Por Universia Knowledge@Wharton
La idea de gravar las transacciones financieras ha ido tomando fuerza desde que el mundo empezara a sufrir, allá por el año 2008, una de las peores crisis económicas de la historia reciente. Es el renacer de la llamada Tasa Tobin, concepto que toma el nombre de su ideólogo, el economista estadounidense James Tobin, que en el año 1971 sugirió crear un impuesto a las transacciones financieras. El objetivo original del Premio Nobel de Economía de 1981 era gravar las operaciones de cambio de divisas para frenar el paso de una moneda a otra con el objetivo de desestimular el flujo de capitales para operaciones a muy corto plazo, es decir, penalizar la especulación para dar más estabilidad al sistema de cambio de monedas. La tasa debía ser baja, en torno al 0.1%, para penalizar solamente las operaciones puramente especulativas de ida y vuelta a muy corto plazo, y no a las inversiones. La explicación es que la ganancia real en cada una de estas operaciones especulativas es muy baja y sólo se consigue una buena rentabilidad de ellas realizando muchas y a una gran velocidad.
La idea fue rechazada y nunca se puso en práctica, incluso el propio Tobin aseguró que había sido mal interpretada. Sin embargo, la Tasa Tobin ha vuelto a ocupar los titulares de los periódicos en los últimos tiempos. Sus defensores la ven como una manera de frenar y controlar la especulación de los mercados, a la que acusan de ser una de las causas de la actual depresión. Los movimientos antiglobalización creen que lo recaudado puede ser utilizado para tratar de frenar la pobreza en el mundo. Sus detractores la consideran una medida intervencionista que obstaculiza el libre comercio. El debate sobre su justificación y conveniencia está muy abierto.
Movimiento con tinte político
Francia ha pasado de las palabras a la acción y ha sido el primer país en implantar este impuesto a las transacciones financieras. Los diputados franceses aprobaron el pasado día 21 de febrero la ley que contiene la tasa sobre las transacciones financieras promovida por el presidente del país, Nicolas Sarkozy. El proyecto, que enmienda la ley de presupuestos de 2012, fue aprobado por los 301 diputados conservadores y centristas, y rechazado por los 207 de la oposición de izquierdas.
La nueva normativa aplicará un impuesto del 0.1% a los intercambios de acciones entre empresas con sede social en París que tengan una capitalización bursátil superior a los 1,000 millones de euros. Quedarán libres de pagos las compañías extranjeras que coticen por debajo de la cantidad. El Ejecutivo quiere evitar así una huida de las empresas foráneas a otras plazas bursátiles. La tasa tampoco afectará a las operaciones de obligaciones y otros productos derivados, aunque sí gravará con un 0,01% el trading de alta frecuencia, que permite comprar y vender acciones en microsegundos gracias a la tecnología de los ordenadores con el objetivo de obtener mayores beneficios. El proyecto gubernamental también incluye el mismo impuesto para las operaciones de Credit Default Swaps, derivados que cubren el riesgo de suspensión de pago de un país o de una empresa y que están muy ligados a la volatilidad de los mercados.
Más allá de detalles técnicos, Santiago Carbó Valverde, profesor del Departamento de Teoría e Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, considera “que el impuesto a las transacciones financieras crea distorsiones innecesarias en el sistema financiero y no tiene una base teórica que lo sustente”. Por tanto, no considera que “sea una medida justificada. Parece más bien una respuesta a la indignación popular con el sistema financiero, que no es fácil de acotar ni de definir”, comenta.
Manuel Romera, director del sector de Finanzas del IE Business School,en Madrid, tampoco se muestra muy convencido de cuál es el objetivo real de la norma francesa y piensa que se trata más bien de una medida “electoralista” que ha empleado Sarkozy de cara a las elecciones presidenciales francesas que se celebrarán el próximo 22 de abril. “La tasa a las transacciones financieras es más un elemento de carácter político que de economía real, porque su aplicación es absurda desde punto de vista económico”. En cualquier caso, Romera cree que “habrá que ver y esperar”.
En la misma línea, Jesús Palau, profesor del departamento de Finanzas de ESADE, considera que la decisión del presidente francés es “populista”. “¿Por qué no se ha hecho antes? Es una medida que se ha podido establecer hace tiempo y no se ha hecho”, comenta.
¿Una tasa europea?
El país galo pretende, además, que este impuesto sirva de ejemplo para el resto de países del Viejo Continente y para que la Unión Europea decida instaurarlo. “Este es un primer paso hacia una tasa financiera en el corazón de la Unión Europea, si es posible, o por lo menos en la Eurozona. Había que esperar demasiado tiempo al calendario de la Unión Europea para establecerlo en bloque, por lo que Francia quiere ser un pionero en la introducción de este impuesto”, declaró François Baroin, ministro de finanzas francés, en una entrevista con el diario Financial Times publicada el pasado 13 de febrero.
Aparte de Francia, algunos países como Alemania o España se han mostrado a favor de imponerlo. Pero otros como Reino Unido se han opuesto frontalmente. El primer ministro británico, David Cameron, calificó de “locura” la tasa durante su intervención en el último Foro Económico Mundial celebrado en la ciudad suiza de Davos a finales de enero. Entre otras cosas porque calcula que su aplicación supondría la pérdida de unos 500.000 empleos en la Unión Europea por su negativa repercusión económica, sobre todo en el sector financiero.
Por su parte, el comisario europeo de Presupuestos, el polaco Janusz Lewandoswki, estimó el pasado 23 de febrero, en el contexto de un foro de debate organizado en Madrid por la agencia Europa Press, llamado Nueva Economía Fórum, que la recaudación a nivel comunitario que podría conseguirse con la introducción de la Tasa Tobin podría alcanzar los 57,000 millones de euros. Explicó que esas cantidades recaudadas podrían suponer una “sustitución parcial de las contribuciones de cada país” al presupuesto comunitario.“En cualquier caso, el deseo de la Comisión Europea es tener una tasa muy baja, del 0.01% del valor de las transacciones por acciones y bonos, porque no se quiere perjudicar a la economía real”, declaró.
Lewandoswki añadió que “hay que encontrar una fuente de ingresos adicional para el sector financiero que sea lo menos agresiva posible para la economía real”. Al mismo tiempo, dejó muy claro que en ningún caso se impondrá la tasa a ningún Estado miembro, sino que se respetará la “soberanía fiscal” y deberán ser los parlamentos los que acepten o rechacen su introducción.
¿Beneficiosa o Perjudicial?
Carbó Valverdese muestra escéptico sobre la utilidad de la medida ya que considera que crea distorsiones innecesarias en el sistema financiero en el que se imponga. “Los mercados se rigen por equilibrios donde la formación de precios y la regulación no deben dar lugar a posibilidades de arbitraje. Es decir, a que unas entidades tengan ventajas en unos países y en otros no. Además, el impuesto es una presión añadida sobre un sector que debe reestructurarse, recomponerse y dar crédito y este tipo de medidas no van a ayudar”, explica.
Este profesor de la Universidad de Granada reconoce que no se atreve a dar estimaciones sobre la repercusión que tendría la aplicación de la tasa, pero añade: “Desde luego, no va a ayudar porque si sólo la aplica Francia la perjudicada va a ser la banca francesa y la presión va a ser sobre ese sector financiero. Si estas medidas se generalizan, crearían aún más distorsiones porque los flujos financieros se concentrarían aún más en plazas donde la regulación es menos exigente, creando aún más incertidumbre sobre el control del riesgo sistémico”.
Romera también se muestra en contra de la Tasa Tobin, de hecho, considera que es negativa para la economía en general y para la actividad de los países que la impongan en particular. “Será una dificultad añadida para el movimiento del dinero, se restringiría mucho la libre circulación de capital, que es lo que genera riqueza y también la posibilidad de crear empleo”, comenta. En este sentido, habla del perjuicio que tendría un gravamen para las transacciones financieras en una práctica que es muy eficaz y beneficiosa para las empresas -muy común sobre todo en Estados Unidos- conocida como Cash Pooling. Se trata es una gestión centralizada de la tesorería para compañías con muchas delegaciones, mediante la cual se traspasa el capital de esas pequeñas filiales a una cuenta única y centralizada de la matriz, lo que trae consigo ventajas de información y de reducción de costes.
Para el director del sector de Finanzas del IE Business School carece de sentido un impuesto como éste porque cree que “no se debe pagar por la transferencia de la riqueza, sino por la generación de la riqueza”. “Es imponer una gravamen sobre los bancos por imponer. Es como decir que los bancos tienen que pagar la factura de la crisis”, opina. Además, asegura que la tasa “sería perjudicial porque dificultaría más que en Europa llegase liquidez a la economía real, un crédito que ya de por si en estos momentos está muy restringido”. Opina que este coste añadido para la banca “provocaría que el crédito fuera más caro y más difícil de conseguir, además, su coste lo acabarían pagando los ciudadanos que piden los préstamos a las entidades financieras”.
La postura de Palau es completamente opuesta. No sólo apoya la medida de Francia y su implantación en el resto de países de la Unión Europea, sino que también considera que el impuesto a las transacciones financieras debería ser más elevado en algunos casos concretos, como en los movimientos con derivados. “Es una medida muy buena porque se pone obstáculos a una economía que es excesivamente especulativa”, dice. Según este docente, “existe una excesiva especulación en la economía actual que ha sido, en gran medida, la causante de la actual crisis en la que nos encontramos”. A su juicio, “las operaciones financieras no generan riqueza, simplemente hacen que ésta cambie de manos”, es por ello que “las economías tienen que tener más recursos destinados en inversiones productivas y limitar un sector financiero que está sobredimensionado, y la Tasa Tobin contribuirá a ello”.
Palau cree que “este impuesto será beneficioso para los Estados porque les permitirá recaudar más dinero en un momento delicado para sus presupuestos”. “Es mejor que equilibren sus cuentas de esta manera que con recortes en partidas como la educación o la sanidad”, señala.
Será muy difícil
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la instauración de la Tasa Tobin es el consenso internacional para ponerla en marcha. Son muchos los que defienden que solamente sería útil si se impone en todo el mundo de forma coordinada, porque de lo contrario, se da por hecho que los intermediarios financieros buscarían y encontrarían la forma de esquivar la tasa.
Carbó Valverde cree que una aplicación general, por ejemplo entre los miembros del G-20, “no es factible en sentido práctico y, en todo caso, no está justificada”. “Un sistema financiero que funcione bien y que esté bien supervisado puede tener una contribución social y económica muy importante y este tipo de tasas no persiguen esa contribución sino que, en todo caso, la dificultan y retrasan”, argumenta. Es por ello que no espera que finalmente el resto de países europeos sigan a Francia “y mucho menos el Reino Unido u otros países como Holanda (donde el sector financiero tiene tanto peso)”. Él cree que “en estos momentos poner más dificultades al sector financiero no es lo más conveniente”.
Para Romera, “está claro que el Estado francés recaudaría mucho más dinero con la tasa si se implantara a nivel global”. Pero no prevé que finalmente eso vaya a ocurrir. “Los bancos son unos de los grandes lobby mundiales y van a hacer valer su presión para que este impuesto no triunfe. En Francia, su poder es menor, pero en países como Reino Unido y Estados Unidos es muy grande”. En el resto de Europa, cree que su adopción dependerá del tamaño del negocio financiero de cada país. “En el fondo de toda esta cuestión se esconde la idea de cómo cada Gobierno quiera manejar su país y si cree o no en la libertad económica”, afirma.
Palau cree que la Tasa Tobin puede ser efectiva en un solo país, como en Francia, aunque reconoce que será más eficaz cuanto mayor sea el número de economías que lo adopten. A pesar de ello, coincide con sus colegas en anticipar que finalmente el impuesto quedará en papel mojado. “No creo que los países de la Unión Europea acuerden instaurar el gravamen. Los bancos tienen mucho poder y son los que manejan la economía mundial y los políticos no se van a atrever a enfrentarse a ellos”, argumenta.
