Por Luisa García Pelatti
El Centro para una Nueva Economía (CNE) ha analizado el proyecto HR 5278 de acuerdo a seis principios de política pública. Según esa evaluación, el proyecto cumple con uno de esos principios; cumple parcialmente con otro; y no cumple con tres de esos principios básicos. Por lo tanto, el CNE, aunque no se opondrá al HR 5278 no lo endosa.
“Lamentablemente, luego de analizar el proyecto HR 5278 –y aunque reconocemos que se ha hecho mucho trabajo para lograr un proyecto que cuente con apoyo bipartita– tenemos que decir que no podemos endosar el proyecto”, señaló Miguel A. Soto Class, presidente del CNE.
- Cualquier junta federal tiene que respetar las instituciones y procesos políticos de Puerto Rico. El HR 5278 no cumple este principio. El proyecto le otorga a la junta de control fiscal poderes que exceden los necesarios para ejecutar una función de monitoreo y supervisión fiscal. La junta será una entidad del gobierno de Puerto Rico pagada con fondos públicos de Puerto Rico, pero no estará sujeta al control o la supervisión de funcionarios locales; podrá forzar la ejecución de recomendaciones que hayan sido rechazadas por el Gobernador o la Legislatura de Puerto Rico; podrá prohibir la ejecución de ciertas leyes, reglamentos, órdenes o contratos; podrá requerir la ejecución de medidas de privatización y comercialización de actividades gubernamentales; y de manejo de los fondos de pensiones de los empleados públicos.
- La decisión final sobre impuestos y gasto público debe residir con los oficiales democráticamente electos de Puerto Rico que deben actuar de manera transparente y rendir cuentas. No se cumple este principio. La Junta prácticamente toma control de las instituciones fiscales de Puerto Rico; puede desarrollar el presupuesto del gobierno y recortar gastos a costa de la prestación de algunos servicios públicos.
- Los procesos para reestructurar la deuda debe tratar a las partes de forma justa y equitativa. Deben proveer un camino claro y viable para que se produzca un alivio significativo en el pago de la deuda. No se cumple este principio. Aunque el HR 5278 representa progreso sobre el proyecto anterior, los procesos de reestructuración todavía son demasiado complicados y no proveen un camino viable que desemboque en alivio a la deuda. Crea un proceso complejo de clasificación de acreedores; contempla un periodo muy corto de aplazamiento de litigios (el riesgo es que no se llegue a un acuerdo antes del 15 de febrero y los acreedores podrán ir directamente a los tribunales); y crea una segunda capa de requisitos al nivel de la junta de control para que se pueda acceder a un proceso de reestructuración supervisado por la corte.
- Ninguna clase de deuda debe ser excluida del proceso de reestructuración. El proyecto sí cumple este requisito. La medida incluye los Bonos de Obligaciones Generales y Cofina, pero respeta la jerarquía de sus reclamos.
- Se debe crear un grupo de trabajo congresional sobre crecimiento económico. Este principios se cumple parcialmente. El HR 5278 crea un “Task Force” de crecimiento económico, sin embargo, no le asigna fondos y solo tiene una vida muy corta. Además, excluye del proceso de consulta a entidades no gubernamentales y de la sociedad civil.
- Si el Congreso no puede actuar, debería autorizar expresamente que Puerto Rico legisle su propio marco para reestructurar la deuda. Puerto Rico se encuentra en un limbo legal en cuanto a cómo reestructurar la deuda.
Como resultado de este análisis el CNE se cuestionó: ¿Se debe aceptar cualquier cosa para tener un beneficio económico? ¿De qué sirve tomar una postura digna si la gente va a sufrir? “Este proyecto le impone a Puerto Rico un costo muy alto a cambio de un beneficio muy incierto. Nos obliga a canjear la facultad de tomar decisiones sobre nuestra propia gestión pública a cambio de acceder a un proceso que –luego de sortear más de 45 requisitos, pasos y niveles distintos– pudiera permitirnos quizás acceder a la posibilidad de que un tribunal acceda (o no) a autorizarnos a reestructurar alguna parte de nuestra deuda”. Sergio Marxuach, director de política pública del CNE, ve muy difícil que este proyecto vaya a funcionar porque no se podrá implementar.
Además, si bien Puerto Rico necesita controles fiscales fuertes, “esos controles tienen que salir de unas instituciones locales y una cultura fiscal transformada. De nada vale que se imponga una junta de control fuerte que cuadre la chequera pero que, una vez terminado su mandato, nos deje las mismas instituciones gubernamentales y fiscales que nos han metido en este atolladero. Puerto Rico necesita transformaciones duraderas y a largo plazo”.
Durante sus reuniones en Washington, el CNE pudo comprobar que el gobierno de EEUU, y en particular el Congreso, no funciona como un cuerpo que decide las cosas basadas en su mérito. Es un cuerpo donde los intereses, los cabilderos y el dinero deciden lo que va a suceder. “Demuestra que el proceso que se llevó a cabo no fue necesariamente uno en el que tenían los mejores interés de Puerto Rico en mente” y que al Congreso y a la Reserva Federal lo único que le interesa es evitar el incumplimiento de pagos.
“Esta no es una decisión fácil ni para mí ni para el CNE. Sin embargo, el momento requiere que lo enfrentemos con los ojos abiertos. Aquellos que plantean que nuestros funcionarios electos han sido incapaces de lograr el cambio que Puerto Rico necesita tienen razón. Sin embargo, la respuesta no es una junta de control con otros funcionarios políticos de fuera de Puerto Rico porque esto terminará por atrofiar aún más nuestras corrompidas instituciones económicas y fiscales. Lo que Puerto Rico necesita es una nueva infraestructura cívica, con instituciones nuevas e individuos y organizaciones que puedan lograr las transformaciones institucionales que necesitamos de cara al futuro”, comentó Soto Class.
