Por redacción de Sin Comillas
El gobernador Pedro R. Pierluisi presentó ante la Legislatura un presupuesto de $10,345 millones, que incluye $223 millones más que el presupuesto sometido la semana pasada por la Junta de Control Fiscal ($10,112 millones).
Pierluisi considera que el presupuesto de la Junta no asigna suficientes recursos “para atender las situaciones más apremiantes de Puerto Rico”. Ante esto, el gobernador presentó una Resolución enmendada de presupuesto para incluir recursos adicionales.
El Gobernador se opone a que se recorten fondos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), por lo que pide que se restituyan $10 millones al presupuesto de la agencia, principalmente, para potenciar la exención de cabotaje aéreo. Solicita además otros $10 millones adicionales para crear un programa de primeras oportunidades de empleos para jóvenes.
Se mantienen las transferencias a los municipios ($132 millones) y asigna $550,000 para que la Federación y la Asociación de Alcaldes “puedan apoyar” a los alcaldes en su gestión.
Pierluisi se opone a que se realicen recortes adicionales a la Universidad de Puerto Rico (UPR) proponiendo así que se le mantenga su asignación anual en la suma de $560 millones.
Se opone a que se recorten gastos del mantenimiento a las carreteras y destina $23.7 millones adicionales al presupuesto del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
Propone que se aumentan los salarios de los oficiales de custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para que se equiparen a los de los policías estatales. Para ello se proponen $15 millones de una asignación recurrente.
Además, se asignan $3.2 millones adicionales al Departamento de la Familia y $2.8 millones adicionales para el Departamento de Justicia.
Se están añadiendo $5 millones para cubrir gastos de nómina del Departamento de Salud y $1.2 millones al Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe para asegurar la contratación de otro cirujano cardiotorácico que garantice los servicios de cirugía cardiovascular y de trasplante.
También, incluyó una asignación de $7 millones para dar servicios a la población de discapacidad intelectual, así como una reserva de $10 millones ordenada por el Tribunal en cumplimiento con un caso federal.
