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Los recortes propuestos, que no contemplan despidos, incluyen una reducción en los días de vacaciones de los empleados públicos, disminuir los beneficios marginales de los empleados de las corporaciones públicas, que los que reciben pensiones superiores a los $2,000 al mes paguen contribuciones y la eliminación de los subsidios a los municipios.

Por Luisa García Pelatti

El Plan Fiscal (340572792-PR-Fiscal-Plan-2017) que el Gobierno entregó ayer a la Junta de Control Fiscal incluirá aumentos en recaudos ascendentes a $1,470 millones, una reducción de cerca de $1,800 millones en gastos del Gobierno, recortes al sistema de salud de $300 millones y al sistema de pensiones por $70 millones, según explicó el gobernador Ricardo Rosselló horas antes de ofrecer su primer mensaje sobre la situación del país. 

En total, el Gobierno se queda corto por $850 millones en la reducción de gastos cuando se compara con lo que ha solicitado la Junta de Control Fiscal, pero aún así el Gobernador espera que la Junta apruebe el plan fiscal.

En el área de ingresos, la Junta había solicitado un alza de $1,500 millones. El Gobierno propone incrementar los recaudos en $1,470 millones. Lo harán con la decisión de extender la Ley 154 durante 10 años más; aumentando la captación del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y otras contribuciones; y con incrementos en multas y sellos y otros ingresos.

Los gastos del Gobierno sufriría una merma de cerca de $1,800 millones, ligeramente por encima de los $1,600 millones solicitados por la Junta. Los ahorros se lograrán con la congelación de plazas en el Gobierno; y reduciendo los beneficios marginales de los empleados de corporaciones públicas (alrededor de $11,000) para equiparlos con los del resto de los empleados públicos (unos $2,000). En estos dos componentes se estiman ahorros de $400 millones.

Los días de vacaciones de los empleados públicos se reducirán de los actuales 30 días a 15 días, para igualarlos con el sector privado y “aumentado la productividad”. Esta medida producirá ahorros de entre $150 millones a $200 millones al año. “Evitando el despido de servidores públicos”, señaló Rosselló, destacando que la Junta había contemplado el despido de 45,000 empleados públicos.

Aunque no forma parte del plan fiscal, el Gobernador anunció que se propone presentar varias órdenes ejecutivas y medidas legislativas para aumentar el salario mínimo.

Por otro lado, las medidas para hacer el gobierno más pequeño, disminuyendo el número de agencias, centralizando servicios y privatizando o municipalizando otros podría generar $460 millones en ahorros.

Se eliminarán los subsidios a los municipios en un periodo de dos años ($350 millones), pero para compensarlo se realizará una retasación de las propiedades por parte del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM). Se fomentará la creación de consorcios municipales. Se eliminarán todos los incentivos que no produzcan inversiones, lo que se estima redundará en ahorros de $100 millones.

La partida de gastos total contempla reducciones de entre $1,750 millones y $1,800 millones, excediendo los $1,600 millones que recomendaba la Junta. La cifra contempla un recorte de $300 millones en la Universidad de Puerto Rico (UPR), que tiene hasta el 15 de marzo para entregar su plan fiscal.

En el sistema de salud se contemplan recortes de $300 millones, muy por debajo de los $1,000 millones que solicitaba la Junta. El gobernador dice que no se hicieron más recortes para evitar el colapso del sistema de salud. Los ahorros de $100 millones se producirán reduciendo el porcentaje administrativo que retiene las aseguradoras de 2% a 3%. Otros $90 millones al año se lograrán reduciendo el fraude y otros $60 millones al año se conseguirán aplicando legislación para la utilización de medicamentos genéricos. El escenario no contempla los fondos federales de salud.

Aunque no se será parte del plan fiscal, el Gobierno se propone establecer un nuevo modelo de salud, que tendrá una sola región y donde el ciudadano podrá escoger el proveedor. Sin dar muchos detalles dijo que es un modelo centrado en el paciente que permite abaratar costos. Estiman que significará ahorros de entre $250 millones a $300 millones.

La reforma del sistema de pensiones obligará a pagar contribuciones a los que reciben pensiones superiores a los $2,000 al año. Se estima un ahorros de $70 millones que se invertirán en el sistema, y que están $100 millones por debajo de lo que recomendó la Junta, que recomendaba un recorte de 10% en las pensiones.

A pesar de que las economía del plan fiscal se quedan cortas por $800 millones respecto a lo que espera la Junta, el Gobernador dijo que las reformas: laboral, contributiva y de permisos compensarán esa cantidad evitando un colapso de la economía de más de 16%, tal y como prevé la Junta.

“Ese es nuestro Plan Fiscal. Exhortamos a la Junta a que lo considere y lo apruebe”, pidió el Gobernador.

La Junta confirmó la recepción del Plan Fiscal con un mensaje enviado hoy, 1 de marzo. La Junta dijo que estará evaluando el mismo en los próximos días.