Por redacción de Sin Comillas
El gobernador Alejandro García Padilla envió hoy a la legislatura el proyecto que dará paso a la creación de la “Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica de Puerto Rico”. La Junta tendrá cinco miembros y tendrá un presupuesto de $1 millón mensual.
La propuesta Ley de Responsabilidad Fiscal y Revitalización Económica de Puerto Rico “busca que la junta sea una entidad independiente, no político partidista, encargada de aprobar el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal y de velar porque los presupuestos futuros del Estado Libre Asociado y sus instrumentalidades cumplan con lo dispuesto en dicho plan”.
Una vez hayan sido nombrados todos los miembros de la Junta, el Grupo de Trabajo deberá someter a la Junta, para su revisión y aprobación, una propuesta de un plan de crecimiento económico y fiscal consolidado de cinco años. La Junta tendrá 30 días para revisar el plan de crecimiento económico y fiscal propuesto por el Grupo de Trabajo.
La Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica estará compuesta por cinco miembros a ser nombrados por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Tendrán inmunidad y serán nombrados por un términos de cuatro años. Los miembros deberán tener conocimiento, pericia y al menos 10 años de experiencia en finanzas, administración, derecho, economía o la organización u operación de negocios o entidades gubernamentales; no ser tenedores directos de obligaciones de cualquier entidad gubernamental, ni tenedores indirectos de dichas obligaciones a través de participaciones en compañías de inversión que tengan más del 10% de sus fondos invertidos en dichas obligaciones; y no ser al momento de su designación o haber sido durante los pasados cinco años oficial o empleado de ninguna entidad gubernamental.
El proyecto propone, además, reglas presupuestarias que incluyen que los estimados de ingresos deberán estar validados por un consultor independiente que será seleccionado por la junta. Otra de las medidas exige establecer una reserva del 2.5% del total del presupuesto.
El proyecto señala que “la Junta establecerá sus propias reglas para determinar cuándo sus reuniones estarán abiertas al público, pero en todo momento se mantendrán accesibles al público récords adecuados de todos los negocios oficiales de la Junta”.
