mi administración la UPR no es un gasto es una inversión en el futuro del país”. Con estas expresiones, el gobernador Alejandro García Padilla anunció la radicación de un proyecto de ley de Administración que restituye la asignación del 9.6% del total de rentas o ingresos del gobierno para el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR), lo que representará una asignación recurrente anual de entre $80 y $100 millones adicionales a la UPR.
Con la aprobación de esta medida no será necesaria la Ley 176 de 2010 mejor conocida como la Ley del Fondo Especial para becas de la UPR por lo que queda derogada en el mismo proyecto. García Padilla presentó además el proyecto que convierte en reserva agrícola los terrenos comprendidos dentro de las fincas de la Estación Experimental Agrícola en el Municipio de Gurabo y revierte su titularidad a la UPR.
Ante la radicación de la medida referente a la fórmula, el García Padilla instó a la Junta de Síndicos a eliminar la cuota de $800 anuales – $400 por semestre académico -por entender que la misma es innecesaria.
“Tal y como me comprometí con la comunidad universitaria y particularmente, con los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, hoy he procedido a radicar el proyecto de ley que restituye la asignación por fórmula al presupuesto de la UPR que se nutrirá del 9.6% del total de ingresos del gobierno lo que asegura y fortalece las finanzas de la UPR. Esta medida, no solo es una de justicia sino que le devuelve al primer centro docente del país la autonomía fiscal que mantuvo desde el 1966 y que fuera arrebatada tres años atrás”,expresó el Gobernador en declaraciones escritas.
El gobernador explicó que la autonomía fiscal de la UPR se logró mediante la Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1966, según enmendada, la cual dispuso como mecanismo de financiamiento operacional de la UPR, una asignación anual de fondos que se determina mediante una fórmula fija.
Dicha fórmula en la actualidad consiste del 9.60% del promedio del monto total de las rentas anuales obtenidas de acuerdo con las disposiciones de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en los dos años económicos inmediatamente anteriores al año corriente y de lo ingresado en cualesquiera fondos especiales creados a través de legislación.
Sin embargo, con la aprobación de la Ley Núm. 7 del 9 de marzo de 2009, conocida como “Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal”, se alteró dicha fórmula eliminando diversas fuentes del cómputo de fórmula que provocó una merma en los recursos de la Universidad que excedió los $100 millones.
“Atender con responsabilidad la difícil situación fiscal que enfrenta la Universidad de Puerto Rico es un asunto de todos. La Universidad es pieza clave en la transformación social que queremos para mejorar cualitativamente el sistema de educación pública y la calidad de vida de todo el País. Esto requiere que restituyamos la estabilidad económica que necesita nuestra única institución universitaria pública. A esos fines, restituiremos el lenguaje de esta disposición legal previo a la aprobación de la referida Ley Núm. 7. De esta forma, garantizamos que la Universidad de Puerto Rico reciba el dinero producto de la formula presupuestaria completa de la fórmula del 9.6% del total de los ingresos del Fondo General”, expresó el Gobernador.
García Padilla hizo un llamado a los miembros de la Junta de Síndicos de la UPR a que eliminen la cuota de matrícula de $800 anuales por entender que una vez se apruebe la medida, la cuota es innecesaria.
De otra parte, el Gobierno radicó un proyecto que declara como Reserva Agrícola los terrenos comprendidos dentro de las fincas de la Estación Experimental Agrícola en el Municipio de Gurabo y que restituye la titularidad a la Universidad. De esta forma se revierte el efecto que tuvo la Resolución Conjunta 224-2012 que ordenó la transferencia gratuita de 50 cuerdas de terreno de la Estación Experimental Agrícola al Municipio de Gurabo.
“Esta estación cuenta actualmente con terrenos sumamente fértiles que tenemos que proteger en aras de promover el desarrollo de actividades agrícolas sustentables. No se puede incentivar ese sector económico si no se protegen los terrenos adecuados para una industria agrícola productiva y rentable. Mi compromiso es proteger y clasificar adecuadamente los terrenos con potencial de desarrollo agrícola para evitar la conversión irreversible a terrenos agrícolas”, indicó.
