[CHEQUEO DE DATOS]
Veredicto: Falso
Por Luis Valentín Ortiz | Centro de Periodismo Investigativo
El secretario de la Gobernación y director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Francisco Domenech, aseguró el jueves que no tuvo como clientes en su firma de cabilderos Politank a acreedores actuales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la corporación pública que atraviesa un proceso de reestructuración de deuda desde el 2014.
Asimismo, Domenech negó que Houlihan Lokey, un banco de inversión que el Gobierno recién anunció como su nuevo asesor en la quiebra de la AEE, haya tenido como clientes a bonistas actuales de la corporación pública.
Ambas premisas son falsas, encontró un chequeo de datos del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Documentos revisados por el CPI muestran que tanto Domenech como Houlihan Lokey han brindado servicios a varias firmas de inversión que compraron bonos de Puerto Rico, algunas de las cuales figuran hoy como acreedores de la AEE en el caso de quiebra bajo el Título III de la ley federal PROMESA.
Durante una entrevista en el programa de televisión Primera Pregunta, Domenech dijo: “Los acreedores hoy en día de la deuda de PREPA [Puerto Rico Electric Power Authority o AEE], no fueron representados por Houlihan Lokey, como no fueron representados por este servidor. Son acreedores totalmente distintos”.
El abogado también rechazó que las relaciones previas que puedan existir entre él y el banco de inversión con bonistas de Puerto Rico constituyan un conflicto de interés o una violación a la Ley de Ética Gubernamental, por haber ocurrido hace más de dos años.
“Claro que no [supone un conflicto]. Primero, la Ley de Ética. Si fuéramos a la Ley de Ética, establece un periodo de dos años, pero no hay que ir a la Ley de Ética, dijo Domenech a preguntas del periodista Rafael Lenín López.
Sobre si mantendrá la contratación de Houlihan Lokey a pesar de las denuncias sobre conflictos de interés, Domenech contestó: “Claro que se mantendrá. No hay ningún conflicto. Número uno, los acreedores hoy en día de la AEE, no son los acreedores que ellos hace años atrás representaron. Número dos, no tienen ninguna relación ni han tenido ninguna relación con la firma [Politank] de la cual yo en algún momento dado fui dueño. Número tres, el Gobierno de Puerto Rico se merece tener los mejores asesores, no es solo para los acreedores y la Junta de Control Fiscal. El Gobierno de Puerto Rico nunca ha tenido una firma de este nivel, de este prestigio, representándolos en la quiebra. Y lo que la Gobernadora quiere es finiquitar esta quiebra en el próximo año porque quiere que la Junta de Control Fiscal se vaya de Puerto Rico”.
El pasado jueves, un grupo de representantes del Partido Popular Democrático anunciaron que solicitaron a las autoridades federales y al tribunal federal que investiguen si la contratación de Houlihan Lokey y la participación de Domenech representan un conflicto en el caso de quiebra bajo PROMESA debido a servicios que ofrecieron previamente a entidades que compraron bonos del Gobierno de Puerto Rico.
En el 2015, en medio de la crisis fiscal que amenazó la prestación de servicios esenciales en el Gobierno y que llevó a la aprobación de PROMESA, un grupo de bonistas de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (COFINA) contrató a Politank, una firma de cabilderos fundada por Domenech y el ex presidente del Senado, Kenneth McClintock.
Según el contrato firmado por Domenech, los servicios incluían cabildeo a favor de estos bonistas para lograr un acuerdo con el Gobierno que les permitiera recobrar la mayor cantidad de dinero posible.
En el verano de 2018, y luego de aprobarse el acuerdo de reestructuración de COFINA, Domenech y su firma Politank demandaron al grupo de bonistas de COFINA por incumplimiento de contrato y libelo, reclamando el pago de más de $2.4 millones. La demanda fue suscrita por la abogada Verónica Ferraiouli, esposa de Domenech y actual secretaria de Estado bajo la administración de Jenniffer González.
En el 2022, después de un proceso confidencial de mediación, las partes notificaron al juez federal Jay García Gregory que habían llegado a un acuerdo que puso fin a la demanda presentada por Politank.
Domenech dijo durante la entrevista que, al asumir los cargos públicos que ahora desempeña bajo la administración González, vendió su participación en la firma Politank. Según el Registro de Corporaciones, el nuevo oficial principal de la entidad es el ex contralor electoral Manuel Torres Nieves y el cambio tiene fecha del pasado 21 de enero, según la certificación aprobada por la secretaria de Estado, Verónica Ferraiouli, esposa de Domenech. Ambos funcionarios entraron en funciones el pasado 3 de enero.
Dentro del grupo de bonistas de COFINA que contrató a Politank estuvieron GoldenTree Asset Management, Whitebox Advisors, Aristeia Capital y Taconic Capital Advisors, según la demanda.
En total, este grupo de bonistas de COFINA que fue representado por Politank, cuando Domenech era parte de la empresa, tienen hoy $1,215 millones en deuda de la AEE, según documentos presentados ante el tribunal federal como parte del caso de quiebra bajo Título III.
Una solicitud de reacción hecha al secretario de la Gobernación y director de AAFAF no fue atendida al cierre de esta edición.
GoldenTree es uno de los principales bonistas de la AEE con más de $1,000 millones, mientras que Whitebox ($113.8 millones) y Taconic ($60.2 millones) forman parte del grupo llamado “Majority Member PREPA Ad Hoc Group”, según un documento presentado en el tribunal federal el pasado 31 de enero. En el caso de Aristeia ($41.7 millones), el fondo de inversión pertenece a otro grupo llamado “PREPA Ad Hoc Group”, muestra otro documento con fecha del pasado mes de diciembre.
Además de negar su relación con bonistas actuales de la AEE, Domenech dijo que “los acreedores hoy en día de la deuda de PREPA, no fueron representados por Houlihan Lokey”.
Pero la firma Houlihan Lokey fungió como asesor financiero de un grupo de bonistas de la AEE como parte de un acuerdo de reestructuración con la AEE durante la administración de Alejandro García Padilla, anunciado en septiembre de 2015. Este acuerdo nunca se materializó, luego de que la Junta de Control Fiscal lo rechazara por ser contrario al plan fiscal de la corporación pública. En verano del 2017, la Junta presentó la quiebra de la AEE bajo el Título III de PROMESA ante el tribunal federal.
En aquella negociación con la administración García Padilla, Stephen Spencer, un director de Houlihan Lokey, representó como asesor financiero a varios fondos de inversión que tenían bonos de la AEE. En su biografía, Spencer menciona acreedores de la AEE como ejemplo de clientes a los que ha brindado servicios en procesos de reestructuración y quiebra.
El grupo de bonistas que estuvieron representados en aquel momento por Spencer y Houlihan Lokey incluyó a los fondos mutuos Franklin Advisers y Oppenheimer Funds, así como los fondos de cobertura, o “hedge funds”, Angelo Gordon, BlueMountain Capital Management, D.E. Shaw, Knighthead Capital Management, Marathon Asset Management y Goldman Sachs.
Franklin, Goldman Sachs y Marathon todavía figuran como acreedores de la AEE, según documentos del caso de quiebra. Goldman Sachs (con $462 millones en deuda de la corporación pública) pertenece al “PREPA Ad Hoc Group”, Franklin Advisers ($159.8 millones) está con el “Majority Member PREPA Ad Hoc Group” y Marathon Asset Management ($48.4 millones) está con el “Ad Hoc Group of Fuel Line Lenders”.
Todas estas firmas participan actualmente de negociaciones a puertas cerradas como parte de un proceso de mediación ordenado por la jueza federal Laura Taylor Swain que busca poner fin a la reestructuración de la deuda de alrededor de $12,000 millones de la AEE.
A pesar de que la administración de la gobernadora González informó desde enero al tribunal federal que estaba próximo a contratar al banco de inversión Houlihan Lokey como su nuevo asesor, el contrato todavía no figura en el registro de la Oficina del Contralor.
En su moción a la jueza federal Swain, la AAFAF dijo que, con la ayuda de Houlihan Lokey, buscará “nuevas perspectivas para resolver” la quiebra de la corporación pública, y que negociará con las partes involucradas en el proceso de mediación para lograr un plan de ajuste de deuda de la AEE que sea confirmable y que “proporcione tarifas asequibles y sostenibles”.
El pasado miércoles, la Junta de Control Fiscal anunció un nuevo plan fiscal para la AEE, en medio de críticas de la administración de la gobernadora González de que el documento no fue compartido con el Gobierno previo a su aprobación.
Mientras la Junta asegura que solamente hay alrededor de $2,600 millones para pagar a los bonistas de la AEE, la Gobernadora asegura que se puede usar dinero del Gobierno central para pagarle a los bonistas de la AEE y que esto evitaría un aumento significativo en la tarifa.
