Por redacción de Sin Comillas
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el Proyecto que elimina la obligación de los municipios de aportar al Plan de Salud del Gobierno y al sistema de pensiones. La Junta de Control Fiscal ha advertido al Gobierno que el proyecto va en contra del Plan Fiscal certificado. La Junta tiene autoridad para anular esta ley o cualquier otra que viole el Plan Fiscal.
A partir del 30 de septiembre de 2019, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) retendrá en el Fondo de Equiparación un 50% de la cantidad que correspondería a los municipios desembolsar a la Administración de Seguros de Salud (ASES).
Además, a partir del año fiscal 2019-2020, se retendrá hasta 90% de la cantidad que correspondería pagar a los municipios al “Pay as you Go”, el plan de pensiones, a fin de que distribuyan a los municipios según las normas aplicables a dicho fondo.
El Plan Fiscal para Puerto Rico que aprobó la Junta contempla la reducción de las transferencias de fondos del Fondo General a los municipios hasta su eliminación al año 2023, cuya cifra ronda en $360 millones anuales. Se estima que el impacto fiscal para los municipios entre estas partidas alcanza los $400 millones anualmente.
El Gobernador también convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 2058 que modifica las alternativas de fórmula de distribución para que la administración del CRIM y su Junta de Gobierno puedan elaborar métodos alternativos de distribución. Se establece que el cómputo del total de los ingresos que se distribuirán en el año fiscal 2018-2019 y años subsiguientes se hará al usar como año base el año fiscal 2016-2017.
La Junta de Gobierno del CRIM queda facultada para establecer una fórmula para distribuir los fondos, según las circunstancias de cada año. La Junta también podrá establecer cualquier otro criterio objetivo para que se mantenga la proporcionalidad en la distribución que se hace entre los municipios, de manera discrecional.