Edwin Mundo Ríos (alterno) y Vanessa Santo Domingo Cruz, comisionados electorales del PNP. Foto tomada de Facebook

Por Damaris Suárez | Centro de Periodismo Investigativo

A pesar de las promesas de enmendar el Código Electoral de 2020, el ciclo electoral inició con el estatuto prácticamente intacto debido a la falta de liderato y las luchas dentro del Partido Popular Democrático (PPD) así como a la renuencia del Partido Nuevo Progresista (PNP) a reducir su control sobre la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Aunque desde enero de 2021 se presentaron proyectos legislativos dirigidos a derogar o enmendar sustancialmente el nuevo Código Electoral aprobado por el PNP, ninguna de las medidas logró convertirse en ley debido a la oposición de ese partido a hacerle cambios trascendentales, aseguró José “Conny” Varela Fernández, presidente de la Comisión para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional Puertorriqueño y Asuntos Electorales de la Cámara de Representantes, así como más de una decena de fuentes consultadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

José “Conny” Varela Fernández, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, plantea que el propósito de cambiar el Código Electoral es evitar que se repitan las anomalías e irregularidades de las pasadas elecciones. Foto por Gerardo Moya | Cámara de Representantes

De igual manera, las luchas internas dentro del PPD, que preside tanto la Cámara de Representantes como el Senado, le impidieron cumplir con su promesa de campaña de cambiar el Código Electoral durante este cuatrienio. La Cámara de Representantes y el Senado se movieron cada uno por su lado.

Después de que el representante Varela Fernández trabajó por casi un año en un Proyecto Sustitutivo, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y su delegación presentaron en ese cuerpo legislativo un proyecto distinto el 27 de mayo de 2022.

Los cambios al Código que se proponían en la Cámara de Representantes fueron obstaculizados por decisiones de la presidencia del Senado, y por Ramón Torres y Jorge Colberg Toro como comisionados electorales, a quienes el entonces presidente del PPD les delegó proponer las enmiendas que se le harían al estatuto, según relataron al CPI fuentes involucradas en ese trámite.

Desde el Senado se buscaba un proyecto que consiguiera el endoso del PNP, y por lo tanto, la firma del Gobernador, y aunque no incluyera las enmiendas sustanciales prometidas a los electores, al menos le aseguraban algunos avances a los populares dentro de la CEE. El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, coincidía con esa estrategia, pero alega que no intervino en las decisiones de la comisión que trabajó la medida legislativa hasta el 2023, cuando entendió que había tranque en el proceso y se debían aprobar las enmiendas que eran viables.

La representación del PNP en la negociación que se dio en la Asamblea Legislativa para las enmiendas al Código Electoral no estuvo a cargo de ninguno de los miembros de los cuerpos legislativos, sino de Edwin Mundo Ríos, a quien el presidente del PNP, el gobernador Pedro Pierluisi, desde enero de 2021, le había encomendado la evaluación de posibles reformas y enmiendas al Código Electoral.

“Senté en la mesa a todos los partidos. Pero, te tengo que admitir que cuando iniciamos estas reuniones Edwin Mundo dijo que lo único que estaba dispuesto a cambiar era el horario de votación de los colegios y bajar la edad para el voto adelantado”, dijo Varela Fernández.

Mundo Ríos lo negó. “Eso no es correcto. Y la realidad es que se aceptaron un montón de enmiendas del PPD”, dijo.

El gobernador Pedro Pierluisi le delegó a Edwin Mundo Ríos trabajar con las posibles enmiendas al Código Electoral 2020. Foto tomada de Facebook

Según Mundo Ríos, en la Legislatura “nunca hubo ambiente” para lograr un consenso entre todos los partidos. “Te tengo que confesar, porque no yo solamente, todos nos atrincheramos en nuestras posiciones y esa es la realidad”.

El PPD podía aprobar una medida solo con los votos de su delegación, la del Partido Independentista Puertorriqueño(PIP), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Dignidad (PD). Aunque no necesitaba al PNP para aprobar el proyecto, sí necesitaba la firma del Gobernador para convertirlo en Ley, pues la Asamblea Legislativa no puede ir por encima de un veto de bolsillo. Y si fuera un veto expreso se necesitaría dos terceras partes con las que no cuentan las minorías legislativas.

Para la vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, el PPD perdió la oportunidad de lograr un proyecto de consenso para un nuevo Código Electoral. Por un lado en el Senado, se proponían enmiendas cosméticas, y en la Cámara bajo el liderato de Varela Fernández, se les presentó a las minorías lo que debía enmendarse, en lugar de partir desde cero para atender los defectos que, a su juicio, tiene el Código vigente, dijo Santiago.

“Insistimos con el representante Varela [Fernández], y en todos los foros, de que tenemos que sentarnos todos y empezar desde cero y no intentar poner parchos a una medida que tan mal había funcionado”, dijo la Senadora.

Finalmente, en junio de 2023 se aprobó un proyecto avalado por todas las delegaciones legislativas excepto la del PNP, pero que fue vetado por el Gobernador, Pedro Pierluisi, en acuerdo con el comité de conferencia de su partido.

“A última hora, a instancias de Jesús Manuel [Ortiz], sí se da una revisión en la que nosotros pudimos participar línea por línea, en la que logramos incorporar muchas de las cosas que nos parecían importantes. Pero ese proyecto tampoco prosperó. Y el resultado es que el Partido Popular ha avalado la permanencia del Código del PNP”, dijo la senadora Santiago.

La senadora María de Lourdes Santiago enfatizó en que se debe comenzar desde cero para cambiar el Código Electoral. Foto tomada de Facebook | Senado

Hasta ahora, la única enmienda que se ha hecho al Código Electoral es una firmada en enero de 2024 que añadió ​​que, a partir de la reunión mensual que tienen las comisiones locales para evaluar las transacciones de los electores y las defunciones notificadas por el Registro Demográfico, “los partidos políticos o los electores del precinto tendrán 10 días para presentar las solicitudes de recusaciones que entendieren procedentes”. La Ley 58-2020 no imponía un término. El proyecto fue presentado por Dalmau Santiago y por el portavoz del PNP en el Senado, Thomas Rivera Schatz.

La Junta de Control Fiscal fue un factor de peso

La Comisión para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional y Asuntos Electorales, presidida por Varela Fernández, discutió dos proyectos: uno que buscaba derogar el Código Electoral y crear uno nuevo (P. de la C. 4); y otro que solo proponía enmiendas (P. de la C. 114). En septiembre de 2021, la Comisión presentó un informe para un Proyecto Sustitutivo, que recogía propuestas de ambas medidas.

En el ínterin, Dalmau presentó su proyecto 909 y el Senado lo aprobó. La comisión cameral también lo atendió como parte del Proyecto Sustitutivo que se había quedado sin aprobar.

“Mundo optó por trabajar en el Senado otra medida [PS 909] para enmendar el Código”, dijo Varela Fernández.

La participación de Torres y Colberg Toro, comisionado del PPD en propiedad y comisionado alterno en ese momento, fue determinante para que avanzara esa legislación con apoyo PNP-PPD presentada en el Senado, aseguraron al menos cuatro fuentes de partidos políticos diferentes.

“Abiertamente, estaban a favor de varias enmiendas cosméticas que trabajaron entre ambos partidos. Y sí, fue medular la participación de Colberg Toro y Torres para la negociación de esas enmiendas en el Senado contenidas en el Proyecto 909. Esa es la impresión que yo he tenido a través de los trabajos de la Comisión de Gobierno del Senado sobre la medida”, dijo al CPI la senadora del PIP.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, flanqueado por Jorge Colberg Toro, izquierda, y Ramón Torres, los comisionados electorales del PPD. Foto tomada de X (Twitter)

De acuerdo con el secretario y comisionado electoral alterno del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, el liderato del PNP inicialmente solo apoyaba cambios que ampliaran el voto adelantado. Mientras que el resto de los partidos políticos, dijo, buscaban perfeccionar el proceso y las modalidades del voto adelantado para evitar posibilidad de fraude e irregularidades que se imputaron en los eventos electorales de 2020.

“Nunca tuvieron [el PNP] voluntad de modificar y ni tan siquiera sentarse a discutir cambios en esa legislación, en las áreas críticas que pusieron en vergüenza a la Comisión [Estatal de Elecciones] en la última jornada electoral [de 2020]”, dijo Cruz.

Cruz confirmó que Mundo Ríos y Colberg Toro lideraron las discusiones de los asuntos que debían ser modificados en los proyectos legislativos.

Dalmau no quiso ser entrevistado por el CPI y refirió las preguntas a Colberg Toro por ser la persona que designó para trabajar las enmiendas al Código durante su presidencia.

Colberg Toro dijo al CPI que decidieron trabajar un proyecto distinto al de la Cámara porque entendieron que ese proyecto no pasaría el cedazo de la Junta de Control Fiscal (JCF). Aseguró que el proyecto no atendía las disposiciones de los planes fiscales emitidos por la JCF, que ordenaban recortes anuales de un 32% del presupuesto de la CEE, la eliminación de sobre 300 plazas y la consolidación de las Juntas de Inscripción Permanentes para una reducción operacional.

“Cuando se rinde el primer informe [del proyecto de la Cámara], nosotros hicimos un análisis y entendimos que lo que estaba planteando la Cámara, o por lo menos la Comisión [de Asuntos Electorales] en aquel momento, era restituir el sistema anterior que incumplía con el plan fiscal, particularmente porque ordenaba restituir todas las plazas que elimina el plan fiscal, o sea, los $8.5 millones de recorte que ordenaba la Junta dos años antes”, sostuvo Colberg Toro.

Rechazó que no haya habido diálogo con los partidos minoritarios. Aseguró que junto a Torres se reunió individualmente con los comisionados del PIP, MVC y el PD para iniciar el proceso, y las minorías optaron por no participar.

Pero María de Lourdes Santiago, la vicepresidenta del PIP, y el coordinador general de MVC, Manuel Natal, quien aspira a la alcaldía de San Juan, rechazaron que en ese proceso los partidos principales invitaran a la mesa a todos los partidos para trabajar un proyecto de consenso.

“En la CEE solo hubo una reunión en la que estábamos todos los comisionados y el PNP se levantó de la mesa porque no querían discutir las enmiendas, sino que los comisionados electorales le entregáramos las enmiendas para ver si se integraban o no. No quisieron tener esa discusión y sentarse a trabajar en conjunto las enmiendas. Después de esa reunión comenzaron a negociar aparte Edwin Mundo y Jorge Colberg”, dijo al CPI la comisionada electoral de MVC, Lillian Aponte Dones.

Por su parte, el comisionado electoral de PD, Nelson Rosario Rodríguez, dijo que la falta de acuerdos se debió al vacío de liderato en el PPD bajo la presidencia de Dalmau.

Nelson Rosario Rodríguez, comisionado electoral del Proyecto Dignidad.
Foto tomada de Facebook

“Por las pugnas e indecisiones [del PPD] no había con quién cerrar el negocio”, dijo Rosario Rodríguez.

Por su parte, la Senadora del PIP explicó que en el proceso imperó un rechazo del PNP y PPD a enmendar el Código para darles participación igualitaria en la CEE a los partidos minoritarios bajo el fundamento de la falta de fondos.

“Si lo que hay para repartir es $5, es un peso para cada uno [de los partidos]. Pero la matemática no puede ser, son 5 pesos, $3.50 para los PNP y $1.50 para los populares o viceversa. Pero es que esa no puede ser la lógica. Nosotros no pedíamos más. Con lo que haya, que haya un proceso equitativo de participación y fiscal”, indicó Santiago.

Para Colberg Toro “el [Proyecto del Senado] 909 corregía todas las deficiencias que pudimos impulsar, incluyendo aquellas que los partidos de minoría pidieron, como lo era regular el voto adelantado de una manera justa. Pero decir que nosotros discriminamos a la minoría… Las minorías sencillamente no quisieron participar porque están pidiendo cosas irrazonables”.

Negó alegaciones de fuentes dentro de su partido que le dijeron al CPI que él aceptó prácticamente todas las enmiendas del PNP. Colberg Toro rechazó que se intente cuestionar su lealtad al PPD. “Hay gente disparatera que no tienen idea de lo que pasó”, dijo.

Por su parte, Mundo Ríos coincidió con Colberg Toro en catalogar de inviables algunas enmiendas presentadas por las minorías. Señaló, por ejemplo, que el MVC condicionó el diálogo a que se incluyeran los conceptos de segunda vuelta electoral y las candidaturas coaligadas, lo que para Mundo Ríos no era viable bajo el escenario político actual. Esta afirmación fue rechazada por la comisionada electoral de MVC, que dijo que, si bien es cierto que apoyaban ambos asuntos, nunca se condicionó el diálogo. Aponte Dones dijo que el MVC proponía además restablecer el balance electoral en la CEE, una mayor fiscalización en las modalidades de voto ausente y adelantado y democratizar la manera en que se elige la Presidencia de la CEE, entre otras enmiendas.

Lillian Aponte Dones, comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana. Foto tomada de Facebook

A juicio de Mundo Ríos, mientras Colberg Toro y Torres representaron al PPD en la CEE había mayor apertura, en contraste con el secretario y comisionado electoral alterno de ese partido, Gerardo “Toñito” Cruz.

“El proyecto radicado por Dalmau era más afín a lo que se podía conseguir y nosotros coincidimos en el 90%. Los otros tres partidos no coincidían porque ellos seguían atrincherados en la doble vuelta, coaligados, y esos asuntos [que no aprobaba ni el PNP ni el PPD] por lo que se quedaron fuera de la discusión“, sostuvo Mundo en referencia al proyecto del Senado 909.

En la discusión legislativa del Proyecto Sustitutivo (del P. de la C. 4 y 114, así como el P. del S. 909) se incluyeron enmiendas al Código Electoral que finalmente abortaron el apoyo novoprogresista. Esa fue la versión legislativa lograda tras la elección del representante Jesús Manuel Ortiz como presidente del PPD, aprobada por Cámara y Senado en junio de 2023 con el voto a favor de las delegaciones del PPD, MVC, PIP y PD, junto a los legisladores independientes Luis Raúl Torres y José Vargas Vidot.

La delegación novoprogresista votó en contra y la Conferencia Legislativa del PNP le solicitó al gobernador Pedro Pierluisi que vetara las enmiendas. Y así lo hizo el Primer Ejecutivo, quien le dio un veto de bolsillo en agosto de 2023.

Pierluisi, quien preside el PNP y busca la reelección, no firmó la medida alegadamente porque no bajaba a 60 años la edad mínima para solicitar el voto adelantado e impedía al presidente de la CEE aumentar las categorías de electores elegibles a ese tipo de voto, ya que solo podían ser ampliadas por decisión unánime de los comisionados. El Código Electoral vigente establece 80 años como la edad mínima para solicitar ese tipo de voto.

Lo que no consiguió el PNP por medio de legislación, lo logró con una resolución de la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, quien en febrero de este año resolvió que los electores de 60 años o más pueden pedir votar por correo antes del 5 de noviembre, día en que se celebrarán las elecciones generales.

Intentos después del veto

Ortiz criticó el veto del Gobernador y le recordó a Hernández Montañez que la posición institucional del PPD sobre las enmiendas al Código Electoral estaba recogida en el proyecto vetado por Pierluisi.

La advertencia la dio porque luego de que Pierluisi no firmó la legislación, el presidente de la Cámara de Representantes negoció con Mundo Ríos retomar el Proyecto del Senado 909 como se presentó originalmente sin las enmiendas aprobadas por la Legislatura, confirmaron al menos cuatro fuentes del PPD.

A pesar de la directriz de Ortiz, el Presidente de la Cámara presentó el Proyecto 1822, lo bajó por descargue y se aprobó en ese cuerpo legislativo el 21 de agosto de 2023, que era el primer día de la Sesión Legislativa, con el voto de otros 13 populares.

Tras la aprobación de su proyecto, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, fue sancionado por el presidente del PPD. Foto por Gabriel López Albarrán | Centro de Periodismo Investigativo

En entrevista con el CPI, Hernández Montañez reconoció que el proyecto 1822 fue prácticamente una copia del proyecto del Senado 909, originalmente presentado por Dalmau, con algunas enmiendas adicionales. Dijo que lo hizo porque entendía que eran las únicas enmiendas acordadas con el PNP con posibilidad de aprobación.

Esta movida provocó que el presidente del PPD sancionara a esos legisladores. Pero una semana después se dejaron sin efecto las sanciones para llegar a un acuerdo con los presidentes de Cámara y Senado mediante el cual la Cámara sólo concurriría con el proyecto si el Senado incluía enmiendas producto de acuerdos con el presidente de la colectividad.

Ortiz creó un grupo de trabajo para incluir enmiendas y el 25 de septiembre de 2023 las refirió al Senado. No obstante, los miembros del PNP, incluyendo al Gobernador, expresaron que era tarde para enmendar el Código. El proyecto, referido a la Comisión de Reglas y Calendario del Senado, nunca bajó a votación porque el PPD, que controla ese cuerpo, tampoco lo movió.

Se lavan las manos

El presidente de la Cámara le adjudicó a su homólogo en el Senado la responsabilidad de que no se hicieran cambios al Código Electoral porque incumplió su compromiso de bajar para aprobación el Proyecto 909 unos días antes de la elección especial que, en mayo de 2023, colocó a Ortiz en la presidencia del PPD. Los líderes legislativos sabían que Ortiz no respaldaría el proyecto negociado con el PNP.

El nuevo presidente del PPD optó por detener el trámite legislativo para mostrar un contraste político con su antecesor en la presidencia popular y separarse así de las enmiendas acordadas con el PNP, analizó Hernández Montañez.

“El PNP de antemano sabía que iba a poder hacer la jugada de lo que ellos querían sin necesidad de legislación y el Partido Popular perdió la oportunidad de estar en igualdad de condiciones con el PNP con esas enmiendas pragmáticas”, dijo Hernández al CPI.

Mundo Ríos coincidió en que la salida de Dalmau de la presidencia del PPD detuvo el proceso porque Ortiz nombró a Gerardo Cruz como secretario y comisionado alterno de esa colectividad. Cruz se opuso a mantener en el proyecto sólo las enmiendas que habían sido acordadas con el PNP. Según Mundo Ríos, esa fue la razón por lo que el Gobernador vetó la legislación.

“Ese proyecto limitaba los poderes del presidente de la CEE, limitaba la edad para votar adelantado y un sinnúmero de enmiendas que yo las llamo píldoras venenosas para obligar al Gobernador a vetarlo, distinto al proyecto de Dalmau”, dijo el actual director de campaña primarista de Pierluisi.

Mundo Ríos dijo que Ortiz incluyó enmiendas que sabía que el Gobernador vetaría como una estrategia política para congraciarse con los partidos minoritarios. Lamentó que por hacer que Pierluisi luciera “mal” se echó por la borda la posibilidad de un proyecto de consenso que para él era lo ideal.

Ya al mando del PPD, Jesús Manuel Ortiz detiene los trámites legislativos relacionados al Código Electoral para eventualmente enviar las propuestas del partido. Foto por Tammy Olivencia | Cámara de Representantes

“Nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo, a buscar consenso de las cosas que podemos aprobar entre todos, pero las unilaterales que no le convienen al PNP no las vamos a aprobar”, sostuvo.

“Nosotros [en ese momento] seguimos discutiendo enmiendas con el PPD y aceptamos montones de enmiendas del PPD. En el proyecto de Tatito [Hernández Montañez], igual se incluyeron enmiendas que nosotros no estábamos de acuerdo, pero como para que se aprobara había que aceptar cosas de Tatito, se incluyeron. No es porque nosotros no quisiéramos soltar el poder, es que nosotros no estábamos dispuestos a dos cosas: partidos coaligados y la doble vuelta. No estábamos dispuestos”, indicó Mundo Ríos.

Ni segundas vueltas, ni referéndum revocatorio ni limitaciones a los términos de los alcaldes

Durante este cuatrienio tampoco tuvieron éxito medidas que proponían establecer una segunda vuelta electoral, efectuar un referéndum revocatorio, la unicameralidad, aumentar a seis años el término de la gobernación, separar fecha de elección del gobernador y los legisladores, y auscultar la posibilidad de permitir representación proporcional de los partidos en la Asamblea Legislativa, entre otras.

Ninguna de estas medidas, que requieren enmiendas constitucionales, fueron aprobadas. Tampoco han sido considerados otros proyectos para permitir las alianzas políticas o partidos coaligados, establecer límite de tres términos a los alcaldes ni otra para crear una comisión especial que examinara en detalle el funcionamiento de los procesos electorales y de la CEE con el fin de hacer recomendaciones de cambios al Código.

“Estamos transitando a un Puerto Rico con más opciones políticas. Esto va a requerir mirar la legislación electoral en otros aspectos, que de ordinario no están contemplados en nuestra legislación”, dijo Cruz.

“Debemos discutir y examinar el concepto de segundas vueltas, así como la deseabilidad de que partidos políticos puedan comparecer con acuerdos especiales en una misma papeleta. Hoy no tengo la contestación. Pero no hay duda de que son temas que deben ser discutidos con el mayor desprendimiento para beneficio de un país que se precia vivir en una democracia”, añadió el actual comisionado electoral alterno del PPD, en contraste con la posición expresada por Colberg Toro sobre estos asuntos, que llamó “cosas irrazonables”.