Por redacción de Sin Comillas
En sus primeras horas como Gobernador, Alejandro García Padilla emitió en la noche del jueves tres órdenes ejecutivas. Una de ellas es para autorizar la activación de la Guardia Nacional para realizar labores de vigilancia en puertos y aeropuertos con el objetivo de impedir la entrada de drogas y armas. Las otras dos son para controlar los gastos en autos, escoltas, celulares y viajes y reducir en por lo menos un 10% los gastos totales de la nómina del personal de confianza.
Lea las órdenes ejecutivas: Orden Ejecutiva (Puestos Vacantes) Orden Ejecutiva (Control de Gastos) Orden Ejecutiva (Activacioìn Guardia Nacional)
García Padilla justifica la activación de la Guardia Nacional por “la ola criminal que ha azotado a Puerto Rico durante los últimos años”, que “ha elevado los asuntos de seguridad pública a la más alta prioridad de la presente Administración”. En los últimos cuatro años se han registrado más de 4,000 asesinatos. Se estima que más de la mitad de los asesinatos están relacionados con el trasiego de drogas y armas. Se trata de ubicar a la Guardia Nacional en lugares estratégicos para interrumpir la cadena de distribución de armas y drogas ilegales.
En los próximos cinco días un equipo formado por la Guardia Nacional, La Policía, el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, decidirá la cantidad de efectivos que serán necesarios. La Guardia Nacional someterá un informe de gastos antes y después de cada operación. No se da información sobre cuánto podría costarle al erario la activación.
Otra de las órdenes pide a los jefes de agencias que recorten en por lo menos un 10% los gastos totales de la nómina del personal de confianza. Todos los puestos vacantes seguirán vacantes y no se harán nombramientos sin la autorización por escrito de la Secretaria de la Gobernación. También habrá que pedir permiso por escrito a Ingrid Vila para otorgar un contrato o renovarlo.
Una de las órdenes establece medidas adicionales para controlar los fondos públicos en el uso de automóviles, escoltas, celulares, tarjetas de crédito y viajes oficiales. Se limita el uso del automóvil para “gestiones estrechamente relacionadas con el desempeño de su cargo”. Además los jefes de agencias deben reducir la flota de vehículos oficiales asignada a sus respectivas agencias.
La orden limita el uso de escoltas. Sólo tendrán escoltas los siguientes jefes de agencias: Secretario de Estado, Secretario de Justicia, Secretario de Corrección y Rehabilitación y el Superintendente de la Policía, y el número debe reducirse al mínimo para garantizar la seguridad.
La orden prohíbe el uso de fondos públicos para el pago de teléfonos celulares y Asistentes Digitales Personales (PDA’s) para uso de los jefes, funcionarios y empleados de las agencias. Y se cancelarán los contratos con las compañías de telecomunicaciones.
