El Gobierno de Puerto Rico intentó detener el pleito que iniciaron familiares de Jaideliz Moreno Ventura al reclamar que una orden en el caso de quiebra que se lleva en el Tribunal Federal impedía continuar con las reclamaciones monetarias.

Por Cristina del Mar Quiles | Centro de Periodismo Investigativo

El Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Salud sufrieron una derrota judicial en su intento de detener la demanda por daños y perjuicios que presentó la familia de Jaideliz Moreno Ventura tras la muerte de la adolescente, de 13 años, en la isla municipio de Vieques, por falta de servicios médicos.

El Tribunal de Apelaciones revocó una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) sala de San Juan que, en agosto de 2022, paralizó la reclamación en la que los padres, los abuelos y una tía alegan que la muerte de la adolescente en 2020 se debió a la negligencia del Centro de Salud Familiar Susana Centeno de Vieques y su personal médico. Los familiares aducen que los demandados incumplieron con las normas mínimas para operar una instalación de salud y de cuidado médico aplicables a su tratamiento.

Los familiares de Jaideliz también señalan en la demanda que el estado de los servicios de salud en Vieques representa una violación de derechos humanos y civiles, al no garantizar los cuidados adecuados para atender las emergencias médicas, como la que le costó la vida a la adolescente.

El Centro de Salud Familiar Susana Centeno opera  provisionalmente desde un refugio, luego de que el huracán María dejara inoperante la estructura anterior. Aunque la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) obligó $39.5 millones para la construcción de un nuevo centro de salud, a seis años del desastre, los viequenses aún esperan por la culminación del proyecto. Se demolió la estructura anterior, pero apenas este miércoles fue cuando se celebró una ceremonia simbólica de colocación de “la primera piedra”.

La familia también demandó, en su capacidad personal, a los doctores Rafael Rodríguez Mercado, entonces secretario de Salud; Dora M. Berenquer Macaya, administradora del centro, y a los médicos David Heal y Mario E. Paulino Payano, sus respectivos cónyuges y sociedad legal de gananciales, así como a varias entidades de servicios profesionales.

El principal reclamo de los padres, los abuelos y la tía de Jaideliz es “que se decrete inconstitucional y contrario a los derechos humanos el abandono de la salud pública en Vieques”. Solicitan el resarcimiento de daños ascendentes a $250,000 para cada uno.

El Gobierno se escuda en la quiebra

Desde el inicio del pleito, el Gobierno de Puerto Rico ha solicitado, sin éxito, la desestimación de la demanda. Más recientemente, en abril de 2022, el Departamento de Justicia, como representante legal del Gobierno, pidió al TPI la paralización del caso. Expuso que, una vez entró en vigor el Plan de Ajuste de la Deuda el 15 de marzo de 2022, también entró en vigor un injuction (orden permanente) que ordena la paralización de las reclamaciones contra el Gobierno. El Gobierno de Puerto Rico alega que el caso debe ser atendido por el Tribunal Federal del Distrito de San Juan.

El 5 de agosto de 2022, el TPI dio la razón al Gobierno, determinó que había perdido jurisdicción sobre el asunto y paralizó el caso.

Pero, el 20 de octubre de 2022, la jueza Laura Taylor Swain hizo una modificación a su orden y autorizó la litigación en reclamaciones contra el Gobierno que no excedieran los límites de indemnización en la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, que llegan a $75,000 por demandante y $150,000 en total.

La familia de Jaideliz, por medio de su abogada Linda Backiel, citó esta orden en una moción de reconsideración ante el TPI estableciendo que, aunque las cuantías reclamadas en la demanda ascienden a $250,000 por cada codemandante, no especifica cuánto debe pagar cada demandado, incluyendo el Gobierno de Puerto Rico. Su réplica fue rechazada por el tribunal de instancia, que mantuvo la paralización. Sin embargo, recurrieron al Tribunal de Apelaciones, que les dio la razón y, en una sentencia del 29 de agosto de 2023, revocó al TPI, lo que permite la continuación de los procedimientos.

“Para mí, [la determinación del Tribunal de Apelaciones] demuestra que existe una sensibilidad y razonabilidad dentro del sistema judicial, que puede entender que el alcance de la quiebra del ELA [Estado Libre Asociado] no puede aniquilar los derechos de todos los ciudadanos a reivindicar sus derechos civiles y humanos”, dijo la abogada Backiel en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

“Para la familia de Jaideliz significa que su memoria queda viva ante el pueblo de Puerto Rico y, por lo tanto, el sufrimiento y la necesidad de los viequenses a tener un hospital de verdad y no otro CDT [Centro de Diagnóstico y Tratamiento]”, sostuvo.

Backiel enfatizó que el interés principal de la familia es que se establezca en Vieques un hospital con la capacidad de ofrecer tratamiento urgente en casos complicados.

La instalación médica que autorizó FEMA en Vieques no cumple con los criterios para ser un hospital.

“Honestamente, el dinero no es lo que le importa a la familia. Nada puede compensar la vida de su niña. Ese remedio en ley [las indemnizaciones de hasta $75,000 por demandante y $150,000 en total] es lo único que el sistema de Justicia entiende que está disponible para compensar esos daños y no nos vamos a negar a reclamarlos”, dijo.

“El ELA ha dicho que ‘vamos a construir un hospital en Vieques’, pero lo que han solicitado es un CDT, no un hospital. Los planes, además de destruir lo que había, son para poner un CDT, con diálisis y otras cosas, pero no es un hospital y no es sustituto”, subrayó.

El Departamento de Justicia no apeló la sentencia del Tribunal de Apelaciones, por lo que el caso continuará en el TPI.

Gobierno insiste en retórica engañosa sobre instalación médica en Vieques 

A sabiendas de que el término “hospital” es incorrecto para el nuevo centro de salud diseñado para Vieques, el gobernador, Pedro Pierluisi; la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, y otros funcionarios del gobierno de Puerto Rico, como el representante Carlos “Johnny” Méndez, han insistido en utilizarlo.

Un hospital no es lo mismo que una clínica médica o un centro de diagnóstico y tratamiento, según los códigos de construcción vigentes en Puerto Rico. Además, FEMA hizo una obligación de dinero para la construcción de centro de diagnóstico y tratamiento. Si el gobierno de Puerto Rico quisiera, realmente, construir un hospital, tendría que solicitar una enmienda, según consignó el CPI en 2021.

Un hospital es una estructura que ofrece atención médica las 24 horas del día para más de cinco personas que no pueden “valerse por sí mismas”, de acuerdo con el Código Internacional de Construcción de 2018, que utiliza el Gobierno de Puerto Rico. Mientras, en una clínica se ofrecen servicios durante parte del día a pacientes ambulatorios que pueden valerse por sí mismos después de recibir atención médica.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los hospitales son instituciones autorizadas con al menos seis camas, y cuentan permanentemente con al menos un médico, pueden ofrecer alojamiento para pacientes hospitalizados y puede proporcionar atención médica y de enfermería activa.

Colocan la primera piedra a seis años del huracán María 

Luego del huracán María, la reconstrucción del Centro de Salud Familiar Susana Centeno se anunció como el primer proyecto en la lista de obras permanentes del Programa de Asistencia Pública de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

La administradora de FEMA, Deanne Criswell, el gobernador Pedro Pierluisi, el alcalde de Vieques, José Corcino, y el director de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, Eduardo Rivera Cruz. (Foto suministrada | La Fortaleza)

Sin embargo, no fue hasta una semana después de la muerte de Jaideliz en 2020, de múltiples protestas, y tras un largo proceso burocrático entre FEMA, el Gobierno de Puerto Rico y el Municipio de Vieques, que la agencia federal obligó el dinero para la obra: $39.5 millones.

El 19 de agosto de 2021, el gobernador Pedro Pierluisi anunció que el CDT estaría listo a mediados de 2024. Para esto, dijo entonces, la construcción comenzaría “el segundo trimestre de 2022”. Sin embargo, ya en el tercer trimestre de 2023, aunque la demolición está completada, la construcción no había comenzado.

Este miércoles, Pierluisi acudió a la ceremonia de la colocación de “primera piedra” junto con la administradora de FEMA, Deanne Criswell, el alcalde de Vieques, José Corcino; y funcionarios de su administración.

Costos casi duplican estimado inicial

El estimado de costo inicial que acordaron FEMA, el Municipio de Vieques y el Gobierno de Puerto Rico fue de $44 millones, y la obligación de dinero de FEMA corresponde al 90% de esa cantidad.

Sin embargo, casi cuatro años después de la obligación del dinero, una pandemia, aumentos en el precio de los materiales de construcción y una mano de obra escasa, la inversión total asciende a $85.5 millones. Esta cifra representa que, de $4.4 millones que debían aportar en un principio el Gobierno de Puerto Rico y el Municipio de Vieques, ahora les toca cubrir unos $36.5 millones.

“Lo que dicta el precio de una obra es cuando se diseña y se tira al mercado y, realmente, ahí es que se sabe cuál es el costo real”, expuso Rivera Cruz en una entrevista con el CPI realizada una semanas antes de la conferencia de prensa del Gobernador  en Viques. “Nosotros tiramos los procedimientos de subasta transparente, vinieron los diferentes contratistas y la realidad era que el precio de este tipo de facilidad había aumentado significativamente”, agregó.

FEMA comprometió $43,494,580; el Departamento de Salud ya destinó $1.5 millones; el Municipio de Vieques estaría aportando $2,078,320, y la Oficina de Gerencia y Presupuesto asignó $33,652,689. La cantidad restante, $4,832,730.40, será cubierta con fondos CDBG-DR.

“Allá para el 2020, FEMA aprobó los fondos para construcción del hospital, pero, por falta de recursos del Municipio, porque siempre se exige un pareo, como el Municipio no tenía los fondos, pues esto estaba paralizado”, dijo Pierluisi en la conferencia de prensa para anunciar el comienzo de la construcción.

“Durante este tiempo, hemos enfrentado varios retos, incluyendo encontrar los fondos, para que se pudiera construir el hospital, por dos razones: los costos de construcción aumentaron tremendamente y, aunque FEMA nos había dado una asignación, nadie se imaginaba que íbamos a tener la inflación que tuvimos en Puerto Rico 2020, 2021 y 2022”, justificó el gobernador.

Juego de palabras

El director de AFI ha insistido en varias entrevistas con el CPI en que el proyecto se mantiene en calendario, aun cuando el ejercicio de ubicar bloques para levantar la estructura apenas comenzó, simbólicamente, este miércoles, con el acto de la colocación de la primera piedra.

Rivera Cruz dice que la demolición es parte del proceso de construcción y que, por eso, no sería correcto afirmar que la construcción no había comenzado.

Indicó que el diseño de construcción ya está completado.

Pierluisi anunció que los trabajos tomarán entre 22 y 28 meses.

Más allá de la colocación de la primera piedra, la obra que debe iniciar este mes de noviembre para completar la primera etapa, consiste de movimiento del terreno, y de la construcción de estacionamiento, área de diálisis, sala de tratamiento de obstetricia y de trauma, y los cuartos de generadores, cisterna y subestación eléctrica. La expectativa de Pierluisi es que esta parte del centro esté en funcionamiento a finales de 2024.

La segunda fase, que incluye el edificio principal, plataforma de helipuerto, así como sala de emergencias y servicios complementarios de farmacia, imágenes y laboratorio estará completa en abril de 2025, dijo el Primer Ejecutivo.

La clínica ambulatoria para el ofrecimiento de servicios de especialistas, como de salud mental y dental, es la tercera fase, que se estima que esté lista para finales de 2025.

La compañía Caribe Tecno fue la contratada para el diseño y la construcción del centro de salud, por $76 millones.

El cierre del proyecto está contemplado para el año 2025. Habrán pasado ocho años del huracán María y Jaideliz Moreno Ventura, que vivió el desastre en Vieques a sus 11 años, y murió a los 13, tendría 18 años de edad.