Manuel Cidre, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

Por Redacción de Sin Comillas

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan una petición de mandamus para que ordene a Manuel Cidre Miranda, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), la entrega de la base de datos que dio pie al más reciente informe presentado por el Gobierno sobre el impacto de incentivos económicos bajo la Ley 60 de 2019, que incluye la antigua Ley 22 de 2012 para Incentivar el Traslado de Inversionistas a Puerto Rico, así como la lista de entidades sin fines de lucro que recibieron donativos de inversionistas beneficiados por este incentivo contributivo.

Hace más de cuatro meses que el periodista Luis Valentín solicitó acceso a la base de datos que se utilizó para el estudio Rendimiento de los incentivos económicos: evaluación de datos y análisis del retorno de la inversión (ROI). El DDEC no ha entregado la información.

“Este estudio refleja los resultados del retorno de inversión de los incentivos. Aunque la agencia había realizado otros estudios, nunca había recopilado y creado una base de datos tan robusta como la de este análisis en el que se utilizaron declaraciones de impuestos estatales y municipales, informes de planillas de empleo, informes anuales y datos de los beneficiarios de los programas. Este tipo de esfuerzo se convierte en un instrumento esencial para la toma de decisiones de política pública y para el monitoreo y la fiscalización de los incentivos”, comentó Cidre cuando se presentó este informe.

El CPI también había solicitado otra información sobre los donativos a organizaciones sin fines de lucro. Cinco meses después, el DDEC sólo ha entregado dos delos cinco años de información solicitados, indicó Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.

Esta solicitud a la agencia estaba basada en que la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, conocida como la Ley 22 de 2012, que luego fue incorporada al Código de Incentivos o Ley 60 de 2019, impone requisitos y responsabilidades a los inversionistas que se acogen a sus beneficios contributivos.