Por redacción de Sin Comillas
El G-8, una organización sin fines de lucro que reúne al liderato de las doce organizaciones de base comunitaria que representan a los residentes de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña, presentó un proyecto de ley que permitirá retomar el control de 200 cuerdas de terrenos que le fueron incautadas sin justa compensación por la Ley 32 de 23 de junio de 2009.
“Hemos invitado a representantes y senadores de mayoría y minoría para entregarles un proyecto de ley por petición ciudadana ejerciendo nuestro derecho constitucional a la participacion. Este proyecto constituye un paso fundamental para hacerle justicia a nuestras comunidades, ya que nos permite retomar el control de nuestras tierras a través de nuestro Fideicomiso de la Tierra y viabilizar nuestro proyecto de País, declaró Lucy Cruz, presidenta del G-8, la organización comunitaria que representa los ocho vecindarios adyacentes al Caño Martín Peña. “Esperamos que con la aprobación de de este proyecto de ley culminemos años de lucha por garantizar el derecho de nuestras comunidades a no ser desplazadas por especuladores o por el gobierno cuando logremos el dragado del Caño y nuestras tierras valgan mucho.”
El proyecto de ley incluye además enmiendas dirigidas a fortalecer al Fideicomiso de la Tierra y a la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, y a salvaguardar los objetivos de política pública de la Ley 489 original, tomando en cuenta la experiencia de los últimos años y la meta trazada por la comunidad de viabilizar el inicio del dragado del Caño en 2016.
El retomar las tierras permitirá agilizar y abaratar los costos asociados al dragado del Caño Martín Peña, así como maximizar el realojo de familias en su comunidad y viabilizar los proyectos de infraestructura. Con la titularidad colectiva en el Fideicomiso los residentes, que son parte de éste, retienen la propiedad individual de sus casas y derechos de superficie sobre el solar que pueden vender, alquilar, hipotecar y heredar, similar como ocurre en los condominios. Los terrenos son de todos a través del Fideicomiso, por lo que nadie puede venderlos a terceros ajenos a la comunidad.
Michel Godreau , abogado del Fideicomiso de la Tierra, explicó que en adición a la ley, se está trabajando para lograr una estipulación del gobierno central y municipal para dar por terminada la demanda contra el municipio y el estado por haber expropiado las tierras sin cumplir con el requisito constitucional de compensación. La comunidad está trabajando para que el pleito se dé por terminado.
“Reconocemos y agradecemos el respaldo de los medios y a todas las instituciones y personas que han dicho presente en la lucha denuestras comunidades por su derecho a la tierra, a una vivienda digna y a la salud, durante todos estos años. Emplazamos a nuestros legisladores y al Gobernador a unirse tras este proyecto de ley, para hacer justicia para nuestra gente,” dijo Cruz.
El proyecto de ley fue redactado a partir del resultado de varios talleres participativos, por los profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico que han asesorado a la comunidad ad honorem, Michel Godreau y María Hernández, junto a los abogados de la Corpoación del Proyecto ENLACE Luis Rivera Rivera y Myriam González Torres. Ellos contaron con los aportes de los miembros de la junta asesora Carmen Melero, vicepresidenta de Popular Mortgage, y Néstor Méndez junto a los abogados Jeanelle Alemar y Edgar Ríos del bufete Pietrantoni Méndez y Alvarez.
La comunidad perdió control de las tierras mediante su Fideicomiso en el 2009 cuando se pasó la Ley 32 sin permitir la participación de la comunidad en las vistas. Este proyecto deroga esa ley y fortalece la Ley 489 de 2004 que dio origen al Proyecto del Caño Martín Peña y que contó con el respaldo unánime de la Legislatura.
Proyecto ENLACE
El Proyecto ENLACE une esfuerzos de la comunidad, el sector privado y el gobierno para mejorar la calidad de vida de 27,000 habitantes de las comunidades aledañas al Caño, y rehabilitar este cuerpo de agua. El Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña colinda con la avenida Ponce de León, al oeste; Borinquen, al norte; Quisqueya, al sur; y la avenida Barbosa y la quebrada Juan Méndez, al este. Incluye las comunidades de Israel-Bitumul, Parada 27, Las Monjas, Barrio Obrero, Barrio Obrero Marina, Buena Vista Santurce y Buena Vista Hato Rey. ENLACE coordina sus trabajos con el Proyecto Península de Cantera. ENLACE ganó en 2008 el importante premio Paul Davidoff para Cambios Sociales y Diversidad, que otorga la Asociación Americana de Planificación, por su Plan de Uso de Terrenos y su Plan de Desarrollo Integral para el Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña.
G-8, Inc
El G-8, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne al liderato de las doce organizaciones de base comunitaria que representan a los residentes de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña. Estas son Israel-Bitumul, Parada 27, Las Monjas, Barrio Obrero San Ciprián y Oeste, Barrio Obrero Marina, Península de Cantera, Buena Vista Santurce y Buena Vista Hato Rey.
Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña
El Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña se creó como parte de la Ley 489 de 24 de septiembre de 2004, que fue aprobada unánimemente por la Legislatura de Puerto Rico. Fue constituido con las tierras de tenencia pública que había en el Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña, gran parte de las cuales han sido el hogar de miles de ciudadanos por generaciones. Aproximadamente 200 cuerdas de terreno son propiedad de la comunidad mediante el Fideicomiso, que opera de forma similar a un condominio. Su reglamento fue producto de un amplio proceso de participación ciudadana.
El Fideicomiso tiene cuatro objetivos principales: (1)evitar el desplazamiento de la comunidad y resolver el histórico problema de tenencia de la tierra mediante un derecho de superficie que puede hipotecarse, heredarse y venderse; (2) superar la pobreza (recoge los beneficios del aumento en valor de las tierras que será producto de la inversión pública en el sector incluyendo la rehabilitación del Caño Martín Peña, para reinvertirlos en la comunidad), (3) garantizar la disponibilidad de vivienda asequible, y (4) hacer viable la implantación del Plan de Desarrollo Integral, contribuyendo a una mejor ciudad.
